El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate el proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene como objetivo brindar protección y asistencia a quienes sean víctimas de estos delitos. Para ello crea herramientas para desarrollar acciones a favor de las víctimas, prevención y promoción de derechos, protección, asistencia, investigación y judicialización, así como acciones a favor de las víctimas de estos delitos.
Este proyecto se basa en tres ejes fundamentales: la prevención y combate a la trata de personas y el trafico ilícito de migrantes; la asistencia y protección a quienes son víctimas de dichas conductas; y, el apoyo en la investigación y judicialización. Aborda estos dos fenómenos de manera separada y completa y en razón de sus propias características con un enfoque integral.
En esta ocasión los legisladores escucharon la opinión de varios actores sociales. Irina Briones, del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas Manabí, explicó que las víctimas de trata de personas provienen de familias empobrecidas y han sido marcadas por la violencia, de ahí la importancia del proyecto para superar este problema y mejorar las condiciones de vida.
Gabriela Arellano, de la Comisión de Asuntos Fronterizos de Venezuela, advirtió que la movilidad da lugar a la aparición de mafias, como sucede en la frontera entre Venezuela y Colombia, en perjuicio de los migrantes y hacia allá se debe orientar el trabajo de los Estados. Sugirió unificar normativas para evitar las mafias y prevenir la trata de personas.
Daniel Rueda, de la Fundación Alas de Colibrí, saludó la decisión de la Asamblea Nacional de trabajar en una ley que permita la prevención, protección y atención a víctimas de trata de personas, especialmente niñas y mujeres, a la vez que expresó su preocupación porque cada año se ha reducido el presupuesto. Magno Intriago Mejía, Juez de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presentó sus observaciones para hacer viable la cooperación internacional e interinstitucional que prevé el proyecto para atender a las víctimas de trata de personas.
En la comisión general también fueron escuchados Guillermo Naranjo, del CDH Fray Matías y a Katherine Herrera, directora Nacional de Trata de Personas del Ministerio del Interior, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención y erradicar la trata de personas, y dictar la normativa legal correspondiente, para avanzar en la defensa de los derechos humanos.
El legislador Juan Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y ponente del informe, destacó que el tratamiento del proyecto evidencia la necesidad de trabajar en conjunto los 137 asambleístas en pro del bienestar de los ecuatorianos y consolidar un trabajo conjunto para enfrentar el principal mal que propicia la esclavitud del siglo 21, como es la trata de personas, un delito transnacional.
En el debate participaron las asambleístas Raisa Corral, Nathalie Viteri y Mónica Palacios, quienes destacaron la importancia del proyecto, construido con la sociedad civil, para prevenir y sancionar este delito que atenta contra los derechos humanos y constituye una amenaza para la seguridad ciudadana. Asignar presupuesto para las oficinas consulares para atender a las víctimas; combatir la pobreza para evitar la emigración; asignar recursos a los gobiernos locales para que puedan asumir competencias en este ámbito; trato humano y justo a los migrantes retenidos en el exterior; generar una política pública para los migrantes, fueron entre otras las propuestas presentadas en el debate, que continuará en los próximos días.
