Esta es la pregunta que de forma reiterativa se hace el pueblo ecuatoriano, toda vez que el pasado marzo el mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno Garcés, informó que su gobierno había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); acuerdo al que calificó como “Plan de Prosperidad”, toda vez que éste permitirá modernizar la economía, fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleo para las generaciones futuras.
A decir del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez Alvarado, el Plan de Prosperidad tiene cuatro pilares: reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización; generar empleo y crecimiento a través de mayor competitividad; promover la igualdad de oportunidades y proteger a los pobres y vulnerables; y, garantizar un clima de transparencia y buen gobierno.
Para implementar este programa, el gobierno solicitó al FMI, en primer lugar, por el lapso de tres años, la cantidad de SDR 3.035 mil millones. Además, asegura que otros socios internacionales han acordado otorgar financiamiento por alrededor de USD 6 mil millones en el transcurso de los próximos 3 años.
Esta acción, prácticamente, ha levantado una oleada de protestas en todo el país porque según muchos analistas económicos el FMI nunca ha logrado “salvar” a ningún país que supuestamente entró en una crisis económica. Además, han destacado que la crisis ecuatoriana ha sido inducida para favorecer a las élites empresariales.
Coinciden que el endeudamiento con el FMI traerá recortes en gastos de inversión social, reducción del tamaño del Estado, disminuciones salariales, supresión de subsidios, elevación de impuestos, privatizaciones de activos estatales, priorización del pago de la deuda en desmedro del desarrollo del país, lo cual produciría una debacle social.
Para no especular y tener un concepto, claro y fundamentado, de lo que significa la firma de esta Carta de Intención invité al analista económico y catedrático universitario, Marcelo Varela Enríquez, para que nos guié en la comprensión de este tema un tanto complicado.
La Defensoría del Pueblo, por reiteradas ocasiones, ha exigido al gobierno de Lenin Moreno el acceso a toda información y datos completos del acuerdo con el FMI, él se niegan a hacerlo, cuáles serían las causas?
Las causas que el gobierno tiene para no presentar a la Defensoría del Pueblo toda la información del acuerdo tiene que ver con el compromiso adquirido con el FMI, el mismo que está basado en metas cualitativas y cuantitativas exigidas por el FMI. Las metas cualitativas son reformas a la Constitución que vulneran el derecho a la salud, educación, ambiente sano, derechos laborales; es decir, reformas que están contempladas en la documentación que no quieren entregar. Las metas cuantitativas apuntan a los cambios presupuestarios atados a la reducción del gasto público y los condicionantes para la reforma al Código Orgánico de Finanzas Publicas, reforma tributaria, reformas de leyes que permitan la flexibilización laboral, flexibilización del sistema financiero, privatización de las empresas públicas y, todo el aparataje de condiciones que la Carta de intención con el FM establecen.
-¿Hasta qué punto es verdad que el acuerdo con el FMI revive los intereses empresariales, económicos, sociales e ideológicos de los grupos oligárquicos del país?
Debemos plantearnos que esto recién empieza y que tiene un proceso. Concretamente recoge la propuesta económica de las oligarquías en lo que se llamó el Foro de Economía y Finanzas Públicas, mismas que fueron asumidas en su totalidad por el actual gobierno; mientras que las otras 4 que eran propuestas heterodoxas fueron ignoradas. Posteriormente vino la designación del ministro de Economía, un asalariado del gran capital, de las grandes cámaras y a través de quien se lleva adelante todos los propósitos empresariales con la venia del Presidente de la República, Lenin Moreno. Es decir se reviven los propósitos empresariales, económicos, sociales e ideológicos del modelo empresarial emprendido por el Estado burgués, en las décadas del 80 y 90 y entrada del siglo XXI. Recordemos que esta es la XIX Carta de Intención, Carta que contradice lo que dice la Constitución, en cuanto a los ámbitos económico y social.
¿Hasta qué punto contradice, este acuerdo, con lo establecido en la Constitución de 2008?
Me voy a remitir a todos los componentes de este acuerdo que contradicen a la Constitución y a la soberanía económica, a la política fiscal, el endeudamiento, al Presupuesto General del Estado, régimen tributario, política tributaria, política monetaria, política comercial, sistema financiero, sectores estratégicos. En definitiva, cada uno de estos principios son violentados.
