Asevera la asambleísta Lilian Durán
En el marco del II Encuentro Latinoamericano de Mujeres Migrantes y Revolucionarias, “Francia- 2019”, llevado a cabo en París, la asambleísta Liliana Durán intercambió vivencias, experiencias, demandas y anhelos con migrantes ecuatorianas asentadas en diferentes países de Europa, en torno a temas políticos y laborales que están sucediendo en Ecuador y en Latinoamérica.
Su preocupación principal fue denunciar el lawfare, herramienta de persecución política implementada en Ecuador, la misma que ya tiene varias víctimas como es el caso del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, quien a criterio de la asambleísta es un detenido político. El caso del ex presidente Rafael Correa Delgado que enfrenta 25 juicios penales; la persecución a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional; además, añadió la situación de Julian Assange y Ola Bini.
Confirmó que tuvo reuniones de trabajo en Ginebra- Suiza con el Grupo de Detención Arbitraria y el Desk Officer para Ecuador del Alto Comisionado de la ONU y un compañero de la Asociación Le Pont a los que denunció la persecución política que están siendo víctimas “las personas que pensamos diferente y que somos oposición del gobierno de Lenin Moreno”.
Hizo referencia, de manera particular, la situación del vicepresidente Constitucional, Jorge Glas. En este caso presentó elementos de convicción que demuestran que la normativa con la que se le juzgó no es aplicable, por cuanto los acusadores se basaron para privarle de la libertad, en un Código Penal derogado.
Recordó que el actual gobierno, con el fin de quedarse con la vicepresidencia, le acusó a Jorge Glas de haber recibido coimas por parte de la empresa brasilera Odebrecht, de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Afirmó que tras esta trama están los partidos de derecha ecuatorianos: Social Cristiano y CREO, cuya cabezas visible es Jaime Nebot. Hoy tenemos un vicepresidente de las filas socialcristianas, Otto Sonnenhozner, quien ostenta tal dignidad sólo por el voto de 92 asambleístas.
Denunció la tortura permanente que vive Glas en la cárcel de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Tortura sicológica que utiliza a personas privadas de la libertad (PPL), para amedrentar a Glas, ellos ingresan a la sección donde está el exvicepresidente para hacerle llegar amenazas de muerte con mensajes como: te voy a matar, hoy vine por ti, etc.
Al respecto, Durán dio a conocer que para ingresar a la cárcel de Latacunga es necesario pasar varios filtros. No entiende cómo es que ingresan armas blancas y de fuego para agredir y agredirse entre los PPL. Sobre esta situación solicitó explicaciones a las autoridades competentes.
Mencionó que el país vive, ahora mismo, una crisis carcelaria. Esta se da por el abuso de las medidas cautelares como la prisión preventiva. Lo que significa vulneración de derechos, por ejemplo: Jorge Glas está detenido por casi dos años. El Código Penal vigente ordena, claramente, que la prisión preventiva tiene una duración máxima de un año. Estos elementos muestran a todas luces que el ex vicepresidente es víctima de vulneración de derechos, sentenció.
Ante estos hechos, la asambleísta Durán planteó a los representantes de estas organizaciones internacionales que envíen un relator especial a fin de que observen la situación que está viviendo en el país
Considera que toda esta persecución política sirve para tapar evidencias claras de corrupción que existen en torno a INA INVESTMENT CORPORATION, un caso de corrupción que involucra al mandatario Lenin Moreno y su entorno familiar, que tiene que ver con el hecho de tener cuentas bancarias en paraísos fiscales, de manera injustificada; además, prohibido por nuestra normativa legal. Señala que sobre estas irregularidades ya se han presentado denuncias en España, Panamá y Suiza.
