Como recordarás, el programa conocido como Title I distribuye fondos escolares para dar más recursos a quienes tienen menos, con la finalidad de cerrar la brecha académica y mitigar los efectos de la pobreza. Por décadas, los expertos han presentado sobrada evidencia de su ineficacia a la hora de identificar cuáles estudiantes son elegibles. En consecuencia, los fondos no han podido cerrar ninguna brecha ni cambiar la trayectoria de los niños que viven en la pobreza. Hoy vamos a proponer posibles soluciones a este problema, basadas en un análisis de la doctora Susan Pendergrass, publicado recientemente bajo el nombre de “Bringing Title I into the Twenty-first Century”.
¿Qué hacer para modernizarlo? Usando como ejemplo programas federales como SNAP (cupones de comida) y FAFSA (becas universitarias), la investigadora propone que se identifiquen de manera más eficaz a los estudiantes. Para lograrlo, sugiere abandonar las complicadísimas fórmulas empleadas en la actualidad y reemplazarlas por un simple proceso de calificación basado en el ingreso familiar. Así como ocurre para solicitar las ayudas mencionadas más arriba, una familia podría presentar pruebas de sus ingresos directamente a las escuelas a través de sus declaraciones de impuestos u otros documentos (W-2, W-9, colillas de cheques, etc.), lo que implicaría una descentralización del gobierno federal. Esto daría al padre/madre/individuo y a las escuelas un mayor control sobre proceso. En vez plantearnos, como se hace ahora, «si te toca almuerzo reducido o gratuito, también te toca Title I», se recaudaría información pertinente que serviría para demostrar quién proviene de una familia de bajos recursos.
Según las tablas federales, ¿quiénes son los pobres? Una familia de cuatro miembros, cuyo ingreso anual es de $25.750 o menos, está viviendo en los límites de la pobreza. Para recibir almuerzo gratis o reducido, su ingreso no debe exceder el 185% sobre ese monto, o sea unos $46.000 dólares al año. Una vez establecido quién necesita los fondos, estos pueden ser distribuidos empleando nuevos mecanismos disponibles gracias a la tecnología. Por ejemplo, a través de una tarjeta como la EBT, que vino a reemplazar los cupones de comidas. En Arizona, por citar un caso, los padres con niños de capacidades limitadas pueden acceder a una larga lista de servicios usando una tarjeta de crédito al demostrar ser elegibles para una Empowerment Scholarship Account (ESA). Los padres adquieren estos servicios tanto del sector público como del privado.
Los cálculos de la doctora Pendergrass sugieren que aquellos estudiantes que califican para Title I, pudieran recibir, en promedio, unos $1.400 dólares adicionales para complementar su educación. Portales virtuales, archivo de data digitales y otros avances tecnológicos aliviarían la carga administrativa, al tiempo que añadirían transparencia a la contabilidad de los fondos.
Mejor aún, cesarían las dislocadas variaciones de estado a estado, se rastrearían los fondos con mayor facilidad y los padres conseguirán portar los recursos adonde ellos entiendan que sus hijos recibirán el apoyo suplementario que necesitan. El conocimiento, la habilidad y la infraestructura para hacer de este escenario algo posible, ya existe. Resta solo la voluntad de ponerlo en acción.
