En efecto, para la militancia que sigue al expresidente, Rafael Correa Delgado y para prestigiosos juristas independientes de la postura política del expresidente, lo que se está viviendo en Ecuador es la manifiesta expresión del Lawfare, que no es otra cosa que una guerra jurídica; es decir el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político En inglés esta palabra es una contracción de law (ley) y warfare (guerra).
Esto a propósito de la decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces David Jacho, Wilman Terán y Dilza Muñoz, quienes ratificaron la sentencia de 8 años de prisión contra el ex presidente Rafael Correa y Jorge Glas por ser considerados “autores mediatos por instigación al cohecho agravado, mediante influjo síquico”. Con lo que el Tribunal confirma la sentencia dictada en marzo. La defensa de Correa rechazó la acusación sobre el supuesto “influjo síquico”, que es una vieja teoría jurídica que ya no está en vigencia
La ratificación de la condena en el conocido Caso Sobornos, ocurrida el pasado 20 de julio, da paso a los últimos recursos como la aclaración, ampliación y posteriormente la casación que, para las autoridades actuales judiciales, deberá ser antes del 18 de septiembre. Fecha en la que se inicia el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de febrero de 2021; toda vez que la pretensión de los diferentes adversarios políticos de Correa es impedir que él participe en dichas elecciones.
En el caso denominado “Sobornos 2012-2016”- conocido por el pueblo como “Caso Bochornos”, también fueron procesadas otras 18 personas, ex ministros, una asambleísta, empresarios y el ex vicepresidente Jorge Glas, quien cumple una pena de 6 años desde 2017, sin pruebas convincentes. Los supuestos sobornos superarían los USD 7.5 millones, que serían dineros que entregaban empresarios a dirigentes políticos de Alianza País para gastos de campañas electorales a cambio de contratos con el Estado.
La sentencia ratificada proscribe políticamente al ex presidente mientras dure la condena. Además los condenados deben pagar USD 14,7 millones como “reparación integral” al Estado, según la resolución divulgada por la Corte Nacional de Justicia.
Ante la decisión del Tribunal, Rafael Correa, que reside en Bélgica, en un trino señaló “Aunque es difícil creer, era de esperarse. Caso y sentencia más ridículos no puede haber (…) No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”, lamentó.
Añadió “Por si acaso, les recuerdo la “sentencia”, al menos en la parte en que se refiere a mí: culpable por “influjo síquico”, y como “prueba madre” USD 6.000 de préstamo. Esto ya es parte de una de las páginas más oscuras de la historia de la Patria”.
Uno de los abogados de Correa, Alfonso Zambrano dijo que “Solicitará la ampliación y aclaración de sentencia de segundo nivel para que jueces determinen porque no admitieron causa de NULIDAD por violación de derecho de defensa. Casación será fundamentada por falta de motivación y violación del artículo No 609 del Código Orgánico Penal”.
PROSCRIPCIÓN DE REVOLUCIÓN CIUDADANA
A esto se suma, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender al Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa, ante la petición del Contralor subrogante, Pablo Celi, organización que obtuvo resultados favorables en las elecciones de 2019. El organismo electoral dio 10 días de plazo para que presenten sus pruebas, alegatos y observaciones a ésta y otras tres organizaciones políticas más. Correa calificó de dictadura la inhabilitación por el CNE de su partido con el que buscaba participar en los comicios de 2021.
Las últimas encuestas colocan a la Revolución Ciudadana como la principal fuerza política del país. Por lo que Rafael Correa expresó su voluntad de integrar una fórmula como vicepresidente. A inicios de julio, junto a movimientos progresistas presentaron el Frente de la Unidad por la Esperanza (UNES), con el propósito de ir juntos a las elecciones de 2021.
Empero, el presidente nacional de Centro Democrático Enrique Menoscal, uno de los integrantes de UNES, aseguró que cobijarán bajo su alero político a la Revolución Ciudadana, para ir juntos a los comicios de 2021 y las personas que provengan de la lista-5 saldrán como candidatos de la lista-1. Asimismo que esta decisión aplica para los posibles cuadros que salgan de movimientos sociales que no tienen un partido político.
Agregó que por el momento les interesa formular un Plan de Trabajo. Además, se espera tener listas de precandidatos una vez que se realicen elecciones internas que arrancarán el próximo 9 de agosto. Remarcó que este no es un acuerdo de candidaturas ni de nombres sino de un proyecto político progresista que salve al país del desastre que ha causado el actual gobierno de Lenin Moreno.
Lo que deja en evidencia que en esta coyuntura, el gobierno de Moreno puso en marcha tres estrategias: empezar a investigar y perseguir a los integrantes del Frente UNES, abriendo un proceso judicial contra del Movimiento Centro Democrático, liderado por el ex prefecto de la provincia de Guayas Jimmy Jairala – lista1; en segundo lugar, acelerar el proceso de juicio contra de Correa; y, finalmente proscribir el movimiento de Revolución Ciudadana- lista 5.
REACCIONES
La Bancada de la Revolución Ciudadana en un comunicado público “rechaza la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el inválido proceso denominado #CasoBochornos que se sigue en contra del ex presidente Rafael Correa y otros compañeros, no pueden ocultar que el peor gobierno de la historia violó la Constitución y el debido proceso para judicializar la política y proscribir electoralmente al ex presidente Correa y al Movimiento Revolución Ciudadana”.
El Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas señaló “exigimos al CNE que analice esa decisión, y no empañe la transparencia de un proceso que recién empieza. Esperamos que sus miembros puedan garantizar la independencia de sus resoluciones. Esas decisiones deben estar separadas de cualquier “revancha política”. La Revolución Ciudadana tiene que estar en las papeletas de elecciones del próximo año, la gente tiene derecho de elegir a las autoridades que considere pueden salvar al país. Que el temor a que Rafael Correa regrese, no genere más violaciones a la norma. Se debe respetar la democracia en Ecuador”.
La Unidad Indígena y Campesina de Ecuador exigieron “el derecho a participación política en un estado constitucional de derechos y justicia, como se supone debe ser en el Ecuador, para que de manera libre, abierta y democrática se realicen elecciones convocadas para el 7 de febrero de 2021, con la participación de todas las fuerzas políticas que cumplieron debidamente con el registro electoral. Exigimos también al CNE y a la función electoral en su conjunto, el derecho de participación política como establece la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, y el cese inmediato de la resolución tomada de eliminar a Fuerza Compromiso Social lista 5, debido a que esta organización política cumple con todos los requisitos que exige la ley establece”.
El Grupo de Puebla- México denunció y rechazó a través de un comunicado sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de ilegalizar el partido Fuerza Compromiso Social, del cual forman parte los miembros del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa.
Agrega que esta decisión es resultado de la presión indebida e inconstitucional por parte de la Contraloría del Estado que no forma parte de la función electoral y obedece a instrucciones del presidente Lenin Moreno Garcés. Este acto de parcialización política pone en entredicho la legitimidad de las elecciones del próximo 7 de febrero de 2021 y sienta un grave precedente regional al permitir que, a través de la proscripción electoral de la oposición se altere, de forma anticipada la legítima expresión popular, esencia de la democracia.
El analista político internacional, Atilio Borón, dijo “La desesperación de los corruptos y los lacayos del imperio en Ecuador ante el liderazgo de Correa y su seguro retorno. No les queda ley por transgredir ni norma moral por pisotear. Pagarán sus crímenes”.
El periodista argentino, Pedro Brieger, manifestó “Durante su gobierno, Lenin Moreno, electo con los votos del correísmo pero converso en neoliberal, ha tratado de meter preso y proscribir al expresidente, que llevó adelante un programa social y económico inédito para el país”.
El jurista ecuatoriano Alejandro Vanegas señaló “En tres años se perdió toda institucionalidad democrática en nuestro país, sin embargo, el peor papel lo han hecho los jueces de la Corte Nacional, sometidos a agenda política y mediática, dejan tras de sí fallos tintos en estulticia y faltos de motivación, el caso Bochornos es un ejemplo”.
Augusto Taglioni, analista político, sostiene que los intentos de proscripción en Bolivia y Ecuador muestran un cuadro suramericano de fuerte erosión de la democracia. La democracia suramericana atraviesa un momento de fuerte convulsión y el horizonte presenta nubarrones. Esta situación no es nueva, ya que, tuvo su primera prueba piloto en Brasil, con la denominada Operación Lava Jato.
Luego de Brasil, Ecuador es otro caso en el que se observa una fuerte ofensiva judicial contra la oposición alimentada desde el seno del gobierno. Esto comenzó en febrero de 2018 en donde el presidente Lenin Moreno, luego de divorciarse de Rafael Correa convocó a un referéndum en donde prohibía la postulación a quien ya ejerció dos mandatos consecutivos. En otras palabras, la victoriosa consulta popular apoyada por el oficialismo y todos los partidos de derecha eliminó la posibilidad de una candidatura de Rafael Correa en 2021.
El Instituto Patria y su comisión de Integración Regional y asuntos Internacionales, cuyo miembro prominente es René Ramírez se solidariza con las y los integrantes de la Revolución Ciudadana y el Movimiento Fuerza Compromiso Social por este nuevo ataque antidemocrático e intento de fraude electoral, y hace un llamado a los partidos y movimientos políticos de la región y del mundo, a los organismo electorales, y a la comunidad internacional en general, a pronunciarse enérgicamente ante esta violación a los valores democráticos de libertad e igualdad política en Ecuador, y a la vulneración de la legítima expresión de la voluntad popular del pueblo ecuatoriano, fundamental para la democracia.
Añade que una vez más se obstaculiza de esta manera en América Latina la recuperación de sistemas de democracias plenas, con justicia, libre participación popular, estado de derecho, respeto internacional y voluntad de autodeterminación y de destino común con todos los pueblos de la región.
Finalmente, puedo asegurar que el gobierno Lenin Moreno cada vez se debilita más. Actualmente, el 85% de los ecuatorianos reprueban su gestión. En estos tres años Moreno ha empleado todos sus esfuerzos en perseguir políticamente a Rafael Correa y los líderes del Movimiento. De cara a las próximas elecciones ha redoblado la persecución contra de quien fuera su mentor político.
Entre tanto, la mayoría del pueblo ecuatoriano estamos sufriendo las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia. No hay atisbo alguno de que con este gobierno las cosas cambien, todo es desesperanza, dolor e incertidumbre.
