Lo único efectivo sería una campaña virtual por Internet donde se le envían cartas, correos electrónicos y comunicados a cada miembro del congreso y la prensa internacional solicitando acción inmediata sobre la Junta de Control Fiscal o pidiendo la eliminación de la misma.
La otra opción es la de rentar cinco aviones para ir a Washington, DC como país y hacer la protesta masiva frente al capitolio.
El gobierno de Puerto Rico tiene una deuda actual de 7,500 millones de dólares a los bonistas de corporaciones públicas tomaron este dinero prestado, pero que ahora, cuando los términos de esos préstamos están vencidos, cuando ya nadie les presta más dinero, nos vemos en la encrucijada de afectar directamente a los ciudadanos que no tomaron parte en la decisión de los préstamos a los bonistas. Todos los ciudadanos de Puerto Rico quedan afectados negativamente porque ahora hay que cortar horas de trabajo, reducir servicios, tomarle dinero al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, cerrar clínicas, hospitales, reducir cantidad de retiro, reducir las operaciones de las oficinas de gobierno.
Se entiende perfectamente el comportamiento y la falta de confianza de la Junta Federal de Control Fiscal. Se le ha mentido por tanto tiempo a los federales sobre la condición económica y los gastos reales del gobierno de Puerto Rico que ahora no le creen nada de lo que digan que pueden hacer para mitigar y reducir gastos.
A pesar de que la Junta de Control Fiscal se considera un cuerpo dictatorial el cual no hemos elegido de forma democrática se sabe que su función principal es conseguir el dinero de los bonistas en un corto tiempo sin importar los resultados sociales, de salud, educativos y económicos de la isla.
Ya el gobernador Ricardo Rosselló entregó su plan el cual la junta rechazó contundentemente. También, para afectar más la condición de este ejercicio pro forma, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico doctora Nyvia Fernández le informó a la junta que no iba a cumplir con sus exigencias de eliminar 450 millones del presupuesto de la UPR, (Universidad de Puerto Rico) debido a que esto acabaría con la educación superior pública de la isla.
Ahora mismo, las universidades privadas esperan como buitres para conseguir a los estudiantes que sean de la UPR y que deseen ir a sus localidades. De esta manera podrán recibir todo su dinero de la beca PELL.
Si observamos el comportamiento de los pasados gobiernos de la isla, podemos notar que se le dieron subsidios millonarios de parte de las corporaciones públicas como a Energía Eléctrica y Acueductos al Departamento de Educación, 78 Municipios, Banco de Fomento a otras agencias de gobierno, creando una deuda gigante que también se sumaba al gasto excesivo del gobierno. O sea, no se le cobraba lo que realmente gastaban estas agencias y se le empujaba la deuda acumulada al pueblo.
Precisamente nos toca a todos pagar con intereses toda esa deuda pasada a pesar de que nunca votamos porque se hicieran esos préstamos y se le dieran subsidios a la oficinas de gobierno y otras personas viviendo en residenciales públicos, etc. Como observadores y escritores no tenemos nada en contra de eso. Solo cuestionamos los ejercicios y prestamos billonarios hechos por las juntas de gobierno sin darle la oportunidad al pueblo en unas elecciones para decidir en cada uno de ellos.
El pronóstico para Puerto Rico es un torbellino de demandas en el tribunal federal para tomar todas las propiedades y dinero de las corporaciones públicas y agencias de gobierno para pagarle los préstamos a los bonistas.
Pronosticamos el cierre total de las operaciones de la Universidad de Puerto Rico de forma temporera después de mayo para evitar protestas grandes. Pronosticamos la confiscación de propiedades y edificios de la Universidad de Puerto Rico que no están en uso. La función principal de la Junta de Control Fiscal es la de cobrar la deuda de los bonistas. La Ley Promesa tiene algo tímido sobre el desarrollo económico de la isla pero deja claro cuál es la prioridad y de quien está al mando de la isla de forma dictatorial.
Las huelgas y protestas en la isla no serán efectivas debido a que el Congreso de los Estado Unidos de Norte América son los responsables de nombrar a la junta como parte de la ley PROMESA. Lo único efectivo sería una campaña virtual por Internet donde se le envían cartas, correos electrónicos y comunicados a cada miembro del congreso y la prensa internacional solicitando acción inmediata sobre la Junta de Control Fiscal o pidiendo la eliminación de la misma.
La otra opción es la de rentar cinco aviones para ir a Washington, DC como país y hacer la protesta masiva frente al capitolio.
