El 26 de marzo, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en la zona del río Mataje, provincia de Esmeraldas fueron secuestrados tres personas integrantes del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito, posiblemente por delincuentes ligados al tráfico de sustancias ilícitas que operan en la zona. Desde entonces, múltiples voces se han hecho escuchar repudiando este hecho que atenta contra los derechos humanos de los trabajadores de la prensa ecuatoriana.
El grupo armado ya envío una «prueba de vida» de los secuestrados: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, a través de un vídeo donde los comunicadores aparecen encadenados y aparentemente bien de salud. A la vez , el grupo armado, hizo saber sus condiciones para la liberación de los retenidos: «intercambio de sus tres detenidos en Ecuador y la anulación del convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo».
Las autoridades ecuatorianas presumen que el equipo fue llevado a tierras colombianas, presunción que niega el ministro de Defensa colombiano Juan Carlos Villegas, quien asegura que no está claro dónde están los comunicadores ecuatorianos. Además, le inculpan de este delito a Walter Artízala, apodado «Guacho», quien habría sido guerrillero de las FARC por 15 años.
Entre tanto, en todo el país se han movilizado medios de comunicación y organizaciones ligadas al periodismo para exigir la libertad de los secuestrados: plantones, comunicados, misas, mensajes a través de las redes sociales son algunas de las expresiones de rechazo que los gremios periodísticos han dado a conocer dentro del país y en el exterior. Ya se entregó una carta al representante del Papa Francisco, en Ecuador, pidiendo la mediación del Sumo Pontífice en la liberación de los retenidos:
Por su parte, las autoridades ecuatorianas como el ministro del Interior, César Navas, y el de Defensa, Patricio Zambrano, han remarcado que en Ecuador no se cultiva ni se procesa droga, la problemática es que nuestro país es un lugar de tránsito de los estupefacientes que llegan de Colombia y Perú, sea para consumo nacional o internacional.
Amerita recordar que a este hecho se suma la explosión de un coche bomba, el 27 de enero, dejando como saldo unas 28 personas heridas, cerca de un cuartel de Policía. Además, el 20 de marzo murieron tres militares al detonar un artefacto explosivo; todo esto en la provincia de Esmeraldas.
Al momento, el ministro Navas dio a conocer que se iniciaron diálogos con los secuestradores para lograr acuerdos que permitan la liberación del equipo de prensa. Recalcó que «aquí no se trata de ceder ante ninguna presión» sino preservar la vida de los retenidos.
Puntualizó que, posiblemente, estas acciones de los delincuentes responden al fortalecimiento de los controles en la zona limítrofe con la presencia de más efectivos militares y de la Policía Nacional a fin de no permitir que mafias, de diversa índole, tengan más activismo e intenten apoderarse del lugar como es su objetivo.
