Tras una tensa sesión no exenta de polémicas intervenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación a Niñas, Adolescentes o Mujeres; una vez que se disminuyeron los plazos para tener acceso a este procedimiento: hasta 12 semanas de embarazo para mujeres y hasta 18 semanas cuando se trate de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Las semanas de gestación serán verificadas exclusivamente por profesionales de salud.
La propuesta presentada por la asambleísta Johana Moreira, fue aprobada con 75 votos afirmativos, 41 negativos y 14 abstenciones de 137 asambleístas. Este trámite se realizó en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso a la Defensoría del Pueblo elabore el proyecto de ley que, posteriormente, fue analizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. A esta comisión se acercaron a exponer sus criterios delegados de diversas organizaciones de derechos humanos, grupos feministas, de defensa de niños, niñas, adolescente, médicos, genetistas, científicos, etc.
La temporalidad para la interrupción del embarazo fue el nudo crítico del proyecto. Alrededor de éste se generaron controversias entre movimientos políticos antagónicos, como los provida y los proaborto. Por lo que Moreira tuvo que a, última hora, incluir cambios en la temporalidad para lograr la aceptación del texto por parte de sus colegas. Finalmente, después de dos intentos fallidos se logró aprobar. “Hemos tenido que cambiar los plazos, en contra de nuestra voluntad, para dar paso a los consensos” dijo Moreira.
Justificó los cambios aduciendo que las mujeres adultas se sacrificaron para “sensibilizar” a la Asamblea “Es sacrificio de las mujeres empobrecidas porque son ellas las que no van a poder realizarse una interrupción del embarazo”. Enfatizó que en el ámbito rural y las comunidades indígenas de Ecuador hay mujeres “que por su condición de pobreza no se dan cuenta de que están embarazadas incluso hasta la semana 20”. En el caso de las mujeres con discapacidad mental que son violadas y quedan embarazadas, se ha respetado la causal ya existente que no fija límites temporales sino atiende a “las mejores prácticas médicas”.
El siguiente paso será el envío de este texto al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso Mendoza. El mandatario como colegislador podrá promulgar el texto de forma íntegra o vetar de forma total o parcial, en un plazo de 30 días. En el caso de vetarlo totalmente, la Asamblea no podrá tratar el tema sino transcurrido un año. Lasso anunció que vetaría este texto si excedía los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional. Lasso es un político de tendencia conservadora y públicamente muy religioso, y en sus diversas intervenciones ha recalcado que la vida se inicia en la concepción y termina con la muerte.
Cabe recordar que la interrupción del embarazo en casos de violación ya está despenalizada desde abril de 2021 por una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que estaba pendiente era legislar los requisitos para su operatividad o instrumentalización.
En el país aún no se ha abordado, abiertamente, el aborto por decisión propia. Una encuestadora evidenció que un 65% de la población ecuatoriana está de acuerdo con el aborto por violación, y un 76% rechaza que una niña, adolescente o mujer que se somete a un aborto sea judicializada.
REACCIONES
Las reacciones ante la decisión de la función legislativa no se hicieron esperar, de parte de feministas y representantes del movimiento provida. En las afueras del parlamento las dos tendencias se enfrentaban con cánticos, carteles, consignas, y hasta rezos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), manifestaron “Reiteramos la postura por una #LeyJustaYReparadora a favor “#AbortoPorViolación. La Corte Constitucional ya lo despenalizó, hoy la Asamblea Nacional no puede desconocer la realidad alarmante de miles de mujeres víctimas de violencia sexual, es urgente una ley justa”.
La ex legisladora Marcela Aguiñaga afirmó “Dimos un paso, no fue la #LeyJustayReparadora que esperábamos y merecíamos, aún falta mucho camino por recorrer. Los plazos rígidos no se compadecen con la realidad. Esta lucha continúa”.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, luego de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar este proyecto dijo “Logramos un paso más en una lucha que nos ha tomado años”
Paola Cabezas, militante política aseveró “A lo largo de la historia cada conquista alcanzada por nosotras ha costado sacrificios. Hoy dimos un pequeño paso. Esperamos que las que vienen atrás no bajen los brazos y sigamos JUNTAS luchando y perseverando #LEYJUSTAREPARADORA”.
La asambleísta Luisa González tuiteó “Jamás imaginé ver tanto festejo, aplausos y alegrías por la muerte de vidas inocentes. Siempre defenderé la vida”.
Pierina Correa Delgado sostuvo “Que se recuerde el 17/02 como un día oscuro para la historia nacional; de manera nefasta se ha aprobado un informe que atenta contra la Constitución, pero sobre todo atenta contra lo más sagrado: LA VIDA. Rechazo contundentemente lo ocurrido hoy en el pleno de la Asamblea Nacional”.
En fin, un tema muy sensible que toca las fibras íntimas de las convicciones religiosas o morales de un determinado grupo social; entre tanto para otros este es un asunto de salud pública que debe ser tratado no desde los dogmas religiosos sino desde el contexto de pobreza en el que se desenvuelven muchas niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de violencia sexual, en su círculo familiar. Por lo que debe establecerse como política de Estado la protección, acompañamiento y reparación de las víctimas de este execrable delito.
