ECUADOR CUENTA POR PRIMERA VEZ CON UNA POLÍTICA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE EN DERECHOS

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“Vamos a dignificar las cárceles. La vida no termina ahí; nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva”; así lo afirmó el 21 de febrero, el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante la presentación de la primera Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador con énfasis en la promoción de los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

Durante este acto, además, firmó un Decreto Ejecutivo para viabilizar el otorgamiento de indultos. En su intervención, el Mandatario lamentó que el sistema penitenciario del país con sus 36 centros carcelarios haya permanecido en el olvido durante 15 años, afectando no solo a la correcta rehabilitación de los internos sino también impidiendo el ejercicio de sus derechos humanos. “No podemos olvidarnos de todos esos ecuatorianos; al contrario, debemos trabajar para que vuelvan con sus familias, con sus hijos, que tengan un trabajo y otra oportunidad en la vida”, sostuvo.

Por eso, refirió que la política busca corregir problemas como el hacinamiento y la violencia interna; al tiempo de impulsar la repatriación de presos en el extranjero. “Con firmeza y decisión, estamos poniendo orden al descontrol y la violencia (…). Pero no es suficiente, debemos ir más allá, para construir un verdadero sistema penitenciario. Como caracteriza a nuestro Gobierno, queremos dar soluciones permanentes, con una auténtica e integral rehabilitación social”, sentenció.

Adicionalmente, el Jefe de Estado resaltó en que la elaboración de esta propuesta contó con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La nueva política presentada al país contempla 12 ejes y más de 300 acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros.

Para su ejecución tendrá un presupuesto de aproximadamente USD 27 millones, en una primera fase. Además, en su construcción participaron 17 instituciones del Estado, 40 organizaciones de la sociedad civil y academia, dos instituciones internacionales, 2.600 personas privadas de libertad y sus familiares, y se realizaron nueve visitas a los Centros de Privación de Libertad y de Adolescentes Infractores.

En este contexto, Lasso realzó la labor de la Secretaría de Derechos Humanos, entidad que ha liderado la consecución de este instrumento que le dará un giro al sistema carcelario pues, entre otros beneficios, incluye la creación de carreras técnicas; convenios con empresas para brindar trabajo a los detenidos, programas de desintoxicación y atención especial a los jóvenes infractores. Asimismo, contiene mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guías, un observatorio de las acciones y un censo, “algo muy importante que contiene esta política es crear un mecanismo de comunicación con sus familiares y brindar atención a los hijos de los detenidos”, dijo.

Por su parte Bernarda Ordóñez Moscoso, secretaria de Derechos Humanos y presidenta del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social ratificó la postura inquebrantable del Gobierno del Encuentro de trabajar por los más de 35.000 internos del país. “Todos somos Ecuador y desde un principio planteamos en un solo objetivo que las personas privadas de la libertad tengan una segunda oportunidad para crecer y soñar en un proyecto que reivindique sus derechos y garantice una verdadera reinserción social”, expresó.

Con esa premisa, indicó que se planteó una hoja de ruta que incluye la participación de cada ministerio con un rol importante a fin de generar cambios reales. A esto, el director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), General Pablo Ramírez, detalló que la línea de trabajo de su cartera de Estado contrarresta, anticipa y previene impactos sobre la seguridad ciudadana; pues se ha trabajado en el fortalecimiento de la institucionalidad y reformas normativas.

Durante el evento –como una acción complementaria- el Presidente suscribió el Decreto Ejecutivo n.° 355 que permitirá acelerar los indultos para quienes podrían acceder a este proceso, pero han seguido detenidos por trámites burocráticos y actos de corrupción de anteriores gobiernos. “Con profundo sentido de responsabilidad firmo este decreto, como una acción de respeto a los derechos humanos de muchas personas privadas de la libertad. (…) El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo”, aseguró.

Finalmente, Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratificó el compromiso de su organismo de reconocer a esta población como un grupo vulnerable. Por ello estableció cuatro pilares fundamentales para su atención: seguridad en los CPL, reducción del hacinamiento, mejorar gestión penitenciaria y mejorar la rehabilitación social. “Saludamos la decisión del indulto presidencial que hoy se anuncia y que contribuye a la disminución de la sobrepoblación del sistema penitenciario y también que el Gobierno haya asumido la rehabilitación social con responsabilidad. Celebramos la voluntad del Presidente de la República de financiar implementación de esta política pública”, concluyó.

 

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