BOLIVIA REGRESA A ELECCIONES EL 18 DE OCTUBRE

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- Evo Morales estuvo cerca de 14 años en el poder en Bolivia.

Aproximadamente 7’ 332. 925 bolivianos estarían  habilitados para sufragar el próximo domingo 18 de octubre. De ellos 301.631 lo harían allende de sus fronteras en los diferentes consulados acreditados para ello. En estos comicios los bolivianos elegirán  presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales.

El pueblo boliviano regresa a las urnas el próximo 18 de octubre

Según la Ley de Régimen Electoral, para proclamar presidente y vicepresidente, el candidato deberá obtener más del 50% de los votos válidos emitidos, o en su defecto un mínimo del 40% de esos votos y una diferencia de al menos el 10% sobre la segunda candidatura más votado. En caso de que esto no suceda,  habrá segunda vuelta el próximo 29 de noviembre de 2020, que sería la primera vez que ocurre, este hecho, en la historia del país andino.

Estas elecciones se realizan para sustituir al ex presidente Evo Morales, quien fue objeto de un golpe de Estado en los comicios llevados en octubre de 2019, que fueron desconocidos por sus opositores políticos, quienes le acusaron de fraude electoral. Carlos Mesa, fue uno de los candidatos  que más elevó su protesta en contra de Morales, sumándose Fernando Camacho, que desconocieron  los  resultados de dichas elecciones.

A esto se sumó un sector de la población opositora al ex mandatario Morales, que protagonizó fuertes sonadas callejeras dejando  como saldo negativo decenas de  fallecidos. A la par, salieron a defender a Evo Morales sus adherentes lo que trajo consigo enfrentamientos graves entre los dos bandos.

Posteriormente, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas le “sugirieron” al ex mandatario Morales que dejara el cargo para pacificar el país, sugerencia que fue aceptada. A la vez, Morales dio a conocer a la comunidad internacional que  había sido víctima de un golpe de Estado.

El Congreso, de su parte,  aceptó la renuncia del Morales y asumió al poder como Presidenta Interina, Jeanine Áñez, tras una serie de inconvenientes legales. Áñez se desempeñaba como vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

Áñez prometió, una vez en el poder, que se realizarán nuevas elecciones, pero no señaló una fecha definitiva. Luego de varios anuncios y tres postergaciones, finalmente, las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo. Además, anunció que no permitirá que Evo Morales o Álvaro García, este último, ex vicepresidente de Bolivia, se postulen para la reelección en el 2020.

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), en las elecciones de 2019 hubo irregularidades y se tenía que llevar nuevas elecciones con un nuevo órgano electoral, a esta petición se sumó los Estados Unidos y Perú. Pronunciamiento que ha sido desvirtuado por otras organizaciones regionales.

Hoy en día, las elecciones se presentan en medio de la una de las más graves crisis sociales, políticas y de derechos humanos de la historia boliviana reciente; toda vez que  este último año deja un saldo de 35 personas muertas y 800 heridas, además cientos de denuncias de detenciones arbitrarias y torturas, entre varias violaciones de derechos humanos. A esto habría que agregar la pandemia por el COVID-19.

Para estos comicios se han inscrito 7 binomios. De los cuales, los que  lideran la intención del voto son  Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), del partido del expresidente Evo Morales, le sigue el ex presidente boliviano, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, de tendencia de derecha.

En estos días, ha habido denuncias por parte del candidato del MAS, Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales, que ha manifestado que existen presiones para que se bajen las candidaturas opositoras del MAS, para no dispersar el voto y unirse en torno a Mesa para  evitar el retorno del partido político del ex mandatario Morales. El candidato Fernando Camacho se ha negado a participar en esta estrategia ya que según él, tiene el apoyo suficiente para ganar a Luis Arce.

La semana pasada, se abrió una demanda judicial, por parte del gobierno de Áñez en contra de Luis Arce,   en la que se le acusa de “enriquecimiento ilícito”, cuando fue titular del ministerio de Economía, en el gobierno de Morales.

Además, el Estado boliviano le ha denunciado a Evo Morales en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por “actos inhumanos” por los daños provocados por sus seguidores, durante 12 días de bloqueos de carreteras, en agosto de este año.

