Ecuador: Festejar el Día de la Mujer cada 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con flores, chocolates, regalos, poemas, saludos, canciones y decenas de etcéteras; o acudir a la memoria histórica que rememora las luchas y reivindicaciones logradas través de años de organización, movilización y, ante todo, sensibilidad social frente al dolor e injusticias que las congéneres encaran en su cotidianidad es motivo de diferencias entre estas dos visiones contrapuestas.
Me inclino hacia la segunda visión, toda vez que he seguido de cerca a las lideresas que iniciaron su bregar en las calles por el derecho al voto, derecho al trabajo y salario digno, eliminación de toda clase de violencias, acceso a la educación y la salud, y equidad de género.
Hoy en día, a estas aspiraciones, entre otras, se han sumado el derecho a la autonomía y soberanía de los cuerpos, los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente, el reconocimiento a la pluralidad de rostros y voces, como las de las indígenas, las luchadoras comunitarias, las afro ecuatorianas y en general las empobrecidas víctimas de las políticas neoliberales implementadas en este periodo gubernamental y la pandemia producida por el Co vid-19.
Cada vez se escuchan más las demandas femeninas exhortando a la sociedad y a la institucionalidad del Estado que pasemos del plano contemplativo al convencimiento de que las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres se hagan realidad: que el machismo, el sistema patriarcal, la trata de mujeres, el femicidio, la violencia sexual y el incesto contra niñas y adolescentes al interior de las familias, el acoso laboral, la marginación educativa, la penalización del aborto por violación sean erradicadas a través de políticas públicas firmes y presupuestadas, y el apoyo decidido y desinteresado de movimientos sociales.
MUJERES TRAS LAS REJAS
Lo que he descrito son problemas femeninos visibles que se discuten en diversos escenarios públicos. No obstante, hay mujeres que están en situaciones de extrema vulnerabilidad como las privadas de la libertad, quienes por carencias de recursos económicos y falta de referentes morales delinquen y van a parar en las cárceles del país. La situación de estas féminas no es abordada de manera abierta y frontal.
Es conocido que dentro de las cárceles también existe discriminación e inequidad que se expresa en la explotación a las mujeres de menores recursos económicos por parte de mafias que cobran estadía, alimentación, conectividad, seguridad y otros servicios. De ahí que afirmar que en estos lugares se “rehabilita” a las detenidas es un gran engaño. El Estado es el encargado de tutelar y rehabilitar a esta población con actividades laborales y/o educativas, pero en este gobierno esta responsabilidad ha sido ignorada.
Visitar estos lugares constituye una experiencia muy dolorosa. Por sentido común se infiere que a la mayor parte de las privadas de la libertad les caracteriza la pobreza, dentro y fuera de estos recintos. A su salida les espera la soledad, la miseria, el abandono, el discrimen y violencia. Ingratas compañeras de su existencia.
Laddy Almeida, en su tesis doctoral de abogacía, señala que el abandono, maltrato infantil, pobreza, corrupción, drogas, delincuencia, pedofilia, violencia física y sexual, prostitución y cárcel son algunas palabras claves que identifican la historia de vida de muchas detenidas. Recalca que “La escasa capacitación laboral o profesional fueron factores que impidieron el acceso a trabajos dignos bien remunerados, por lo que entre el cumplimiento de actividades domésticas, o la práctica de los trabajos informales más austeros, algunas buscaron en el ejercicio del delito una fuente de generación de ingresos económicos para su subsistencia y el de sus familias”.
La permanencia en estos centros por parte de las reclusas se agrava cuando son madres. “La situación de niños y niñas que también cumplen condena junto con sus madres y de aquellos que quedan en el desamparo o bajo el cuidado de familiares a los que nadie califica de idóneos”, advierte Almeida. Es decir, la sanción penal de ellas implica, también, una sanción social para sus grupos familiares que se desestructuran con su ausencia.
Los hijos e hijas tienen alta probabilidad de crecer inmersos en la vergüenza, el vicio, el maltrato, la pobreza, la ira. ¿ Acaso este no es un escenario ideal para la construcción de una nueva generación en situación de riesgo?. ¿Quién vela por los derechos de estos niños, su salud física y sicológica?. Las respuestas son desalentadoras, remarca Almeida.
Considera Almeida que la verdadera lucha debe ser contra los causales que motivan el delito y no contra los delincuentes. Aislarlos y excluirlos, no solucionará los problemas que aquejan a la sociedad en materia criminal. Si bien una situación económica adversa puede incidir en el acercamiento a comportamientos criminales, debe puntualizarse que excepcionalmente se presenta esa relación causa-efecto; ya que hay mujeres empobrecidas enfrentan la realidad de diversa forma según su resiliencia.
A decir de Andrea Aguirre, la gran mayoría de las mujeres que infringieron la ley, optaron por delitos que , mientras son cometidos, no implican violencia ni riesgo de muerte para las víctimas, sino para quien delinque, como son el transporte de trans-porte intra o internacional de cantidades poco considerables de drogas ilegales, y la venta al menudeo de las mismas. El resto está por robo, estafa, abuso de confianza.