En lo que tiene que ver con la soberanía económica, se viola el Art. 284 de la Constitución que dice que la política económica tendrá estos objetivos “ asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional; impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo con respeto a los derechos laborales; mantener la estabilidad económica entendida como el máximo nivel del producción y empleo sostenible en el tiempo; propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios, en mercados transparentes y eficientes”.
Al respecto qué dice la Ley de Fomento Productivo, qué dice la Carta de Intención, simplemente, van en contra de todos estos principios de soberanía económica. El tema de la distribución del ingreso se violenta con las reformas tributarias. La política fiscal es violentada porque en el Art. 285 dice que tendrá como objetivos específicos “el financiamiento de servicios y bienes públicos y la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados”. Ahora, con la reforma tributaria se prevé la eliminación de subsidios, la Carta de Intención señala que se tiene que privilegiar impuestos indirectos y eliminar los directos. Decisiones que van en contra de esta política fiscal.
Respecto al principio sobre el endeudamiento, el Art. 290 menciona el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: “se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes; se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos y el buen vivir y la preservación conservación de la naturaleza; con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador; y, los convenios de renegociación no contendrán de forma tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo o usura”.
Este préstamo de UDS 10.200 millones a 30 años a una supuesta tasa beneficiosa del 5% atenta contra todos los principios constitucionales porque se va a renegociar la deuda para pagar otra deuda, sin que esto genere condiciones más beneficiosas al país, porque al cabo de 30 años, vamos a terminar pagando más de 25,000 millones de dólares por ese endeudamiento con el FMI. En cuanto al presupuesto general del Estado, el Art. 293 ordena “la formulación la ejecución del Presupuesto del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo”, al respecto qué propone la Carta de Intención: la reforma al Presupuesto General del Estado está en función de lo que ordena el Tratado IV del Acuerdo con el FMI el mismo que no está sujeto al Plan Nacional de Desarrollo. De otra parte, el Art. 299 dice que el presupuesto estatal “se gestionará a través de una cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central con las subcuentas correspondientes, en el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las Empresas Públicas y los gobiernos descentralizados, y demás cuentas”.
También la Constitución ordena “que los recursos públicos se manejarán en la Banca Pública de acuerdo con la Ley. La Ley establecerá los mecanismos de acreditación, se prohíbe a las entidades del sector público invertir sus recursos en el exterior, sin la autorización legal”. Al pretender la reforma estructural del Presupuesto General del Estado, y adicionalmente, pretender hacer autónomo al Banco Central, que es parte de las reformas cualitativas de este acuerdo con el FMI, hace que este principio se vulnere. Es decir, todo un retroceso, toda una condición de volver a lo anterior, cómo se ejecutaba el presupuesto, a cómo el Banco Central se manejaba, y en manos de quiénes estaban.
En lo relacionado con el régimen tributario el Art. 300 menciona “el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos dice este Art. 300. La reforma tributaria se pretende direccionar a la generación de impuestos indirectos por sobre los directos. Eliminar impuestos directos que van en contra de todos estos principios de régimen tributario basados en la progresividad y equidad. La propia Ley de Fomento Productivo exonera el pago de impuestos por 20 años que va en contra del principio de suficiencia recaudatoria ya que el Estado durante estos 20 años no va a recibir impuestos. Esto es un atentado contra el futuro del país, a las condiciones financieras del Estado.
Sobre la política monetaria el Art. 303 dice “la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central”. Cuando se pretende llevar al Banco Central a ser autónomo va en contra de este principio porque que el Banco Central dejará de ser una persona de derecho público. Este mismo artículo menciona “el Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la Ley”. Entonces, la ley dispone que la función ejecutiva instrumente toda la política monetaria, crediticia, financiera mediante el Banco Central. Ahora, lo que se está haciendo es un atraco a la ley, es una violentación a la Constitución.
La única forma que les queda a ellos es reformar estructuralmente la Constitución, pero, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Transitorio, que ha designado a una persona afín a la banca, Ruth Arregui, se va a llevar adelante lo que la Carta de Intención menciona como es la flexibilización del sistema financiero sin recurrir a reforma constitucional. ¿Qué implica esto?, que las tasas de interés tienen que subir.
