El amor incondicional de una madre pasó del mundo de la poesía a los hechos, cuando la guayaquileña Petita Albarracín, madre de la adolescente, Paola del Rosario Guzmán Albarracín, víctima de abusos sexuales por parte de una autoridad de su establecimiento educativo, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José- Costa Rica (Corte-IDH), declare responsable al Estado ecuatoriano por violencia sexual.
Petita Albarracín vio desmoronada su vida, ante el suicidio de su hija, empero se armó de coraje y determinación. Salió sola a buscar justicia dejando a un lado su corazón roto y flaquezas. Nada fue fácil; sin embargo, logró que un caso que parecía iba a quedar en la impunidad se vuelva un referente judicial a nivel regional. Lo hizo y, ahora, el buen nombre de Paola está reparado.
Es difícil contar esta historia ya que conmueve e indigna, pero es necesario hacerlo porque es un secreto a voces que esta realidad se repite no solo en Ecuador sino en la región. Lamentablemente, la violencia sexual ejercida contra Paola por parte del vicerrector del establecimiento educativo, Bolívar Espín, tuvo un final dramático.
Paula, que en ese entonces contaba con 16 años, se suicidó al saber que estaba embarazada y por presión del violador tuvo que recurrir ante el médico del colegio, David Ortega Gálvez, para que le practique un aborto. Ortega, a su vez, le exigió mantener relaciones sexuales a cambio de realizarle el procedimiento. Todas estas lacerantes vivencias le llevaron a terminar con su vida, tomando diablillos (pastillas de fósforo blanco), el 12 de diciembre de 2002, dos días antes de cumplir 16 años.
El escenario de esta tragedia se dio en las instalaciones del establecimiento educativo. La muchacha asistió al colegio luego de tomar las pastillas y en el centro médico no le prestaron atención y más bien le instaron a rezar. Una de sus amigas llamó por teléfono a la madre de Paola para contarle lo sucedido. Su madre, Petita Albarracín le llevó a un hospital público y luego a una clínica privada, pero ya no se pudo hacer nada por la intoxicación masiva que sufrió Paola. Quedó en evidencia que este hecho estuvo rodeado de encubrimientos y omisiones en el centro educativo.
El antecedente
La tragedia de Paola se inició en 2001, cuando se enteró que tenía bajas notas en algunas materias, acudió donde la segunda autoridad del colegio, el vicerrector Espín de 65 años, quien le ofreció ayudarle a cambio de favores sexuales, hecho que fue de conocimiento de los docentes y algunas compañeras de Paola.
La justicia ecuatoriana e internacional
Pepita Albarracín en 2003 acudió a la Fiscalía del Guayas a presentar la denuncia contra Espín. El abogado defensor pidió prisión para Espín, pero el juez negó tal petición. Ese mismo año la madre de la adolescente presentó una segunda demanda contra el violador, esta vez por daño moral e instigación al suicidio de su hija.
En enero de 2004, la jueza dictó orden de prisión preventiva contra Espín, éste se dio a la fuga. En agosto de 2004 la jueza Rocío Santos llamó a juicio a Espín por los delitos de acoso e incitación al suicidio.
En junio de 2005, Espín fue sentenciado a pagar una indemnización de USD25.000 por la demanda de daño moral. Espín permaneció prófugo de la justicia hasta que los delitos imputados en su contra prescribieron, 2008.
En 2006, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) y el Centro de Derechos Reproductivos presentaron una petición en la que se alega responsabilidad internacional de la República del Ecuador en perjuicio de Paola Guzmán Albarracín.
En octubre de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede Washington, aceptó tratar el caso. La CIDH concluyó que Paola fue víctima de violencia sexual por parte de Espín y del médico del colegio y que esto fue determinante en su suicidio y pidió a Ecuador reparaciones materiales y morales para la familia.
Reparaciones morales porque en aquel entonces, muchos medios de comunicación calificaron a este abuso sexual sistemático como una “relación sentimental”. Al posterior suicidio como una “decepción amorosa”.
