Las condiciones impuestas para la futura llegada del dinero son onerosas
(San Juan, Puerto Rico) El viernes, una gloriosa y radiante comisionada residente, Jennifer González Colón, anunció en su cuenta de Twitter que el Senado federal había aprobado $12,000 millones en fondos de Medicaid para Puerto Rico. La asignación, para un periodo de cuatro años, evitará el colapso del Programa Vital, como se conoce la cubierta de salud del gobierno estatal. La gobernadora, a través de las redes sociales, agradeció a la comisionada residente y al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, así como al Departamento de Salud federal por el concebido logro.
Lo que nadie dijo inmediatamente fue la triste realidad de que esta supuesta asignación es parte de un acuerdo coordinado en el Senado por el presidente del Comité de Finanzas, el republicano por Iowa Charles Grassley y el demócrata por Oregón, Ron Wyden. Como compromiso, depende a la alarga de la buena voluntad de todas las partes para lograr la ratificación del acuerdo en la Cámara de Representantes y el Senado, se apruebe el debido proyecto de ley, lo firme el presidente Donald Trump y lo más difícil, que el gobierno estatal cumpla con todos los requerimientos exigidos para lograr la llegada de los fondos.
En inglés esto se llama “wishful thinking” en español, soñar con pajaritos preñados. Mientras la asignación no sea votada por el Senado y la Cámara de Representantes y firmada por Trump, aquí no existe absolutamente nada. Fue una celebración adelantada para captar la atención de los electores en días antes del anuncio oficial de la comisionada a la reelección el domingo 8 de diciembre.
Para completar el cuadro real de la famosa asignación, fuera de que las autoridades federales no opinaron al respecto, las condiciones impuestas para la futura llegada del dinero son onerosas.
Para acallar las voces disidentes y los que captaron el engaño en el mensaje, la gobernadora, la comisionada residente y el secretario de Salud montaron el sábado un espectáculo mediático para en conferencia de prensa anunciar los pormenores ocultos durante el anuncio inicial.
“¿Ahora que va a pasar? En las próximas dos semanas, La Cámara de Representantes ve su versión (del proyecto), El Senado verá su versión (del proyecto) antes de diciembre 20 y se pondrán de acuerdo (lo que significa que irán a un Comité de Conferencias). Anoche estuvimos en la Casa Blanca, para que el presidente Donald Trump recomendara y aprobara- porque de nada nos vale un acuerdo bipartito si el presidente no lo va a firmar- y tengo que decirles que esto está incluido en el proyecto de precio de costos de medicamentos que se propuso en el Senado de manera bipartita”, expresó una emociona González Colón.
Acuerdo en medio de desconfianza
La comisionada residente agradeció al senador Grassley por su apoyo, a pesar de no confiar en el gobierno de Puerto Rico.
“Tengo una deuda de agradecimiento personal con el senador Grassley. Porque lo primero que me dijo en la primera de las múltiples reuniones que sostuvimos fue: No tengo problemas con la asignación de los fondos, con lo que tengo problemas es que ustedes se los roben, tengo problemas con que se malgasten y conque haya fraude. Y logramos en estos seis meses convencerlo”, atestó González Colón.
Si el acuerdo se convierta en ley, Puerto Rico recibirá $2, 623,188 millones para el año fiscal 2020; $2,719,072 millones para el año fiscal 2021; $2,812,610 millones para el año fiscal 2022; y $2,914,331 millones para el año fiscal 2023.
Del año fiscal 2020 hasta el año fiscal 2023 la financiación incluirá $200 millones de dólares adicionales, si el secretario de Salud certifica que el Plan Medicaid de Puerto Rico cumplió con el pago de servicios médicos ambulatorios a una tasa que no sea inferior al 70 por ciento de la tarifa de Medicare.
El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, clamó como un logro el que no se haya asignado un monitor federal para supervisar el uso de los dineros. Aunque aseguró que habrá mayores controles.
«Ahora vamos a tener más supervisión. Aquí la Oficina del Inspector General va a jugar un papel bien importante, porque ningún contrato que se apruebe en ASES (siglas de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico), sino es aprobado por ellos, no va. Así que tenemos que hacer todo un proceso transparente para cumplir con eso.
Otra de condiciones es Auditoría. Nosotros tenemos ahora vamos a tener que poner una firma de auditores que estén allí (en ASES) que va a hacer ese informe. Ese informe tiene que pasar el crisol de la gobernadora y de El Congreso. También, va a haber una supervisión de la Oficina del Contralor de los Estados Unidos. Con esos procesos no vamos a tener problemas”, planteó Rodríguez Mercado.
Luego de ratificado el acuerdo, Puerto Rico tiene 6 meses para escoger una entidad independiente que llevará a cabo una auditoría del programa Medicaid de Puerto Rico para el año fiscal 2022 y el año fiscal 2023. Dicha auditoría incluirá un examen de cualquier parte del programa de Medicaid (como protocolos de contratación, denegaciones de atención y gestión financiera) que el ente independiente determine que tiene un alto riesgo de derroche, fraude o abuso.
Si no se cumple con este requisito, Puerto Rico sufrirá una penalidad anual de $50 millones. El Inspector General evaluará periódicamente la agencia para evitar el riesgo de riesgo de derroche, fraude y/o abuso.
Durante los primeros seis meses, luego de firmada la ley, Salud debe nombrar un líder de Integridad para el programa de Medicaid de Puerto Rico para velar por el buen manejo de los recursos. Al año de aprobada la ley, Puerto Rico debe promulgar un plan de desarrollo en coordinación y aprobado por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), sobre cómo desarrollará medidas para satisfacer la tasa de error de pago requisitos de medición (PERM), incluyendo puntos de referencia anuales y auditorías programadas para dicho cumplimiento. De la misma forma se deberá confeccionar un plan para cumplir con el control de calidad de elegibilidad de Medicaid (MEQC) requisitos.
Para el 30 de septiembre de 2020, Puerto Rico debe tener un plan de reforma de contratación para combatir los contratos fraudulentos, inútiles o abusivos bajo el programa Medicaid de Puerto Rico.
El gobierno de Puerto Rico deberá rendir informes anuales al Congreso sobre el uso de los fondos asignados para aumentar los pagos a los proveedores de atención médica; aumentar los beneficios cubiertos; ampliar las redes de proveedores de atención médica; o mejorar de cualquier otra manera la ejecución de dicho plan.
Para asegurar una mayor regulación del uso de los recursos, a partir del 1 de enero de 2022, el Departamento de Salud federal (HHS por sus siglas en inglés) realizará una revisión técnica de los procesos de audiencias y apelaciones disponibles para las personas que solicitan o reciben beneficios bajo el programa Medicaid de Puerto Rico y los procesos de audiencias y apelaciones disponible para los proveedores que participan en dicho programa para garantizar que dichos procesos cumplan con todos los requisitos aplicables.
Futuras asignaciones de Medicaid a la Isla requerirán del cumplimiento de estas y otras reglas para evitar el mal uso de los fondos públicos.