Sobre la política comercial el Art. 304 manda “la política comercial tendrá los siguientes objetivos: desarrollar y fortalecer los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. Qué se está haciendo, ahora, al liberar el mercado externo, la eliminación de aranceles y la propuesta de firmar TLCs a diestra y siniestra; estas decisiones atentan contra este principio de dinamizar los mercados internos. Por lo que estamos con una balanza comercial no petrolera en 2018 negativa en cerca de USD5.000 millones. La balanza comercial sólo en enero de 2019 bordea los USD 300 millones de déficit. Es decir, todo lo referente a la política comercial planteado por el FMI, atenta contra este principio direccionado hacia la dinamización de los mercados internos y no digamos en el sistema financiero.
Al respecto el Art. 308 dispone que “las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse, previa autorización del Estado de acuerdo con la Ley, tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. El Estado fomentará el acceso a los servicios públicos y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anastocismo y la usura”. Pero qué pasará con la designación de Ruth Arregui, simplemente, que todo este principio se va a violentar; sobre todo, la liberalización de las tasas de interés con el supuesto de traer inversiones y ahorro al país, lo que no sólo se negará este principio de acceso al crédito. Ya vimos el primer ejercicio de violentación de este principio en noviembre de 2018, cuando a espaldas de la población ecuatoriana, se aplicaron mayores costos financieros para la población, mismo que hasta ahora no han sido restituidos.
Para finalizar, el tema de los sectores estratégicos “el estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, prevención, precaución y eficiencia”; de esto habla el Art. 313 de la Constitución. Además señala que “los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social; se considera sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de los hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley; En el Art. 314 menciona que “el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos, de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuarias y aeroportuarias, y lo demás que determine la ley; el Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universabilidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
¿Qué implica esto? que todos estos sectores, fundamentalmente, las hidroeléctricas, CNT, pasan a manos del sector privado, automáticamente los precios van a cambiar. Esto afectará a los principios de la provisión de los servicios públicos, toda vez que en manos del sector privado los precios de los servicios se van a incrementar. Produciendo lo que se conoce como el efecto de exclusión, es decir, quien no pueda pagar por esos servicios, simplemente no lo recibirá. Hay que considerar que ya se ha aplicado la eliminación de los subsidios; entonces aquí vemos una condición contradictoria con lo que señala la Constitución y, qué ha hecho la Asamblea al respecto, absolutamente nada.
– ¿Cuáles serían los puntos más oscuros de este acuerdo?
Les definiría en tres grandes componentes: el primero es el eufemismo utilizado en todos los condicionantes que hace que la gente no tenga claridad sobre lo que se pretende hacer, por ejemplo: a la reducción del gasto público le llaman “Prudencia en la Política Fiscal o Racionalización de las Operaciones del Gobierno”. A la privatización la llaman “Concesión o Moneterización de Activos” cuyos derechos serán otorgados a socios privados. Al endeudamiento le llaman “Beneficios para el País”. La flexibilización laboral la definen como “Introducción de Contratos Laborales Menos Rígidos”. A la eliminación de subsidios le dan el nombre “Reordenamiento de la Posición Fiscal”. La reducción de salarios tiene el nombre de “Armonización de Sueldos y Salarios”. A la liberalización del sistema financiero le denominan como “Confianza en el Sistema Bancario y Sistema Financiero más Competitivo” y a la reforma tributaria le llaman “Actualizar el Sistema Tributario”.
El segundo componente lo pongo en el supuesto beneficio de la tasa de interés del 5%, pero, qué sucede en este supuesto beneficio de la tasa de interés. Al finalizar los 30 años sólo en intereses vamos a pagar más de USD 25.000 millones, esto es totalmente perjudicial para el país.
Y tercer componente oscuro son todas las reformas que se llevarán a cabo como las económicas, presupuestarias, laborales, todo ese programa de flexibilización laboral atado a la famosa competitividad. La propia flexibilización del sistema financiero y todas las reformas estructurales que se van a aplicar en Ecuador, basadas en reformas de leyes en la Asamblea cuando la norma superior es la Constitución. Pienso que si quieren llevar a cabo estas reformas debe primero reformarse la Constitución.
5.- ¿Cuáles serían los principales perjudicados con este acuerdo?