Lilián Durán relacionó este lawfare con lo que está ocurriendo en Brasil y Argentina, en razón de que se aplica la misma receta. A Lula Da Silva le juzgaron porque apareció un cuaderno de apuntes en el que se demostraba que él estaba involucrado en actividades corruptas. Ahora en Ecuador, también, aparece un cuaderno de propiedad de la ex jueza Pamela Martínez, en el que se acusa a varios funcionarios del gobierno del régimen de Rafael Correa de haber recibido dineros de Odebrecht para la campaña electoral de 2013. Un caso al que se lo llama “Arroz Verde”, y que ya tiene a varios ex funcionarios detenidos. En tanto que por el caso INA INVESTMEN ninguna institución pública o privada investiga. Por estos antecedentes asegura que estamos viviendo una grave dictadura civil.
En este Encuentro, asimismo, se abordó la participación de la mujer migrante y sus luchas contra la difícil situación inmobiliaria que golpeó a la población migrante ecuatoriana en España, hace unos cuatro años. Se saludó la férrea posición de la dirigencia de los migrantes en defensa de los compatriotas que por la crisis económica española no podían cancelar sus deudas a los bancos por la adquisición de un inmueble. El banco embargaba el bien y obligaba a seguir pagando la deuda. Esto pretensión bancaria no prosperó por el trabajo de sus líderes.
Respecto a la problemática laboral que está atravesando el Ecuador, la preocupación de los migrantes ecuatorianos es grande, ya que reflexionan cómo será su regreso, luego de residir más de 20 años en Europa. Su aspiración de invertir en el país en emprendimientos se ve frustrada por las consecuencias de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el gobierno ecuatoriano. Los condicionamientos impuestos van dirigidos a menoscabar la situación económica de las grandes mayorías.
Aseveró que las condiciones del FMI se encaminan a precarizar la dinámica laboral, por ejemplo: tres años de prueba de trabajo, lo que antes eran tres meses, esto alarma a la gente. Pero aparecen los dirigentes de las Cámaras y dicen que serían sólo seis meses. La gente se tranquiliza, se queda pasiva y piensa que los empresarios son buenas personas.
Esto es una trampa a la que nos están sometiendo. Lanzan globos de ensayo para alarmar a la ciudadanía y luego aparecen como “salvadores” de los trabajadores. Estrategia que sirve para perjudicar y evitar la protesta, añade Durán.
Dentro de este mismo proceso de innumerables reformas laborales que está en camino en Ecuador, se plantea doce horas diarias de trabajo. La gente protesta, los empresarios retroceden y dicen que, ahora, se va a trabajar 48 horas a la semana. Nuevamente la gente se tranquiliza, con la idea de que les están haciendo un gran favor.
De ahí que una de las principales preocupaciones de los compatriotas residentes en Europa es el tema de la flexibilización laboral. Toda vez que si al país le va mal, las posibilidades de retornar al país se alejan y las incertidumbres respecto al futuro van en aumento, señaló Durán.
Recordó que a finales de marzo se desvinculó a 11.800 trabajadores del sector público, entre ellos los de la salud, casi unos 4.000. Cuando ellos fueron notificados salieron a las calles a protestar, la Policía les agredió de forma brutal. Hubo detenidos a quienes les acusan de perjudicar la seguridad interna del país y hasta la fecha siguen presos. Situación que lleva a otros trabajadores a no protestar.
Finalmente, los dirigentes de los trabajadores del sector eléctrico empezaron a reclamar y a movilizarse en el país para denunciar el proceso liderado por el consejero presidencial, Santiago Cuesta, quien está empeñado en vender las empresas eléctricas públicas, el CNT, las telefónicas, etc; inmediatamente este señor amenazó a dejarlos fuera del trabajo. El ministro de Trabajo, enseguida, dio paso a esta amenaza y les dejaron en la desocupación. Hasta hoy no reciben sus liquidaciones estos trabajadores.
Esta difícil situación, la asambleísta, dio a conocer a los migrantes de los países que visitó para promover un amplio debate ideológico- político a fin de construir propuestas que orienten las acciones colectivas de las Mujeres Migrantes Revolucionarias de Francia, Bélgica, Suiza y España.