Ante el incumplimiento por parte de Ecuador de las recomendaciones de la CIDH, el caso pasó a la Corte- IDH, el 7 de febrero de 2019.
El 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal cometida por el vicerrector del colegio al que asistía, que tuvo relación con su suicidio”, dice el fallo de la Corte.
Según la Corte IDH esta es el primer caso que llega a este tribunal internacional en el que la violencia sexual en el ámbito educativo conduce a un suicidio; por lo que emitió condena en contra del Estado ecuatoriano por una serie de omisiones.
La Corte concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantizan el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad y a la educación.
De igual manera consideró que Ecuador incumplió su obligación de intervenir frente a actos de violencia contra la mujer y de prevenirlos, según el fallo. Asimismo la Corte IDH declaró a Ecuador responsable de la violación al derecho a garantías judiciales de la madre y hermana de Paola, a quienes se negó justicia por el caso.
Ordenó a Ecuador adoptar medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo y brindar una compensación a la familia de la víctima. Además “estableció que los hechos del caso se basaron en el abuso de una relación de poder y confianza”. “Ello se advierte, en forma concreta, dados los señalamientos de que los actos con implicaciones sexuales que el Vicerrector desarrolló con Paola comenzaron como condición para que él la ayudara a pasar el año escolar”.
Dispone, además, a Ecuador brindar tratamiento sicológico o siquiátrico a la madre y hermana, entre otras medidas de reparación, como el establecimiento de un día oficial de la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, y otorgar – si la madre acepta, en forma póstuma el grade de bachiller a Paola.
De su parte, la representante del Estado ecuatoriano, la abogada María Fernández Álvarez, en la audiencia de la Corte- IDH ofreció disculpas públicas por las acciones y omisiones del Estado ecuatoriano, que hayan causado violaciones a los derechos de Paola Guzmán.
La madre de Paola
Petita Albarracín, una madre del sector popular de Guayaquil, en su lucha, tuvo el acompañamiento de la CEPAM, durante 17 incansables años.
En sus declaraciones a la prensa dejó entrever que ella no quiere que se vuelva a repetir casos como el de su hija. Lamenta que los responsables de este delito no fueron a la cárcel. Cuenta que el vicerrector huyó tras la muerte de Paola. Reapareció después del 2008, cuando el caso prescribió.
Aspira a ver cambios en el sistema educativo, en el que no se humillen a las niñas y niños cuando tengan problemas. Espera que se mejore la comunicación entre los profesores con los padres de familia.
Está consciente que su caso se ha convertido en un referente para combatir los abusos sexuales dentro de los establecimientos educativos, no sólo de Ecuador sino a nivel mundial.
“Ahora queda claro que mi Paola, fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio”, remarcó. Además manifestó “Sé que no la tendré más conmigo, pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano, pues con esta sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más ¡Por fin se hizo justicia para mi Paola!”.
“Me siento agradecida con Dios porque por fin se hizo justicia en esta lucha” pronunció Petita, tras escuchar la sentencia de la Corte. Asimismo agradeció a Lita Martínez, representante de Cepam y Catalina Martínez Coral, directora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos(CRR) quienes acompañaron a Albarracín a la Corte- IDH.
Amerita señalar que el caso de Paola pasa a convertirse en un tema emblemático en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de América Latina. Y la decisión de la Corte- IDH en un hecho histórico. Ojalá que con este episodio, el abuso sexual se lo denuncie con mayor rigor y no se lo vea como algo “normal”.
Finalmente, con lo descrito, tengo la plena convicción de que el “amor incondicional” de una madre a sus hijos no es un mito ni una utopía, sino una realidad que se evidencia cuando una madre se reviste de coraje y heroísmo en pro de la defensa de la memoria de una hija. ¡MIS MÁS SINCERO RESPETO Y ADMIRACIÓN A PETITA ALBARRACÍN!!!
