A sus diez meses de gobernar el país, Guillermo Lasso Mendoza recibió el pasado 24 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional (AN), el rechazo a la Ley Orgánica de Atracción de Inversiones, Fortalecimiento de Mercado de Valores y Transformación Digital, que fue enviada con carácter de urgente hace un mes a la legislatura, para su trámite y aprobación.
Con 87 votos de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID), el pleno de la AN negó y archivó el mencionado proyecto de Ley, por considerar que aquel pretendía privatizar activos del Estado, como empresas, servicios públicos y los recursos estratégicos. Entre tanto los que defendían la iniciativa alcanzaron 44 votos y tres se abstuvieron.
El gobierno de Lasso, de su parte, hasta el último momento se mantuvo optimista por la aprobación de la ley y señaló “lograr la aprobación de ese proyecto de Ley es lograr un país de oportunidades para muchos ecuatorianos que buscan un empleo y no lo tienen, especialmente para las mujeres y jóvenes”. A su criterio este proyecto traería al país unos USD 30.000 millones y crearía unos 2 millones de empleos.
La AN recibió este proyecto, el pasado 22 de febrero, que según sus mentores se sustentaba en tres ejes: asociaciones públicas-privadas que permitían atender un portafolio de inversiones; consolidación de un marco jurídico adecuado para el mercado de valores que atraiga más capitales internacionales y locales; y la creación de zonas francas que propiciarían situaciones de excepciones tributarias para obtener dinero fresco en áreas donde no hay inversión; además propuestas para la transformación digital”.
REACCIONES
El mandatario Lasso al conocer la resolución de la AN mostró evidente disgusto y calificó de “ladrones y corruptos” a los legisladores que rechazaron su propuesta. Añadió “Hoy la Asamblea Nacional le dio la espalda al país a mujeres y jóvenes que claman por empleo. Esta Ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de políticos que han pedido hospitales, empresas eléctricas, ministerio a cambios de votos”.
A propósito, Lasso denunció que el candidato a la presidencia de la República por la ID, el empresario Xavier Hervas, le habría condicionado sus votos a cambio de evadir impuestos.
Daniel Noboa Azin, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la AN y ponente de la ley aseguró que la Legislatura no se ha sintonizado con las grandes demandas ciudadanas y, debido a esto, pide que se llame a muerte cruzada. En este caso, la muerte cruzada es un recurso jurídico y constitucional que faculta al poder ejecutivo a disolver la AN y convocar a elecciones generales, en un plazo de 6 meses.
Mónica Palacios, asambleísta representante de los migrantes de los Estados Unidos y Canadá enfatizó “es un honor para nosotros en la AN demostrar que estamos a favor del pueblo y no de la Banca, especialmente, con todo lo que pasó en 1999, cuando más de dos millones de ecuatorianos tuvieron que salir de nuestra patria y ahora quieren hacer lo mismo. Hoy demostramos que eso no puede volver pasar y que seguiremos en la lucha en favor del pueblo. Con la muerte cruzada nos iremos para volver, a diferencia del presidente Lasso quien no volverá a ser nunca presidente de Ecuador”.
Ronny Aleaga, asambleísta de Unes manifestó que “la aprobación de esta norma significa ganancia para el país, porque 87 legisladores rechazaron un proyecto que era netamente privatizador, que no aportaba inversiones para el pueblo ecuatoriano en ningún aspecto. Creo que la voluntad del pueblo se pronunció a través de la AN. Una muestra contundente de lo que pueda hacer una mayoría dentro de la AN en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestra gente. Asimismo, remarcó que ante la amenaza de muerte cruzada dijo que no le asusta, si tiene que venir, que venga. Nosotros no nos aferramos ni al puesto ni al cargo.
La ministra de Gobierno, de su parte, Alexandra Vela aseguró “Decirle no a la #LeyDeInversiones, es decirle no a la generación de empleos y al crecimiento económico del país. Es insólito que algunos grupos políticos remen en contra de los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos”.
PRONUNCIAMIENTOS CIUDADANOS
El último mes ha sido un tiempo para que decenas de analistas económicos y políticos expongan al país, los pro y los contra de la ley. Por lo que, el pasado 23 de marzo, movimientos sociales, organizaciones de trabajadores, estudiantes universitarios y la ciudadanía en general salieron a las calles a rechazar dicha ley a la que le calificaron de privatizadora y entreguista, en razón de que el ejecutivo lo que desea es desaparecer al Estado, entregando las empresas estatales estratégicas al mejor postor y a las transnacionales.
Advirtieron que con la palabra delegación se estaría entregando infraestructura y servicios públicos existentes, a manos lavadas a administradores privados. Empresas que fueron construidas con los impuestos de todos los ecuatorianos. Tampoco generaría empleos, ya que en el mejor de los casos mantendría los ya existentes, acotaban los ciudadanos de a pie.
Los servicios de salud, educación, seguridad con su respectiva infraestructura, según la mencionada ley pasarían a manos privadas generándoles grandes ganancias, lo cual estaría en contraposición de la Constitución que garantiza la gratuidad de los mismos. Peor aún los recursos estratégicos como el agua, petróleo, electricidad, hidroeléctricas, etc.
Los trabajadores bajo el Código de Trabajo coincidieron en manifestar que con esta ley no existiría estabilidad laboral, lo que dejaría la puerta abierta a futuros despidos y atropellos laborales y el aumento de tarifas de los servicios públicos. Consideraban que el desempleo, delincuencia y desnutrición son problemas que el Gobierno podría resolver sin necesidad de esa ley, sino con simple decisión política.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), exigió a la legislatura que “archive el proyecto, pues podría ser el más grande asalto a los bienes públicos, que no generaría empleo, crecimiento económico o recaudación fiscal, es una de las exigencias del FMI”.
El ex ministro de Finanzas, Fausto Herrera, trineó “El proyecto de ley permite feriar el patrimonio de todos los ecuatoriano y desregulariza a los bancos. Nefasto proyecto, continuación de las leyes del #ELPeorGobiernoDeLaHistoria que nos ha llevado a donde estamos, con apoyo y barra del FMI. Defiendan al país”.
Se denunció que con esta Ley se habría permitido a la Banca transportar dinero al exterior, sin control del Estado, lo que habría facilitado presuntos lavado de activos. Además, la ley pretendía utilizar el cinco por mil del presupuesto de IESS para financiar a la Contraloría del Estado, dinero que pertenece a los jubilados y afiliados.
La Federación de Estudiantes Universitario (FEUE), en un pronunciamiento público alertó que la “ley pretende dar ciertas concesiones tributarias en “zonas francas”, exonerando el pago del 10% del impuesto al impuesto a la renta por diez años, a grandes grupos económicos. Adicionalmente, se proponía eliminar el aporte del 1% de ingreso de las operadoras telefónicas que financia el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación, y saberes ancestrales, afectando directamente a la educación superior”.
El ex candidato a la vicepresidencia por Unes, Carlos Rabascal indicó “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. En los 90 se permitió a los bancos a participar en negocios no relacionados con el Sistema Financiero, esa fue una de las causas de la crisis bancaria. La #LeyDeInversiones pretende repetir ese error”.
Finalmente, sostengo que de los cuatro proyectos que ha enviado Lasso a la legislatura, todos están siendo tramitados, por esta vez la Ley de Inversiones ha sido negada, lo que de ninguna manera justifica que a los legisladores se les descalifique con epítetos ofensivos por parte del mandatario. Él debe comprender que así es el juego democrático. Por lo que debe respetar los pronunciamientos de otros poderes del Estado.
