EX VICEPRESIDENTE DE ECUADOR, JORGE GLAS, RECIBE VISITA DE VEEDURÍA INTERNACIONAL

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El diputado chileno Hugo Gutiérrez  y su asesor Rubén Jeréz llegaron  a Ecuador para visitar a Jorge Glas Espinel, ex Vicepresidente de Ecuador, quien  se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito.

Jorge Glas ex vicepresidente de Ecuador se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito- Ecuador..

A decir de los abogados chilenos, el objetivo de esta visita es conocer de cerca el proceso jurídico que llevó a Glas a ser  privado de su libertad; toda vez que su detención apunta a  ser una forma de persecución política según denuncias que se han dado a nivel local e internacional por parte de juristas, políticos e inclusive activistas de Derechos Humanos.

En Ecuador, se ha conformado la Coordinadora de Solidaridad de Jorge Glas liderada por  Alfredo Vera, agrupación que aspira que se establezca, con claridad, la situación legal y el estado de salud del ex vicepresidente Glas; por lo que han cruzado invitaciones a varias personalidades internacionales comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos.

Entre las posibles personalidades que visitarán a Ecuador, en las próximas semanas, constan los nombres de Piedad Córdova de Colombia, José Mujica de Uruguay, Luis Romero, Atilio Borón  y Adolfo Pérez de Argentina, Erick Rodríguez de Venezuela y Patricio Meri de Chile.

En tanto,  el diputado  Hugo Gutiérrez, en declaraciones a la prensa, aseguró que una vez revisado el expediente de Glas concluyó que él está condenado por un delito que ya no existe en Ecuador. Este delito es el de asociación ilícita que establece la “asociación entre varias personas para cometer atentados a la vida o a la propiedad de otros”, delito  tipificado en el Código Penal de  2008 que ya no está vigente. Desde 2014 a este delito se lo tipifica de manera distinta, “es la asociación para cometer delitos”;  una nueva forma de asociación ilícita, en la que hay que comprobar la existencia de delitos. Por lo que, cuestionó que se haya juzgado y condenado a Glas por un delito derogado en el que no se señalan fechas del supuesto delito.

Gutiérrez fue enfático en denunciar que en cualquier país “donde se respete el estado de derecho, una  persona no puede ser privada de libertad por un delito inexistente”.  De ahí que, lamentó que Glas esté en prisión bajo esas condiciones por ya casi un año y medio por un supuesto delito de asociación ilícita, ahora en apelación.

Señaló que revisó la sentencia y determinó que en el relato de los hechos no se puntualiza las fechas, ni el espacio, ni la hora donde se habría cometido las inconductas que se le imputa al inculpado, peor  aún  el lugar exacto.

Asimismo, objetó la conducta de la Asamblea Nacional al no demandar a que Glas sea juzgado con el artículo 370 del código penal vigente por  parte del  Fiscal General, Carlos Baca Mancheno. La institución debía haber protestado airadamente porque Glas estaba siendo juzgado por  un delito que la Asamblea no autorizó.

Gutiérrez considera que el fiscal Baca se valió del anterior Código Penal para sentenciar a Glas porque la pena en aquel es mayor. Además, esto le permitió dictar prisión preventiva contra Glas para tener una causal de abandono del cargo y así tomarse la vicepresidencia,   ahora en manos de la señora Alejandra Vicuña. Estamos viendo un ejemplo bastante claro de cómo se  utiliza una herramienta jurídica con fines  políticos, remarcó.

Además, el diputado conjuntamente con su asesor visitaron a  Jorge Glas, quien está detenido desde octubre del año pasado y condenado a seis años de cárcel, en primera instancia. En el   lugar constataron su estado de salud. Al respecto,  afirmaron que presenta síntomas preocupantes de dos hernias localizadas en la columna vertebral y un agudo estrés por la separación familiar.

Recalcó  Gutiérrez que prevé elaborar un informe íntegro y rigurosamente profesional de este asunto para lo que tiene previsto reunirse con autoridades judiciales del país para recabar más antecedentes. Este informe presentará  a la familia, a la veeduría  nacional  que defiende a Glas y en foros internacionales donde se abordan las detenciones arbitrarias. Aclaró, también, que este informe no es vinculante.

