Con el propósito de investigar las causas de la crisis carcelaria ecuatoriana que se vive desde hace tres años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo tres días en el país, (1,2,3 diciembre ), tiempo en el que se reunió con las máximas gubernamentales, dirigentes de movimientos sociales, visitó centros penitenciarios de Latacunga, Cuenca y Guayaquil y conversó con el ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, quien está detenido en la cárcel de Latacunga.
Las observaciones y recomendaciones que este organismo internacional planteé al Estado ecuatoriano se darán a conocer más adelante, anunció la Comisión.
Como es por todos conocido, tan solo en este año hubo cuatro motines carcelarios que dejaron un saldo de 323 asesinatos, el más cruento sucedió el 28 de septiembre en el que fueron masacrados 118 personas por sus mismos compañeros. Este hecho atrajo la atención y preocupación a nivel mundial y, especialmente, de los organismos de Derechos Humanos.
La delegación de la CIDH mantuvo reuniones con los titulares de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Corte Constitucional, la Secretaria de Derechos Humanos, Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno, Procuraduría del Estado, la Secretaría Nacional de atención Integral (SNAI) y, desde luego, con el primer mandatario del país, Guillermo Lasso Mendoza.
CASO JORGE GLAS
No obstante, la reunión que más despertó la atención ciudadana fue con el ex vicepresidente del país, Jorge Glas Espinel, quien está detenido en la cárcel de Latacunga, provincia de Cotopaxi, desde hace cuatro años, que a decir de sus abogados fue condenado con un código derogado irrespetando el principio de favorabilidad por el caso Odebrecht. A Glas le impusieron una pena de 6 años, en lugar de cinco para impedirle volver el cargo de segundo mandatario, ganado democráticamente, en las elecciones de 2017.
Añaden que el juicio en contra de Glas estuvo lleno de irregularidades, en el que no existe una sola prueba en contra del ex vicepresidente. Es más los informes de la Unidad de Lavado de Activos UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI); la Superintendencia de Bancos, la Contraloría ratificaron que todos los ingresos y gastos, cambios patrimoniales eran producto de los salarios de Glas como servidor público.
El ex segundo mandatario fue acusado en base al testimonio de José Santos de Odebrecht, que según la legislación ecuatoriana no es una prueba. Se conoce que el pacto entre Odebrecht y el Gobierno de Lenin Moreno Garcés consistía en acusar a Glas de corrupción, a cambio Ecuador no acusaría a Odebrecht. Ecuador es el único país que no acusó a esta empresa, es más ni siquiera se le vinculó en el proceso. La brasileña Odebrecht es conocida por sobornar a Gobiernos a cambio de recibir contratos de obras multimillonarias.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (TCNJ) acusó a Glas de recibir unos USD 13,5 millones en sobornos por parte de Odebrecht para ser adjudicataria de contratos de obras, cuando fue ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012.
ORGANISMOS INTERNACIONALES INTERVIENEN
El caso Glas ha merecido la atención de varios organismos internacionales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas expresó su preocupación por el estado de salud de Glas, así como los peligros que le acechan como detenido en un centro penitenciario que también ha sido escenario de masacres. Habría que agregar que Glas ha recibido amenazas de muerte desde que fue encarcelado.
Este Grupo ha solicitado al Gobierno ecuatoriano que tome medidas inmediatas para precautelar la seguridad y bienestar de Glas, enfatizando en el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, como la liberación anticipada y medidas no privativas de libertad.
Los delegados de la CIDH se enfocaron en indagar si el Estado ecuatoriano implementó las medidas cautelares No 1581-18 en favor del ex vicepresidente, que fueron emitidas el 31 de diciembre de 2019. En su parte medular dice que Glas se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia con el Art.25 del Reglamento de la CIDH, esta solicita a Ecuador que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida personal de Jorge David Glas Espinel, particularmente valorando e implementado aquellas más apropiadas a sus circunstancias personales, y que permitan crear condiciones que aseguren y respeten sus derechos.
La reunión de los delegados de la CIDH con Jorge Glas fue reservada. Mientras tanto en los exteriores del Centro Penitenciario de Latacunga, un grupo de simpatizantes de Jorge Glas, gritaban consignas en favor de la libertad de Glas, a quien le consideran un político secuestrado por el Estado ecuatoriano por motivaciones políticas.
Además, una comisión de Eurodiputados de Izquierda decidió vigilar los derechos de Jorge Glas. La comisión está conformada por Manu Pineda de España, Sira Rego y Leila Chaibi de Francia, Sandra Pereira de Portugal, Clare Daily y Mick Wallace de Irlanda.
Los mencionados diputados enviaron una comunicación al presidente Guillermo Lasso y varias autoridades de la función judicial para que se cumpla la petición de Jorge Glas para acogerse al beneficio penitenciario del 40% de cumplimiento. Sin embargo el juez desestimó esta solicitud.
La salud del exvicepresidente es uno de los factores que se analizan judicialmente para su posible liberación. A decir de sus abogados Glas padece de ansiedad, hipertensión, gastritis y principios de artritis. De ahí que se han organizado una serie de plantones pidiendo la prelibertad de Glas.
De su parte, Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional (AN), entregó a la CIDH un informe en donde se analiza la actuación del Estado ecuatoriano frente a la crisis carcelaria. En este informe se acentúa que la rehabilitación social no se da en las cárceles del país, lo que contradice a los instrumentos de derechos humanos. Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH denunció que es notorio el abandono de las autoridades gubernamentales a los privados de la libertad.
OTRAS SENTENCIAS EN CONTRA DE GLAS
Aparte del caso Odebrecht, Jorge Glas ha recibido dos condenas más, por cohecho en el caso Sobornos por ocho años más, sentencia que está ejecutoriada. Y el caso Singue por peculado cuya sentencia no está en firme.
La defensa del ex vicepresidente pidió en la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Latacunga la unificación de penas, a favor de su cliente.
En caso de que se acepte esta solicitud, la defensa de Glas podría pedir prelibertad, que le permitiría cumplir el resto de la pena fuera de prisión. Tan solo debería cumplir medidas alternativas al arresto.
Glas ha pasado en prisión más del 50% de la pena de ocho años, y solo se requiere el 40% para acceder a la prelibertad, este es el argumento que presentó la defensa de Glas.
Esta petición fue rechazada por un juez, Luis Vallejo, debido a que existe un tercer proceso abierto por peculado.
Al respecto, el jurisconsulto Augusto Tandazo, en una radio capitalina, remarcó que “Jorge Glas sí puede acogerse a los beneficios de la prelibertad de acuerdo a lo que dictamina el Código Integral Penal con el que se le condenó. Hay que separar el proceso judicial del tema político”
Entre tanto, la ciudadanía duda de la justicia ecuatoriana, toda vez que hay una corriente de opinión que considera que en el país se está aplicando el lawfare, destinada a perseguir judicialmente a políticos vinculados con el progresismo; para lo cual montan juicios cuyo objetivo es aniquilar o dar muerte política y moralmente a sus adversarios políticos.
