“Hasta que la crisis sanitaria del coronavirus no esté controlada, no se generará la confianza suficiente ni en consumidores ni en inversores para el impulso de la actividad y la inversión”. La frase corresponde a la directora de Estudios Macroeconómicos en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Adriana Arreaza.
Tales declaraciones se dieron en el marco de la participación de la funcionaria en el foro ‘Invertir en México”, en el cual se dieron cita destacados especialistas y representantes de otras organizaciones.
Arreaza destacó que el nivel de impacto de la pandemia ha sido diferente en los países de América Latina, ya que ello viene dado en función de la composición de su aparato productivo y el desarrollo de políticas públicas para minimizar la propagación del virus.
Como es del conocimiento de todos, Latinoamérica es la zona en la cual se han impuesto mayores restricciones a la movilidad y, sin duda alguna, ello ha golpeado fuertemente a la actividad económica, lo que supondrá una recuperación más lenta.
Los niveles de pobreza se han incrementado. De acuerdo con la funcionaria de la CAF, esta cifra se ha incrementado en 7.1%, como resultado del cierre de más de 2.7 millones de empresas, especialmente las pymes, lo que ha ocasionado la pérdida de más de 8 millones de empleos.
La CAF ha valorado los apoyos que los diferentes gobiernos han dado durante la crisis, resaltando muy especialmente las políticas que Perú y Chile han desplegado en ese sentido. Al respecto, Arreaza se refirió al caso de México, donde en la administración de López Obrador “prevaleció el criterio de sostener la deuda pública”. Esto se traducirá a futuro en un pequeño déficit en comparación con los demás países de la región.
En lo referente a un posible incremento general y sin control de la deuda, la funcionaria ha alertado que en la medida en que se mantengan los beneficios en los créditos, comiencen a recuperarse los índices de crecimiento y se reinserten a medio plazo los programas de consolidación fiscal “no habrá una crisis de deuda generalizada”.
Con relación a los altos niveles de informalidad laboral en la región, Arreaza resaltó lo débil de los sistemas de protección social en algunos países latinoamericanos. Las condiciones han sido diferentes en Uruguay y Argentina, naciones en las que sus empleados disponen de más y mejores programas de protección social, a diferencia de Perú, país que se caracteriza por tener una de las tasas de informalidad más altas de todo el continente.
Con todo este panorama, es menester que los gobiernos de América Latina trabajen más en el desarrollo de políticas que disminuyan el impacto del COVID-19 en sus respectivos países, lo que sin duda traerá de vuelta a los capitales foráneos. Sin salud no habrá recuperación económica posible en este lado del mundo.
Sobre el autor:
Ingeniero financiero, especialista en finanzas internacionales y emprendimiento
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