ECUADOR, CHILE Y ESPAÑA DIALOGAN SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA JUSTICIA EN EL TRATAMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

0
1487

El Consejo de la Judicatura (CJ) realizó, el pasado  11 de junio de 2020, el Conversatorio Internacional  “Dos pandemias: COVID – 19 y violencia contra las mujeres, niñas y niños”

Este diálogo virtual contó con la participación de importantes autoridades internacionales, entre ellas, la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del CJ; la doctora Ana Belén Alonso González, Letrada del Tribunal Constitucional del Reino de España; y, la doctora Andrea Machuca, Psicóloga del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica de Chile. La moderadora del evento fue la Ph.D. Bibiana Aído, Representante de ONU Mujeres para la Región Andina.

El objetivo del conversatorio fue intercambiar ideas y experiencias sobre las estrategias y acciones que se requieren para garantizar, a niñas, niños y mujeres su derecho, una vida libre de violencia; además de fortalecer las medidas adoptadas durante el confinamiento y enfrentar los desafíos que se presentan con la reapertura de actividades.

Durante su ponencia, la Presidenta del CJ habló sobre “Los retos institucionales de los Poderes Judiciales para responder de manera integral a las dos pandemias”.

María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del CJ;

La doctora Maldonado expresó su preocupación ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género de 2019, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De ellas, el 35% ha sido víctima de violencia física; el 57%  psicológica; y, el 33% sexual.

Asimismo, indicó que la violencia de género también afecta a niñas y niños. Señaló que en el país, 4 de cada 10 de ellos, ha sufrido maltrato extremo.

Recordando a Eliezer Wiesel (Nobel de la Paz 1986), la Presidenta del CJ manifestó que frente a esta problemática no cabe asumir una posición neutral porque esto beneficia al agresor y nunca a la víctima.

Indicó que durante la pandemia han estado operativas 164 unidades judiciales especializadas, con 100 servidores, para atender casos de  violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar.

“Tenemos, no solo el compromiso institucional, sino la férrea y firme voluntad política y el compromiso personal de las autoridades, para enfrentar esta terrible epidemia de machismo que azota a nuestras sociedades”, dijo

De su parte, Ana Belén Alonso disertó sobre “El rol de los Tribunales y Cortes Constitucionales frente a las pandemias COVID-19 y violencia contra mujeres, niños y niñas”.

Entre otras cosas, destacó que para enfrentar temas de violencia es necesaria la especialización. “Tanto España como Ecuador cuentan con jueces especialistas en la materia previstos en sus códigos orgánicos que hacen que la sensibilización social también se traduzca en sensibilización jurídica”, señaló.

De igual forma, Andrea Machuca abordó la “Importancia del apoyo psicológico a las víctimas de violencia para sus procesos de autonomía durante y después del confinamiento”.

La experta expresó que la violencia es un problema de salud pública y de derechos humanos. “El confinamiento está amenazando la autonomía física y la autonomía en términos de toma de decisiones de las mujeres”, sostuvo.

Como una alternativa para luchar contra la violencia, la doctora Machuca propuso  que todos los operadores sociales constituyan espacios de reparación y restauración para las víctimas de violencia.

Al cerrar el evento, Bibiana Aído expresó que la nueva normalidad, después de la pandemia, debe orientarse a una mayor inclusión social e igualdad de género para lo cual es necesario el compromiso activo de todas y de todos. “No apostemos a la recuperación, apostemos a la transformación”, manifestó.

Al evento asistieron representantes de organizaciones y movimientos nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Este conversatorio se enmarca en el cuarto eje de acción del CJ Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

 

 

Dejar respuesta