En efecto, el “Gobierno del Encuentro”, presidido por el mandatario Guillermo Lasso Mendoza, a los 72 días de gestión tuvo su primer “desencuentro”, con diversos movimientos sociales y sindicatos, liderados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT); quienes colaboraron en su campaña electoral que le llevaron a la presidencia y, ahora, denuncian que Lasso no cumple ninguna de las ofertas de campaña.
La marcha que se realizó el pasado 11 de agosto tuvo como sede a Quito, a la que se plegaron campesinos que con bloqueos en carreteras de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Santa Elena demostraron su inconformidad con la gestión del actual gobierno. Los gremios más visibles en estos reclamos fueron el FUT, los maestros públicos agrupados en la Unión de Educadores (UNE), jubilados, estudiantes universitarios de la FEUE, campesinos agrícolas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE).
La principal demanda, de todos estos movimientos sociales y sindicatos, es la derogatoria de tres decretos ejecutivos que fueron emitidos por el ex mandatario, Lenin Moreno Garcés que establecen el ajuste de los precios graduales de los combustibles mediante un sistema de bandas; es decir, desde el 11 de cada mes se incrementa el precio del diesel y gasolina de acuerdo a los vigentes a nivel internacional.
En definitiva, la solicitud es que se congelen los precios de los combustibles, porque su alza gradual está llevando a que todos los productos de primera necesidad suban sus costos, día a día de forma imparable, lo que hace que la pobreza y desempleo se apoderen de la mayoría de los ecuatorianos. Prácticamente, estos incrementos se dan por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FM), política que fue implementada por Moreno y continua con Lasso.
Otras peticiones tienen que ver con atender a la falta de empleo e inestabilidad laboral por la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, que fue aprobada por el régimen anterior y que ha causado a que centenares de ecuatorianos sean lanzados a la desocupación. Se aspira que esta ley sea derogada.
Reclaman la poca atención que se ha brindado a la huelga de hambre de 100 maestros públicos, que están pidiendo que la Corte Constitucional ratifique la vigencia de la Ley Orgánica de Educación (LOEI), que entre sus puntos está el aumento del salario mínimo a USD 1.000. Ellos llevan 32 días en huelga, en 12 provincias del país.
De su parte, el sector campesino está exigiendo que se revisen los precios para el cultivo del arroz, toda vez que los precios no cubren los costos de producción. Su denuncia apunta a que no se cumplieron lo acordado con las autoridades gubernamentales respecto a este tema, ni se ha reaperturado la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA).
En julio, el Ministerio de Agricultura fijó el precio de la saca de grano corto a Usd 30 y la de grano largo a USD 32. No obstante, el gremio de los arroceros no está de acuerdo y solicitan un precio de sustentación no menor de Usd 35.
Los arroceros, pequeños productores de banano, maestros, transportistas de carga pesada se concentraron en las principales carreteras pertenecientes a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Santa Elena para quemar llantas, cruzar maquinarias en estas vías que unen a estas provincias con el resto de país, con la esperanza de que las autoridades gubernamentales escuchen sus necesidades .
Asimismo, Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, movimiento político de la Conaie, anunció que acompañará a las protestas sociales porque no puede ser indolente ante las quejas ciudadanas y del pueblo campesino que está sufriendo la arremetida liberal, desde el gobierno de Lenin Moreno Garcés.
De su parte, Leonidas Iza Salazar, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas (CONAIE), manifestó que, por el momento, está acompañando estas movilizaciones hasta que se concrete la Gran Unidad del Pueblo y la Ciudad, movimiento que aglutinará a los pueblos campesinos y citadinos que están padeciendo las mismas necesidades por las políticas neoliberales implementadas por el anterior gobierno y sostenidas por el actual.
En días anteriores la Conaie exigió al gobierno de Lasso que se pronuncie sobre su pliego de peticiones que apuntan a mitigar la crisis económica y fiscal que enfrenta el país, entre ellas, la derogatoria de los decretos ejecutivos 1158, 1183 y 1054 relacionados al alza de los combustibles, por lo que pidió al gobierno convoque a los sectores sociales para resolver el problema de forma integral.
La revisión de la política minera es otra de las preocupaciones que tiene la Conaie, al respecto solicitan que cese la ampliación de las fronteras para la extracción de minerales; además aspiran que se aplique la consulta previa, libre e informada a los pobladores locales antes de proceder a la explotación de estos recursos.
Entre tanto la Federación de Indígenas, Campesinos y Negros (FENOCIN), a través de su vocero, Gary Espiosa, instó al gobierno convoque a una mesa de diálogo para superar la crisis económica, política y social del país. Añadió que sus propuestas destacadas giran en torno a la focalización del precio de los combustibles, la reactivación del agro, la restitución de la educación intercultural bilingüe.
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), se sumó a las protestas y solicitaron que no se disminuya el presupuesto para la universidad pública, empleo digno para la juventud, la no privatización de las empresas públicas, defensa de la seguridad social (IESS), protección de las reservas naturales de la megaminería.
PRONUNCIAMIENTOS DEL MANDATARIO LASSO
Ante esta ola de reclamos, el presidente Lasso, en un evento público afirmó “Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador, ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren combustibles más baratos? y ¿Para qué? ¿Para qué el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos, contrabandistas o a los narcotraficantes? No quiero pensar en que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar»
Remarcó que está dispuesto a hacer esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables, “pero hablemos claro: nosotros los representamos a ellos (pobres), no aquellos que se visten de pobres pero son mercantilistas, capitalistas; solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro: no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer los que ellos quieran, son lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”.
Además, recalcó que no habrá el congelamiento de los precios de los combustibles, que sólo se subsidiará al transporte público y que el resto del pueblo tendrá que pagar el precio normal. Añadió que no cederá a presiones, dado a que los subsidios a los combustibles son aprovechados por contrabandistas y narcotraficantes.
La Asamblea Nacional exhortó al gobierno a congelar el precio de los combustibles y demandaron que se abran diálogos entre todos los sectores sociales y productivos del país.
De mi parte, puedo aseverar que la ciudadanía observa con preocupación cómo el gobierno contesta con soberbia a líderes sociales y tiene en su mira privatizar el Instituto de Seguridad Social (IESS), empresas públicas como el Corporación Nacional de Telefonía (CNT), empresas eléctricas e hidroeléctricas, Petroecuador, las mismas que fueron construidas con ahorros de la sociedad ecuatoriana y, ahora, las transnacionales a manos lavadas, pretenden recibir esta infraestructura para su usufructo.
