La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe preparado por la subcomisión conformada para la vigilancia de las acciones de la Cancillería, Ministerio de Gobierno, Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos respecto a la situación de los ecuatorianos retenidos en situación de riesgo en México y Estados Unidos, de junio de 2021 a febrero de 2022.
Previo a la aprobación del informe, la legisladora Raisa Corral, informó el trabajo desarrollado por la subcomisión. Dijo que llama la atención que 19.270 niños que viajaron a México y 10.942 a Estados Unidos, no retornaron.
También expuso el presupuesto que se destina para atender a los ciudadanos migrantes, donde la mayor cantidad se ubica en arriendo de oficinas consulares 54.82%; repatriación de cadáveres 7.57%, búsqueda de casos de vulnerabilidad 0.43% y otros (salarios) 37.18%. Advirtió que para atender y proteger a migrantes ecuatorianos retenidos las oficinas consulares apenas cuentan con 5.600 dólares.
En las conclusiones se precisa que la información analizada llevó a determinar que la principal causa del incremento migratorio de ecuatorianos con destino a México y Estados Unidos, en los dos últimos años, corresponde a la situación socioeconómica del Ecuador; que el Estado no ha establecido las directrices de una política pública preventiva sobre la migración riesgosa ni ha cumplido las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Se determina que durante el período examinado el Ministerio del Interior no cuenta con registros que permitan verificar el número real de ecuatorianos que han salido del país por vías irregulares, toda vez que la información proporcionada corresponde únicamente a las salidas por vías habituales; el Ministerio de Relaciones Exteriores no presentó datos que permitan establecer la situación específica de niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.
También concluye que la Defensoría del Pueblo no cuenta con delegaciones en el exterior, debido a que desde el año 2018 no ha recibido asignación presupuestaria, dando como resultado el incumplimiento del mandato constitucional de “la defensa de los derechos de ecuatorianos que estén fuera del país”. No se ha podido verificar que la Secretaría de Derechos Humanos haga el seguimiento a las víctimas ecuatorianas de tráfico ilícito de migrantes, informes psicosociales trimestrales, el desarrollo de las diligencias judiciales practicadas por las diferentes entidades involucradas.
El informe contiene 13 recomendaciones. Entre otras, se exhorta a los ministerios competentes a promover el emprendimiento y la generación de plazas de empleo en las zonas rurales, donde existen los mayores índices de pobreza y migración; que la Cancillería cumpla lo establecido en la Convención de Viena sobre protección de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional.
Además, exigir al Ministerio de Economía que atienda los requerimientos presupuestarios de la Defensoría del Pueblo para la reapertura de las delegaciones en el exterior; que la Secretaría de Derechos Humanos realice un adecuado seguimiento de los ecuatorianos retornados, brindándoles el soporte psicológico, social y legal oportuno, para precautelar su estado actual (físico, mental y legal), evitando nuevamente la migración en condición riesgosa.
