Esta máxima suele decirse a quien alguna vez fungió de fiscalizador, de juzgador de los errores, defectos, mañas, manipulaciones, mentiras de los demás con exagerado vigor y rigor, porque saben que estos males cohabitan en sí mismos; esto caracterizó al otrora hombre fuerte del gobierno del ex mandatario, Lenin Moreno Garcés, el Contralor General Subrogante del Estado, Pablo Santiago Celi De la Torre.
En un hecho inédito, la noche del 16 de agosto, tras una maratónica sesión y por unanimidad (136 votos), el Pleno de la Asamblea Nacional lo censuró políticamente a Pablo Celi por incumplir sus funciones. Por lo que dispuso que durante dos años no podrá ejercer ningún cargo público, que su expediente integral sea enviado a la Fiscalía General del Estado (FGE), Contraloría General del Estado (CGE) y Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social para que investigue, este caso, en el ámbito judicial.
La moción para la censura presentó el asambleísta Rafael Lucero de Pachakutik, misma que se sustentó en el Art. 212 de la Constitución numeral dos, que señala las funciones de la Contraloría “Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con aspectos y gestiones sujetas a su control”. Moción que obedeció a la voluntad de los partidos políticos como Creo, Izquierda Democrática e Independientes.
Actualmente, Celi guarda prisión preventiva por disposición de la Fiscalía, a partir de que su sobrino Raúl De la Torre, el 14 de julio 2019, fue detenido en Miami- Estados Unidos, al ser descubierto portando maletas llenas de dinero, que según sus declaraciones fueron producto de coimas que presuntamente cobraba un grupo de altos funcionarios del gobierno de Moreno, a diversas empresas para desvanecer glosas, entre ellos el flamante censurado, Pablo Celi. Este caso se le conoce como “Las Torres”.
ACUSACIONES
Los asambleístas que plantearon el juicio político fueron Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, ambos de la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), de la línea política del ex presidente, Rafael Correa Delgado, quienes cuestionaron la legitimidad del nombramiento de Celi, toda vez que éste asumió las funciones de Contralor de forma ilegal, por lo que insistieron en su acusación de arrogación de funciones.
El interpelante Lloret fue reiterativo en señalar que Celi ocupó el cargo de Contralor sin contar con soporte legal. Su acusación se respaldó en Acciones de Personal de la Contraloría en las que se encarga a Sabett Chamoun para ese cargo, por parte del Contralor de ese entonces Carlos Pólit (2017), quien estaba en Miami. Además, se cesa de las funciones de Subcontralor a Pablo Celi. Acciones que entraron en vigencia el 2 de junio de 2017. A Celi, el personal competente de la Contraloría le entregó esta Acción, pero Celi la tomó y la rompió, episodio que fue socializado en todo el país.
Otra acusación contra Celi giró en torno al desvanecimiento a glosas a la empresa constructora Odebrecht, acción que perjudicó al Estado ecuatoriano ya que no se pudo continuar con los procesos penales que hubieran permitido castigar penalmente y económicamente a esta empresa corrupta y corruptora.
Una tercera causal tiene que ver con la inobservancia de la Ley Orgánica de la Contraloría, al entregar un contrato de publicidad a la empresa HCD Producciones, cuestionada por la Contraloría, por el pagó de más de 1 millón de dólares por una velada artística a fin de promocionar a la Contraloría. El principal de esta empresa es Daniel Salcedo quien está procesado por presuntos actos de corrupción.
Asimismo, Celi interfirió de forma grosera en las competencias de la Función Electoral, lo cual viola el artículo 16 del Código de la Democracia, que cita lo siguiente “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.
Fue acusado por delincuencia organizada, en razón de que la institución a su cargo no determinó responsabilidades civiles, penales y administrativas por el mal manejo de recursos públicos; al contrario el Contralor se habría dedicado a desvanecer glosas por alrededor de USD 13 millones en la trama de corrupción en Petroecuador EP, la telefónica CLARO, entre otros casos.
Era de conocimiento público que Celi a través de la Contraloría se dedicó a perseguir a todos los opositores políticos del gobierno de Moreno, de forma particular a los ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa, a través de la creación de glosas falsas y la extorción.
