Desde el pasado 13 de junio, Ecuador vive un Paro Nacional Indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), movimientos sociales y el pueblo en general, en la esperanza de que el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza atienda sus demandas económicas y sociales, que desde hace un año han sido desoídas; lamentablemente, en estos diez días de paro han ocurrido hechos violentos que han dejado 2 manifestantes asesinados, 79 personas detenidas, 39 violaciones a los Derechos Humanos, 3 desaparecidos y 23 policías retenidos dio a conocer Human Rigths Internacional.
Las demandas presentadas giran en torno a la reducción y no más subida de los precios de los combustibles, alivio económico para más de 4 millones de familias que se endeudaron con la banca, precios justos a los productos del campo, empleo y derechos laborales, no la ampliación a la frontera extractivista petrolera-minera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, control de precios y especulación de los productos de primera necesidad, mayor presupuesto para la educación y salud, y políticas de seguridad para la población.
El paro tuvo eco en todo el país a lo largo de estos días. A la convocatoria de la Conaie se han ido sumando varias ciudades de casi toda la geografía ecuatoriana. Entre las causas que detonaron esta adhesión fue la detención del líder de la Conaie, Leonidas Iza Salazar, la militarización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), hecho que se da tras 42 años cuando Ecuador vivía en dictadura; el asedio e ingreso ilegal de la Policía a varios centros educativos universitarios como la Universidad Estatal de Cuenca, Universidad Central de Ecuador (UCE), Pontificia Universidad Católica (PUCE) y la Escuela Politécnica Nacional.
Esta acción gubernamental respondió a la intención de evitar que los miles de indígenas que llegaron a Quito desde diferentes lugares del país, tengan un sitio de acogida y descanso. No obstante, la Politécnica Salesiana y la Universidad Central ya abrieron sus instalaciones al indigenado, en un evidente desafío al gobierno de Lasso.
El paro es notoriamente masivo y nacional, cuenta con la presencia de miles de movilizados. La violencia de parte de la Policía y del Ejército deja dos fallecidos en las filas de los manifestantes. A propósito la ciudadanía denunció la represión brutal por parte de la fuerza pública que dispararon al cuerpo bombas y perdigones. Además, la errática conducción de esta crisis por parte del gobierno, la misma que ha sido censurada por muchos analistas que en vez de calmar los ánimos ha “echado más leña al fuego”.
Al momento, las carreteras ecuatorianas y calles de las ciudades se encuentran completamente interrumpidas por barricadas de diversa índole y los protestantes; la actividad comercial está colapsada; los estudiantes, trabajadores públicos y privados volvieron al teletrabajo.
En varios escenarios se discuten las salidas a esta coyuntura política. Algunos apuntan a la renuncia digna de Lasso; otros consideran que la Asamblea Nacional debería decretar la “muerte cruzada”, un recurso constitucional que manda a la casa a los altos miembros del poder ejecutivo y legislativo y se convoca a elecciones generales; la revocatoria del mandato que está en marcha, al momento los líderes de esta propuesta ya solicitaron al Consejo Nacional Electoral los formularios para recoger firmas, que deben sobrepasar los tres millones. Y por último la destitución por parte de la Asamblea, establecida en la Constitución en el Art.130, que requiere 92 votos de 134 asambleístas.
Reacciones
Evo Morales, ex presidente de Bolivia trinó “Denunciamos ante el mundo que en Ecuador se ejecuta una represión armada de militares y policías en contra de hermanos indígenas que luchan por los derechos de un pueblo indefenso que resiste las políticas neoliberales de hambre y miseria ¡No disparen contra el pueblo!”.
Ante la invasión policial a la CCE, su Junta Plenaria dio a conocer a través de un comunicado público su posición, en su parte central manifiesta “rechazamos categóricamente la acción de fuerzas represivas, por cuanto constituye un atropello a la primera institución cultural del país, a su autonomía, a los pueblos y nacionalidades indígenas, a los artistas, a los trabajadores de la cultura, a los gestores culturales y ciudadanía en general, por lo que se declaran en resistencia y vigilia permanente”. Había que agregar que sus autoridades presentaron una denuncia ante la UNESCO este atropello a su autonomía y violación de los derechos humanos.
La Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), denunció que miembros de la policía, ingresaron sin autorización al campus de la PUCE Sede Matriz Quito. La Policía desmintió y dijo que ingresaron con la autorización del sistema de seguridad del centro universitario.
El dirigente estudiantil, Pablo Rodríguez de la UCE informó que abrieron las puertas de la universidad para recibir a “nuestros hermanos indígenas” de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza. Esto luego de derribar las puertas principales de la Universidad, por parte de estudiantes a fin de exigir a las autoridades que el centro de estudios sea considerado como un lugar de paz y acogida.
La Escuela Politécnica Nacional, de su parte, rechazó enfáticamente la irrupción inconstitucional e ilegal a sus predios por parte de la Policía Nacional, quienes, con amenazas y mentiras, el 20 de junio de 2022, lograron amedrentar al personal de la guardianía, hasta acceder al campus.
El Pacto por la Niñez y la Adolescencia, en su compromiso por la defensa de los niños, niñas y adolescente expresó su preocupación por la grave crisis política, económica, social y ética, que se vive en el país. Por eso, conminaron a todos los sectores sociales y políticos en el manejo de esta dolorosa crisis que atraviesan niñas, niños, adolescentes y familias, a encontrar las mejores soluciones en el marco de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. Acabamos de conmemorar los 200 años de la independencia, pero las injusticias y el racismo continúan en varios sectores.
La Politécnica Salesiana, decidió albergar en su campus a los manifestantes. Los estudiantes de medicina y docentes ofrecieron su contingente para ayudar a los movilizados que sufren diversos problemas de salud.
Parte de la ciudadanía ha repudiado la presencia de los indígenas en las principales ciudades del país, a través de consignas: ¡que dejen de protestar y que se vayan a trabajar! La dirigencia indígena contestó “esto es lo que hemos hecho desde hace 500 años, desde las 5 de la mañana, 365 días al año. Por lo que no pudimos estudiar”.
GOBIERNO NACIONAL SE PRONUNCIA
Guillermo Lasso denunció que el movimiento indígena, desde hace una semana impulsa protestas antigubernamentales con la aspiración de “botarle” del poder.
Agregó que para garantizar la paz y atender las demandas de los ciudadanos que marchan, hemos decretado ocho medidas que contribuyan al desarrollo y bienestar de los ecuatorianos: aumentar el bono de desarrollo de USD 50,00 a 55,00; declarar en emergencia el área de la salud; se duplicará el presupuesto de la educación bilingüe; subsidio en un 50% del precio de la úrea; condonación de deudas de hasta USD 3 mil por parte de Banecuador; créditos agrícolas de hasta USD 5 mil hasta 30 años plazo; no alza de los precios del diésel, gasolina extra, gas; no habrá privatización de los servicios públicos y sectores estratégicos.
El ministro de Defensa Luis Lara, en una rueda de prensa, aseveró que la protesta es financiada por el narcotráfico y el crimen organizado. Analistas políticos y juristas replicaron que afirmar esto es llevar el asunto al ámbito penal; por lo que le conminaron a que presente las pruebas debidas en la Fiscalía, además sostuvieron que estas declaraciones impiden cualquier posibilidad de un diálogo, entre las partes en conflicto.
Finalmente, medios de comunicación denunciaron que han sufrido 75 agresiones por los actores en el conflicto. Sobre todo los alternativos que fueron atacados por la Policía ya que, al parecer, su relato no le favorece al gobierno de Lasso. Ellos se han unido y han alertado a la comunidad internacional estos hechos censurables.
Se avizora, el día de hoy, una posibilidad de un diálogo entre las partes en conflicto.