Otro grupo en condición de doble vulnerabilidad en prisión son las adultas mayores y las mujeres que padecen enfermedades catastróficas o ambas situaciones a la vez, que les coloca en situación de triple vulnerabilidad. La precaria atención en salud, en estos centros, no solo en términos de curación sino de prevención es otro problema denunciado que no ha sido resuelto por las autoridades.
Amerita señalar que en Ecuador existen 2.525 detenidas, el 90% de este grupo es madre. El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes, (SNAI), en el sistema penitenciario hay 64 madres viviendo con sus hijos y otras 21 se encuentran en estado de gestación.
Actualmente, sólo se permite que las mamás vivan con sus hijos hasta los 36 meses de nacidos (3 años). Luego, los infantes van a una familia ampliada (padres, abuelos, tíos, etc).
LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
La francesa Simone de Beauvior, en su libro El Segundo Sexo asegura que: “NO SE NACE MUJER SE LLEGA A SERLO”, esta declaración , desde luego generó diversas interpretaciones y polémicas, pero si nos atenemos a las estructuras mentales de nuestra sociedad nos damos cuenta que ella tiene razón en su afirmación.
El abogado Pablo Coloma Villacís, en su estudio sobre “Reflexiones en torno a la Violencia contra las Niñas en la Justicia Juvenil” menciona que: “el espacio “natural” asignado para la mujer ha sido el hogar, el cuidado de la familia: hermanos, padres, esposo, hijos; en definitiva, el ámbito privado. Al hombre, por su parte, desde temprana edad se le ha atribuido lo público, la interacción social, la calle; áreas donde rige la ley de la selva. Por ello, está íntimamente asociado a lo masculino el prototipo de sujeto competitivo y feroz; a la mujer, la figura maternal, sensible, débil y, por ende incompetente para el ámbito público”. En otras palabras la sociedad se encarga de construir los roles que deben cumplir los hombres y mujeres.
Al tocar el tema de las niñas afirma que son víctimas de una relación vertical entre adultos y niños, a esto se suma el adultocentrismo que concibe a las niñas y niños como ciudadanos de segunda categoría. Añade la vulnerabilidad relacionada con la minusvalía y las caracterizaciones que los adultos imputan a la niñez y adolescencia.
Puntualiza los diversos tipos de violencia que se ejercen en la familia, que debería ser el espacio para proteger a estos grupos, como son agresiones físicas y sicológicas, que son elementos de coerción y control. La erradicación de esta violencia provoca indignación en algunos adultos, asegura Coloma.
A nivel familiar las niñas son víctimas de índices mayores de incesto expresada en violencia sexual o de gente allegada. Es decir, las niñas no se embarazan por decisión propia, pero son obligadas a tener hijos no deseados. En el caso de niñas de los sectores populares, ellas son las encargadas de ejercer las tareas de “segundas madres”, cargando responsabilidades ajenas a su edad, sin la posibilidad de vivir su niñez a plenitud.
La violencia contra la niñez y adolescencia en el Ecuador está también exacerbada por la presencia de redes de tráfico de pornografía infantil, explotación sexual, trata de niños, niñas y adolescentes, LGBTI, el microtráfico y la permanente discriminación.
Las adolescentes con responsabilidad penal en Ecuador son pocas. A diciembre de 2019, de un total de 958 adolescentes, 54 eran mujeres quienes cometieron delitos como la comercialización de sustancias ilícitas, seguidas por robos, y de forma excepcional, por delitos contra la vida, asegura Pablo Coloma.
Menciona que las dificultades que atraviesan las adolescentes privadas de la libertad se generan por la ubicación de los centros de privación de libertad en las ciudades más grandes del país, lo que genera que las adolescentes provenientes de ciudades pequeñas y apartadas no puedan recibir visitas de sus familiares. El problema es más grave es para aquellas adolescentes que tienen hijos.
Otro problema sensible a ser encarado es el embarazo adolescente. En Ecuador se registran 65 partos cada día. Se registran unos 26.00 partos en menores de edad cada año. Esta alarmante cifra pone al país en el segundo lugar con la más alta tasa de embarazos prematuros de Latinoamérica.
Esto tiene profundas consecuencias físicas, emocionales y sociales para las adolescentes. Pero también tiene implicaciones económicas para sus vidas y el país. De hecho el círculo de la pobreza se mantiene y la educación formal se ve interrumpida. Las adolescentes embarazadas tienen que abandonar sus estudios. Una adolescente con escasa educación tiene menos capacidades, habilidades y oportunidades para insertarse al mercado laboral. Esta situación le cuesta al estado 270 millones de dólares anuales, da a conocer un informe de la UNICEF.
Según la UNICEF, las mujeres que fueron madres en la adolescencia están en desventaja frente a quienes postergaron su maternidad. Las brechas más importantes son educativas y por ingresos laborales. De acuerdo a los datos, quienes no fueron madres en la adolescencia tienen 6% más probabilidad de terminar la educación primaria y secundaria y el 11% más de llegar al nivel superior.