Con todos estos antecedentes, Celi De la Torre sería objeto de un juicio penal, toda vez que su hermano Esteban Celi De la Torre, ahora detenido, declaró que los dineros del desvanecimiento de glosas o extorción se repartían entre algunos funcionarios, que laboraban en la Presidencia de la República, cuando fue presidente Lenin Moreno, Petroecuador y la Contraloría.
EL DEBATE
El juicio político que duró unas 13 horas tuvo que seguir varios pasos: en primer lugar los interpelante tuvieron dos horas, cada uno, para presentar las pruebas testimoniales y documentales en contra del acusado.
Juan Cristóbal Lloret le fustigó de manera contundente a Celi, a quien le acusó de haberse tomado la Contraloría por la fuerza y no por un acto administrativo. En una oda al cinismo nunca demostró la legalidad de su cargo, ni explicó por qué firmó el desvanecimiento de la glosa por USD 112 millones a la empresa telefónica Claro, entre otras graves acusaciones.
De su parte, Viviana Veloz le reprochó por vender a la institución al mejor postor. Con sus acciones destruyó la vida de muchas personas y sus familiares. Añadió que “la Contraloría debe dejar ser peaje donde se cobran y reparten los frutos mal habidos de acuerdos”.
Tras estas exposiciones, Pablo Celi, se declaró como un reo de conciencia y de la venganza. Solicitó el archivo del juicio político en su contra. Aseguró que existieron violaciones, de parte de la comisión de Fiscalización y Control Político a la Constitución e Instrumentos Internacionales en la tramitación del proceso, por lo que pidió se le llame la atención al presidente y miembros de esa comisión.
Acusó al poder legislativo de encubrir con este juicio político su propia crisis interna, la crisis institucional del país y los supuestos verdaderos motivos por los que él está en prisión. “Este es un juicio de ocultamiento, no es un juicio de transparencia. Los fines que persiguen no pueden declararse”.
La mayor parte de su alegato dedicó a fustigar al “correísmo”, movimiento al que acusó de preparar los argumentos para enjuiciarlo y deslegitimar su gestión, desde hace años.
Posteriormente, hubo la contraréplica de los interpelantes, quienes se ratificaron en sus acusaciones y pidieron que la Asamblea lo censure. Lloret lanzó una frase que causó hilaridad en el Legislativo: CELI MAFIOSO IGUAL QUE SU SOBRINO MAÑOSO.
Finalmente, se desarrolló el debate entre los asambleístas, que coincidieron en calificarlo a Celi como culpable de las acusaciones que le imputaron los interpelantes, a la vez que solicitaron su enjuiciamiento político.
REACCIONES
El ex mandatario, Rafael Correa Delgado, señaló que «la condena a un delincuente es solo el primer paso para recuperar la verdad después de 4 años de atroces mentiras, persecución y destrucción, envenenando el alma y mente del pueblo ecuatoriano. Exigiremos la prometida Comisión de la Verdad. Agregó, los corruptos siempre fueron ellos».
El asambleísta, Roberto Cuero, se preguntó ¿por qué es necesario el juicio político contra Pablo Celi? Porque adjudicó en tiempo record un contrato lleno de irregularidades por Usd 1millón 150 mil a la empresa HCD Producciones de Daniel Salcedo, para la difusión de la gestión de la Contraloría.
El también asambleísta, Pabel Muñoz dijo “Celi ha sido censurado unánimemente. Fue usado por Moreno y la transitocracia y cuando dejó de ser útil lo desecharon como pañuelo nasal. El peor castigo para él es que lo audite la Contraloría que estableció, no la de los funcionarios honestos, sino la de sus operadores”.
El jurista y asambleísta Fausto Jarrín manifestó “Ocupó el cargo de Contralor General del Estado sin contar con soporte legal, a la vista y paciencia de autoridades, gremios, politiqueros y prensa, porque en su odio, todo se justificaba. Celi ha sido abandonado hasta por quienes lo aplaudían”.
La asambleísta Paola Cabezas expresó “Las causales del juicio político contra Celi fueron tan contundentes, que Celi se dedicó a atacar a la Revolución Ciudadana, lo que confirma su rol persecutor. Ahora es tarea de la justicia cumplir con su parte”.
