GINEBRA – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el viernes a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.
La Alta Comisionada pidió también que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre pasado.
Por invitación del Gobierno de Ecuador, la Oficina de la Alta Comisionada envió una misión que permaneció en el país del 21 de octubre al 8 de noviembre. La Alta Comisionada agradeció a las autoridades ecuatorianas por haber permitido el escrutinio internacional y por la colaboración e información facilitadas a la misión por las autoridades nacionales y las instituciones del Estado.
El objetivo de esta misión era recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos y vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas, que comenzaron en respuesta a las medidas de austeridad, entre las que figuraban la eliminación de subsidios para los combustibles, así como un conjunto de propuestas económicas y fiscales.
El equipo de la Oficina se entrevistó, entre otros, con funcionarios de alto nivel de todas las instancias del Gobierno y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios. En total, la misión realizó 373 entrevistas, de las que 83 fueron con víctimas individuales. El equipo estuvo además en tres centros de detención y realizó visitas sobre el terreno en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.
Según informaciones recibidas por el equipo, durante los 11 días de disturbios sociales, al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.
“Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano”, declaró la Alta Comisionada. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”.
El equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los agentes del orden incluyeron a la Policía y a los militares, estos últimos desplegados tras la declaración del estado de excepción. Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes.
Si bien la Alta Comisionada reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, hizo hincapié en la importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves. Además, Bachelet recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales*.
Algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla. Disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra docenas de ambulancias, incendios intencionales, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo se usaron para mostrar descontento. Según datos gubernamentales, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.
Según las cifras suministradas por entidades de la sociedad civil, hubo más de 100 agresiones a periodistas, realizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes. La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión. Grupos violentos incendiaron parte del edificio de Teleamazonas y atacaron con violencia el diario El Comercio.
En diversas ocasiones, individuos no identificados, ajenos a los organizadores de las protestas, incitaron a la violencia o realizaron actos violentos. El equipo recibió información de que la Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre estos casos.
Bachelet pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.
Otro patrón inquietante fue el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias. Durante toda la crisis se realizaron arrestos masivos y, en varios casos, se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos. Las víctimas y los testigos declararon al equipo que durante los arrestos les habían infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, hay denuncias de que en muchos casos no se observó el debido proceso: los detenidos fueron incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados y el acceso a sus abogados fue demorado u obstruido. Según los datos proporcionados por el Gobierno y la Fiscalía, el 80% de los detenidos fue puesto en libertad posteriormente, la mayoría de ellos libres de cargos. Al 20% restante se le imputó cargos que van desde infracciones, agresiones y asociación ilícita hasta acusaciones de terrorismo. Según las autoridades, este último cargo se imputó a al menos 30 personas acusadas de incendiar el edificio de la Controladoría General del Estado.
“El Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto. Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional”, afirmó la Alta Comisionada. “También debería proporcionarse un conjunto exhaustivo de reparaciones a las víctimas. Las personas no solo tienen derecho a la verdad, sino también a una reparación, que incluya las garantías de no repetición. En ausencia de estos, prevalecerá el sentimiento de decepción e injusticia”.
En cuanto a las causas de la crisis, la Oficina de la Alta Comisionada recomienda al Gobierno que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque esta sea implementada **. Dicha estrategia de participación debería extenderse a las propuestas sobre medidas económicas y fiscales -incluidas las medidas de austeridad- yespecialmente en relación con los grupos de población que puedan verse más afectados. Además, debería sería coherente con la opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que recomendó a Ecuador velar por que cualquier decisión económica que afecte a la población se adopte de manera transparente y en consulta con los grupos afectados. ***
La histórica y persistente discriminación contra los pueblos indígenas también debería ser objeto de preocupación y prioridad para el Gobierno. La Alta Comisionada instó a las autoridades a que se esfuercen en definir medidas eficaces que aborden este problema, y reconozcan que constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales.
“La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro”, declaró Bachelet. “Es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica”.