A decir de los líderes de esta tendencia política estas acciones se inscriben en la persecución política e intento de proscripción del MAS de las escena electoral, de la cual son víctimas por parte del gobierno de facto de Áñez, quien abiertamente apoya al candidato Carlos Mesa.

Evo Morales, de su parte, insiste en denunciar a la OEA por mantener a sus representantes en Bolivia reuniéndose con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para posiblemente manipular los resultados de las elecciones. Toda vez que en todas las encuestas el candidato del MAS gana.

La organización de tendencia de derecha, Human Rights Watch, señaló que la mandataria  de facto, Jeanine Áñez,  usa la justicia para perseguir políticamente al ex presidente Morales y su partido político.

Este último año, ha sido calificado como turbulento por los analistas políticos, en razón de la grave polarización de la sociedad boliviana y sus enfrentamientos continuos.  Se añadiría a  esta descripción el efecto de la pandemia producida por el COVID-19, caracterizada por un débil sistema de salud evidenciado en un equipamiento médico deficiente, protestas y paros del personal sanitario reclamando por  falta de protección, imágenes del colapso de hospitales, funerarias y cementerios; así como acusaciones de corrupción en la adquisición del equipamiento pertinente.

Prácticamente, un  panorama muy similar a lo que ocurre en Ecuador en todos los aspectos: persecución política al ex mandatario Rafael Correa Delgado, proscripción política de su movimiento y corrupción generalizada. En definitiva, desesperanza, confusión e indignación, enraizada, en gran parte de la sociedad ecuatoriana.

En Bolivia, Amnistía Internacional ha documentado una historia de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, como los hechos ocurridos de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto, donde los testimonios y evidencias que se han recogido demuestran indicios del uso desproporcionado de la fuerza  por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ataques y amenazas a  periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, así como hostigamiento a políticos opositores.

Tal cual está ocurriendo en Ecuador, que en octubre del año pasado, en el estallido social por la eliminación de subsidios a la gasolina, el pueblo fue violentamente reprimido, dejando un saldo de 11 fallecidos, 12 personas sin un ojo, cientos de heridos y cientos de encarcelados. Hasta la actualidad, decenas de políticos de oposición están siendo perseguidos judicialmente, otros optaron por buscar asilo político en México. Todo esto dirigido por el gobierno de Lenin Moreno Garcés.

Bolivia y Ecuador viven una dictadura volcada a la restauración neoliberal y concentrada en aniquilar a la oposición progresista y la persecución política a sus líderes. Está muy  claro que el neoliberalismo ha traído a los dos países recesión económica, desempleo e inseguridad.

Por otra parte, los comicios bolivianos contarán con la presencia de Misiones de Observadores Electorales como de la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, la OEA y la Internacional Progresista (IP).

A propósito la IP estará una semana en Bolivia para “Contribuir a la transparencia del proceso electoral y ayudar a asegurar su credibilidad. La Internacional Progresista- con sus miembros y asociadxs en toda América Latina y el mundo- está particularmente preocupada por la integridad de las elecciones presidenciales en Bolivia, dado que cualquier inestabilidad política resultante podría perjudicar drásticamente la salud del pueblo durante la pandemia”.

De su parte, la OEA fue muy criticada por su papel en el golpe de Estado, en el que el presidente Evo Morales fue destituido inconstitucionalmente de su cargo tras su victoria en la primera ronda de las elecciones presidenciales.

Por último, amerita informar que además de Arce, Mesa y Camacho, el 18 de octubre pugnarán por la presidencia Jorge Quiroga, María de la Cruz Bayá, Feliciano Mamani y Chi Hyub Chung.

 

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periodista profesional ecuatoriana graduada en la Universidad Central de Ecuador. Tiene una amplia experiencia en Comunicación Institucional. Ahora ha incursionado en el periodismo con la misma vocación y empeño que lo hizo como Relacionadora Pública de importantes instituciones y personajes de nuestro país. Muy interesada en los acontecimientos políticos, culturales, sociales e históricos que se suceden en el día a día en Ecuador, se permite trasladar a ustedes el pensamiento, sentir y hechos de nuestro país Ecuador, para que los hermanos latinoamericanos estén oportunamente informados y motivados a para seguir adelante en la construcción de la Patria Grande.

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