Prácticamente, todas las familias ecuatorianas. Los más pobres y los no tan pobres. El futuro de nuestros hijos ya que con este acuerdo con el FMI se está hipotecando el futuro del país.
6.- Esto de la flexibilización laboral sería importante ampliarle un poco más y, sobre todo explicar el por qué los clásicos dirigentes laborales están callados.
La flexibilización laboral se sustenta en propuestas de las grandes Cámaras de Producción por la supuesta competitividad, lo que implica hacer trabajar más por menos paga. Asunto planteado por las grandes cámaras del gran capital del Ecuador: reformas al Código Laboral que busca reducir los salarios, cambiar las horas de trabajo, cambiar los periodos de contrato; esto termina afectando varios beneficios sociales para la población, como es el aporte a la propia seguridad social, afectación a la jubilación porque si se lleva los contratos con periodos de menor tiempo, no sólo que el patrono no va a tener que pagar los beneficios sociales sino que tampoco paga por jubilación. Esto es lo grave.
Por qué el silencio de los clásicos dirigentes sindicales, porque ellos han actuado sólo pensando en sus propios de beneficios. Si recordamos los dirigentes sindicales, indígenas y maestros manejados por el ex MPD eran los mayores opositores al gobierno de Rafael Correa, en vista de que él les retiró todos sus privilegios a la gran dirigencia,. Hoy están callados porque les devolvieron las prebendas y beneficios. A los dirigentes de los maestros les devolvieron el Fondo de Cesantía, a los dirigentes indígenas les devolvieron el aporte del Estado y hasta el edificio donde funcionaba la UNASUR les van a entregar, a los dirigentes sindicales les devolvieron los aportes del estado. Esto es mucho peor que la propia corrupción.
7.- ¿Cómo afecta a los pobres la reducción del gasto público?
Se ven afectados los servicios de educación, salud, programas sociales y toda la reducción de subsidios que ya estamos viendo. Además, esta reducción del gasto público afecta a los más pobres porque se merma la demanda agregada y obra pública. La demanda agregada y la oferta pública genera empleo. Qué pasa cuándo se reduce el gasto público, los pobres se llevan las de perder porque ellos participan en la ejecución de la obra pública.
8.- Se especula mucho respecto a las privatizaciones de los activos estatales.
Las privatizaciones son la entrega de activos o empresas públicas a manos del sector privado. Para esto la Carta de Intención clarifica de cómo llevar a cabo: se va actualizar las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas, con mayor exactitud los costos y los precios del mercado. Además monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados. Qué implica actualizar las tarifas en esa Carta de Intención, simplemente, elevar las tarifas actuales para dejarlos en un nivel superior de precio para cuando las empresas privadas se hagan cargo de las públicas obtengan más ganancias. Asimismo, el momento que pase las empresas públicas al sector privado, automáticamente, los precios de los servicios serán incrementados. Al monetizar los activos los precios reales de las empresas públicas bajan para ser entregadas al sector privado a “precio de gallina enferma”.
Se menciona que esto de la concesión va a generar más ingresos al Estado, mi pregunta es cómo el gobierno va incrementar ingresos de las empresas públicas si por ejemplo: hoy CNT tiene al momento USD 100 de ganancias, al pasar al sector privado, este sector no tendría los mismos USD 100. Asumamos que el sector privado va a pagar el 25% al Estado, cuando ahora recibe USD 100. Simplemente no van aumentar los ingresos como ellos afirman.
Se señala en la Carta de Intención que una parte de los ingresos generados por estas medidas permitirá aumentar los gastos de asistencia social y proporcionar un mayor apoyo a los más vulnerables: falso. Estoy demostrando que el Estado va a recibir menos. Además hay que considerar que los impuestos directos no se recibirán por más de 20 años y si se concesionan estas empresas al sector privado y el sector privado realiza inversiones, ya no necesita dar ni el 25% al Estado. Esto generaría una pérdida de activos, ingreso y deterioro de activos, en manos del sector privado.
9.- ¿Qué le queda al pueblo ecuatoriano frente a esta arremetida?
Lo único que le queda al pueblo ecuatoriano es salir a las calles y pedir que no se continúe con este acuerdo ya que sería el acabose del país. También, presentar demandas nacionales e internacionales a los culpables de la destrucción del país y aplicar el principio de repetición a todos lo que están detrás de la catástrofe del país.