El parlamentario chileno es un abogado querellante en varias causas de violación de  Derechos Humanos acontecidos durante la dictadura militar chilena. Él es  conocido porque logró el desafuero como senador de Augusto Pinochet, ex dictador chileno,  lo que le permitió al juez español Baltazar Garzón dictar su orden de captura internacional por crímenes de Lesa Humanidad.

ANTEDECENTES

El pasado 13 de diciembre, la Corte Nacional de Justicia sentenció a Glas a seis años de prisión por supuesto delito de asociación ilícita, en la trama de corrupción por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según su abogado  Eduardo Franco Loor sin ninguna prueba física del cometimiento del delito sino por presunciones y las delaciones de un delincuente confeso brasileño como es José  Conceicao Santos.

José Santos fue Superintendente de Odebrecht en Ecuador desde 2010 hasta 2016, él reveló que el pasado diciembre pago  supuestamente coimas al excontralor general del Estado, Carlos Pólit, quien reside en Miami,  y al ex vicepresidente Jorge Glas a través de su tío Ricardo Rivera.

A decir de Santos, él entregó a Rivera, entre 2011 y 2016, la suma de USD 16,1 millones en formas de transferencias, a fin de que les concedan obras en el país a Odebrecht. En cambio a Pólit le dieron USD 10 millones por desvanecimiento de glosas en su contra que tenía la Contraloría.

Es conocido que la gigante Odebrecht pagó sobornos a centenares de  funcionarios y políticos a nivel mundial,   por la suma de 800  millones. En esta trama de corrupción están involucrados  Angola, Perú,  Mozambique, Panamá, Colombia, Argentina, Guatemala, Brasil, Venezuela, República Dominicana  y Ecuador. Esta es la razón por la que ahora le califican a esta constructora como: empresa corruptora.

Odebrecht en Ecuador

La empresa empezó a ser investigada por el departamento de Justicia de los Estados Unidos ya que había serios indicios de que Odebrecht  habría sobornado a autoridades y funcionarios de 12 países en procura de alcanzar o mantener contratos millonarios  para la ejecución de obras, entre ellos Ecuador, se calcula que entregó  800 millones en esta causa.

En Ecuador la primera obra que realizó la  constructora fue en 1987, en el gobierno de León Febres Cordero con  el proyecto de irrigación de Santa Elena, provincia de Guayas. En marzo de 2000, en la época del mandatario Gustavo Noboa, a la empresa se le adjudicó la Central Hidroeléctrica San Francisco, Baños, provincia de Tungurahua, para adicionar  230 megavatios al sistema hidroeléctrico que cubriría el 12% de la demanda nacional, de ese entonces.

En noviembre de 2003, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se inició esta obra con una inversión de USD 317 millones. En forma simultánea Odebrecht , construía el proyecto de riego Carrizal- Chone, provincia de Manabí, el Multipropósito Baba, provincia de Los Ríos, la hidroeléctrica Toachi- Pilatón, en las provincia de Pichincha y Santo Domingo de los Sáchilas y el aeropuerto de Tena, en la provincia de Napo.

Es preciso recordar que el 23 de septiembre de 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1348, el ex Presidente de la República Rafael Correa, expulsó a la compañía y ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, proyecto contratado en el año 2000. El informe de Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace referencia a este contrato, sin citarlo expresamente, no obstante, la conducta del Gobierno Nacional fue expulsar a esta empresa, en defensa de los intereses nacionales.

La expulsión de Odebrecht fue tomada pese a las presiones de la Cancillería brasileña que, en esa fecha, decidió inclusive retirar a su embajador de Ecuador.

Odrebrecht vuelve a ser contratista del Estado ecuatoriano en julio de 2010, luego que el Gobierno le exigiera el resarcimiento y compensaciones económicas por los perjuicios ocasionados por la paralización  de la Central  San Francisco.

La constructora brasileña no tiene actualmente obras a ejecutar con el Gobierno Central. El contrato que tiene vigente esta compañía, mediante Consorcio Accionario Odebrecht es con el Municipio de Quito, contrato cuyo monto alcanza los 1.538 de millones de dólares, el mismo que está relacionado con la construcción de la fase 2 del Metro de Quito.