En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra- Suiza, la Red Internacional de la Sociedad Civil (RED), que aglutina a 185 colectivos, denunció la violación sistemática de los derechos humanos en Ecuador en contra de opositores políticos, por parte del gobierno de Lenin Moreno Garcés, dio a conocer uno de sus voceros, el catedrático español, residente en Ecuador, Fernando Casado.
La recepción de la mencionada denuncia se dio el pasado 13 de febrero y estuvo a cargo del Alto Comisionado de la ONU y las relatorías de Libertad de Expresión, Defensores de Derechos Humanos, Salud, Reunión y Asociación Pacifica, Detención Arbitraria, entre otras. A decir de Casado la reunión fue muy productiva toda vez que se pudo evidenciar que el Estado ecuatoriano no ha respondido a las distintas peticiones de información que ha solicitado el organismo internacional, sobre estas denuncias ya formuladas anteriormente.
Sonia Soria, coordinadora jurídica de la RED señaló “Este es un gran paso para la defensa de los derechos humanos en Ecuador: es la primera vez que el organismo de las Naciones Unidas se reúne con actores no políticos, miembros de la sociedad civil”.
Según esta organización civil estas violaciones a los derechos humanos se han producido a partir de las protestas sociales de octubre de 2019. Además, desde que se posesionó el actual mandatario, Lenin Moreno Garcés, quien fue vicepresidente del ex presidente, Rafael Correa Delgado, su mentor político. Empero, Moreno desde que asumió el cargo, 17 de mayo de 2017, dio un viraje político a su gestión, por lo que se declaró adversario de todos sus ex compañeros de militancia política y enemigo acérrimo del correísmo.
Fernando Casado aseveró, en Ginebra, que la situación en el Ecuador “podría ser considerada como un delito de lesa humanidad”, como es el caso de Paola Pabón, la actual prefecta de la provincia de Pichincha. Ella afronta un proceso judicial por, presuntamente, haber instigado a la violencia durante las protestas populares en octubre.
En este encuentro, además, se abordó el supuesto acoso de la que son víctimas los activistas indígenas, que fueron los que lideraron las protestas de octubre por la eliminación del subsidio a la gasolina. Asimismo, se dio a conocer las amenazas de muerte y hostigamiento al defensor del pueblo, Fredy Carrión.
En un comunicado público, la RED recalcó la persecución sistemática y generalizada contra la oposición política y especialmente a los miembros de la Revolución Ciudadana y seguidores del ex presidente Rafael Correa.
Aduce que Ecuador sufre la aplicación de políticas públicas regresivas en materia de derechos sociales como educación, salud y trabajo, así como la violación de derechos procesales y múltiples libertades como la de expresión, opinión y asociación.
Jorge Miranda, otro militante de la RED, puntualizó “El gobierno tiene casi control total de los medios y del sistema de justicia; la única esperanza es que los organismos internacionales miren de manera objetiva lo que pasa en Ecuador y tomen acciones para detener este sistema de persecución política, violación de derechos humanos y encubrimiento”. En este caso, se destaca el asedio jurídico a la radio capitalina Pichincha Universal.
Consideran los activistas de derechos humanos, que todo este clima social habría incrementado la desigualdad, desempleo y pobreza, y generado un ambiente de temor e indefensión de la población ante la proliferación de procesos judiciales arbitrarios que han conllevado a la privación de la libertad y la existencia de presos políticos.
Los responsables de las Naciones Unidas, según informó Casado, se comprometieron a realizar un seguimiento de estas denuncias y mostraron preocupación de que esta situación no haya parado y, al contrario, se prolongue cuando el país está a punto de entrar a una campaña política, hacia los comicios presidenciales, a celebrarse el próximo 7 de febrero de 2021.
Casado advirtió “suponemos que tendremos una respuesta en algunos meses, habrá que esperar para ver los frutos de esta reunión y obviamente las declaraciones o conclusiones de los diferentes organismos”. A la vez que destacó que los miembros de la ONU “se sintieron indignados y desde luego dieron toda la solidaridad al pueblo ecuatoriano”
Recordemos que el 28 de octubre de 2019, la RED presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dio como resultado medidas cautelares en favor de Cristian González, Virgilio Hernández, Paola Pabón y Jorge Glas.
La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, es dirigida por la alta comisionada, Michelle Bachelet, quien envió a finales del año pasado una delegación para que investigue los abusos de los miembros de la policía y el ejército en contra de los manifestantes. Empero las autoridades ecuatorianas no han prestado atención a las recomendaciones que el organismo diera al Ecuador, más bien, las amenazas y persecución política continúan.
El gobierno ecuatoriano, entre tanto, ha denunciado que las protestas de octubre fueron alentadas por el Movimiento seguidor de Rafael Correa, y que contó con el respaldo de gobiernos extranjeros que siguen la línea del Socialismo del Siglo XXI con el fin de derrocar a Moreno.
Producto de estas acusaciones, varios dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana se encuentran asilados en México por la persecución política ejercida en contra de ellos, por ejemplo: Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, entre otros.
El Gobierno ha desestimado todas las acusaciones en materia de persecución política, y alega que en el país existe una plena separación de poderes que faculta al poder judicial a actuar de forma independiente.
