La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, es una oportunidad para recordar a las que ya no están, reconocer los avances y reflexionar sobre lo que queda por hacer. Así inició su mensaje Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres, en el taller que organizó la Asamblea respecto de esta temática.
Felicitó a la Legislatura ecuatoriana por la prioridad que ha dado a la problemática de las mujeres y la búsqueda de inmediatas soluciones, más aún cuando Ecuador está inmerso en el debate de una ley de tremenda importancia.
Dijo que 50 mil mujeres son asesinadas cada año por el hecho de ser mujeres, lo que significa una mujer asesinada cada 10 minutos, siendo la primera causa de muerte en nuestra región, América Latina, en edades comprendidas de 15 y 44 años. Esta violencia discapacita y mata más mujeres, entre esas edades, que el cáncer.
Enfatizó que el conjunto de la sociedad tiene una enorme responsabilidad para hacer frente a esta violencia, pues no es algo que solo compete a una sola institución, al gobierno, al sector público, a las empresas. «Tenemos que trabajar de manera conjunta de la mano para frenar el problema de la violencia que se ejerce contra las mujeres (obstétrica, patrimonial, acoso sexual callejero, entre otras formas)», sostuvo.
Destacó que más de 125 países cuentan con legislación que sanciona dichas conductas, pero los retos persisten, ya que, por ejemplo, en 32 países no se juzga a los violadores si la violación se produce en el matrimonio o si contrae posteriormente matrimonio con la víctima.
Según la representante de ONU Mujeres, esta violencia es una gravísima violación de los derechos humanos y no se puede hablar de una sociedad democrática, mientras no se proceda a la erradicación definitiva de la violencia a las mujeres. Esta debe ser vista como un problema de salud pública, a fin de alcanzar una cultura de paz, cambiando los patrones culturales de corte machista.
Bibiana Aído habló de abordar la problemática de manera integral, que posibilite una respuesta institucional articulada tanto para la prevención de la violencia como de la protección de las mujeres víctimas y la sanción a los perpetradores del delito.
