Washington, D.C. La Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico comenzó el proceso de privatización de parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) mediante un acuerdo de 15 años para diseñar, construir, financiar, operar y mantener proyectos de medición, facturación y servicio al cliente. La organización nacional de defensa del consumidor Food & Water Watch, se opone a la iniciativa de privatizar nuevamente el sistema de agua de Puerto Rico mientras la isla se prepara para una nueva temporada de huracanes y continúa sufriendo los efectos de María, el huracán del año pasado.
«Si bien el sistema de agua necesita con urgencia reparaciones y mejoras después del catastrófico huracán María, la privatización no es la respuesta,» dice Wenonah Hauter, directora ejecutiva de Food & Water Watch. «El control público y responsable del sistema es la mejor manera de garantizar que cada persona en la isla tenga acceso a agua segura y asequible, y que AAA opere al servicio de las personas, no al servicio de los beneficios económicos.»
Food & Water Watch señala que el financiamiento privado a través de asociaciones público privadas es costoso. Como resultado de los beneficios exigidos por Wall Street y los operadores de agua corporativos, la privatización dará lugar a facturas de agua excesivamente altas para los hogares y las empresas que están luchando por recuperarse a raíz del desastre climático. Una encuesta de Food & Water Watch sobre las tarifas realizada a 500 sistemas de agua, mostró que los sistemas privatizados generalmente cobran un 59 por ciento más que los sistemas de propiedad pública.
«Con la privatización de la autoridad de aguas de Puerto Rico, solo podemos esperar que los especuladores de Wall Street y los operadores de agua corporativos busquen extraer beneficios económicos sin abordar los problemas de larga data que existen en el sistema de agua de la población,» dijo Hauter.
Hay evidencias en la oferta del gobierno de Puerto Rico de la intención de asumir medidas enérgicas contra el acceso «ilegal» al agua, un signo preocupante de que la oferta va a enfocarse en las ganancias, sin remediar los problemas de fondo que afectan al sistema de agua y que son un impedimento para el acceso al agua potable segura y limpia para todos los puertorriqueños.
Las áreas rurales de Puerto Rico en particular todavía están experimentando servicios de agua poco confiables e inseguros y necesitan ayuda urgente. Sin embargo, es ampliamente conocido que las alianzas público privadas no funcionan para las comunidades pobres y rurales. Incluso el senador John Barrasso de Wyoming dijo que las alianzas público privadas «no funcionan para las áreas rurales.» Las compañías privadas de agua a menudo escogen cuidadosamente las áreas de servicio en un intento por evitar comunidades de bajos ingresos donde el bajo consumo de agua y los frecuentes problemas de facturación se interponen a las ganancias corporativas.
Puerto Rico ha privatizado su sistema de agua dos veces y ambos esfuerzos han fracasado. En 2002, Puerto Rico decidió no renovar un contrato anual de US$ 145 millones con una subsidiaria de Veolia (entonces Vivendi), que operaba los sistemas de agua y alcantarillado desde 1995. Una comisión gubernamental descubrió que la compañía había acumulado US$ 695 millones en pérdidas operativas, US$ 6.2 millones en multas y más de 3.000 deficiencias operativas, de mantenimiento y administrativas. En 2003, la compañía tuvo que pagar US$ 58 millones en multas y daños y perjuicios luego de que se interpusiera una acción legal por parte de la autoridad de obras sanitarias. La autoridad acusó a la empresa de negligencia ambiental, incluido el vertido de aguas residuales no tratadas, y la falta de pago a tiempo de las facturas de electricidad y los salarios de los empleados.
Posteriormente, en mayo de 2002, Suez anunció un acuerdo «histórico» por 10 años y US$ 4 mil millones — un arreglo que no duró tanto. Después de 18 meses de asumir el trabajo, Suez exigió US$ 93 millones adicionales del gobierno, alegando que se le dio información falsa sobre el tamaño del sistema de agua. Los funcionarios locales no estuvieron de acuerdo y acusaron a la corporación de tener un bajo rendimiento.
En un momento en que muchos puertorriqueños a menudo deben hervir el agua antes de beberla, es desacertado e inadecuado embarcarse en otra reforma privatizada masiva del sistema, dice Food & Water Watch. «AAA no puede permitirse otro fracaso privatizador en estos momentos,” dijo Hauter. «Debería enfocarse en los servicios básicos y garantizar que cada puertorriqueño tenga acceso al agua pública y segura.»
En lugar de buscar la privatización, Food & Water Watch recomienda que el gobierno federal perdone la deuda de AAA, proporcione un mayor acceso a subsidios y otro tipo de asistencia del programa del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable, y financie completamente una recuperación justa en Puerto Rico. También aboga por una transición rápida y urgente, a partir de este momento, de los combustibles fósiles para evitar lo peor del caos climático que se avecina.
Food & Water Watch lucha por comida saludable y agua limpia para todos. Enfrentamos a las corporaciones que anteponen sus ganancias económicas al bienestar público y abogamos por una democracia que mejore la vida de las personas y proteja a nuestro medio ambiente.
Contacto: Darcey Rakestraw, 202-683-2467; [email protected]
