En efecto, ese es el calificativo que mejor define a lo que está ocurriendo en Ecuador: cientos de cadáveres exhibiéndose en las calles del puerto de Guayaquil sin que las autoridades nacionales o locales se den abasto para recogerlos, miles de deudos clamando clemencia para que sus difuntos tengan una digna sepultura, decenas de trabajadores de la salud organizando plantones a fin de que se les proporcionen insumos necesarios para protegerse del contagio, pacientes muriéndose en las puertas de los hospitales por los estragos producidos por el Covid-19 y la falta de atención médica. En realidad, vivencias apocalípticas que retrata lo que vive a diario esta ciudad, donde la epidemia se ha ensañado.
Y se suma a este desastre histórico, el mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno Garcés, quien en cadena nacional develó que los datos que nos estaban entregando las autoridades gubernamentales sobre la cantidad de contagiados y fallecidos, no obedecían a la realidad, por lo que pidió a sus colaboradores transparentar la información. Este pronunciamiento nos cayó como un balde de agua, toda vez que se confirmó un secreto a voces: los damnificados por la epidemia no eran decenas de ciudadanos sino miles, sobre todo, en Guayaquil, ciudad en la que según Moreno las cifras de fallecidos alcanzarían de 3.000 a 3500.
Moreno se vio urgido a dar estas declaraciones por la actuación decidida de la prensa extranjera apostada en Ecuador que nunca ocultó ni silenció los hechos, mismos que fueron difundidos al mundo entero y, por la activa participación de las redes sociales y los medios alternativos alejados del poder político y económico. Entre tanto, la “gran prensa” nacional, es decir las grandes cadenas de radio, TV y medios impresos conformaron un cerco mediático alrededor del mandatario para tratar de minimizar lo que estaba ocurriendo.
Lenin Moreno y sus cercanos colaboradores culparon al ex presidente Rafael Correa, radicado en Bélgica, y a sus seguidores de hacer circular fakenews sobre lo que ocurría en el país, con el afán de desestabilizar al gobierno, aseguraron que han conformado una Red Internacional de Construcción de fakenews, liderada por correístas.
Las declaraciones del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien a sus conciudadanos les dijo “Después de ver lo que está pasando en Ecuador, creo que nos quedamos cortos en el cálculo de lo que este virus hará”, hizo reaccionar a nuestras autoridades.
Pero por qué Guayaquil ha sido devastada por el Covid-19 se preguntarán los lectores. Las estadísticas nos muestran que el empleo informal, en esta ciudad, bordea entre el 46 al 60,1%, lo que significa que miles de trabajadores no accedan a ninguna cobertura pública o privada de salud. De otra parte, el subempleo está alrededor del 16%, lo que quiere decir que más de 198 mil personas viven de su ganancia diaria. La provincia del Guayas tiene la tasa de subempleo más alta en el país, aquí la gente percibe ingresos menores al mínimo vital, USD 400,00.
En Guayaquil el comercio se da en plazas y calles, prácticamente, esta es la única fuente de trabajo que tienen miles de guayaquileños, ellos dependen de sus ganancias diarias para la supervivencia de sus hogares. Esto, también, explicaría la resistencia de permanecer dentro de sus domicilios, ya que si no trabajan un día, simplemente no comen.
La gente del sector popular vive hacinada en viviendas reducidas en las que habitan más de seis miembros o más, la alta temperatura de la ciudad y la carencia de aire acondicionado les impiden estar dentro de sus domicilios. Estas mismas familias son las que tienen en sus casas los cadáveres que no pueden enterrar dignamente. Por esta razón los han arrojado en las aceras, esquinas y portales, desde luego, bien embalados. Otros, en cambio están haciendo largas filas, en las puertas de la Junta de Beneficencia esperando un turno para poder cremar a sus muertos.
El drama humano de Guayaquil ha recorrido por todo el mundo, tanto es así que la Comisión de Derechos Humanos ha enviado un trino que dice “La CIDH observa con profunda consternación las dificultades reportadas en Guayaquil para trasladar, cremar y sepultar los cuerpos de las personas que han muerto durante la pandemia del COVID-19”.
El gobierno, de su parte, ha señalado que está por llegar USD 20 millones del Banco Mundial para fortalecer la respuesta al problema sanitario.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, cuyo titular es Fredy Carrión, ha permanecido atenta al discurrir de los hechos y ha hecho varios pronunciamientos y llamados de atención a las autoridades estatales a fin de que no se vulneren los derechos de los ecuatorianos.
El penúltimo comunicado tiene que ver con una exhortación al mandatario ecuatoriano para que se le destituya a Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por las irregularidades encontradas en procesos de contratación en el marco de la Emergencia Sanitaria.
El defensor del pueblo se refiere a la adquisición de insumos médicos como mascarillas por un monto de USD 10,017.754.60, adquisición con sobreprecios indignantes que ofenden a la conciencia del país que está luchando por detener la pandemia, como es el caso de las mascarillas No 95 que iban a ser compradas a un precio individual de USD 12,00, cuando el precio normal oscila entre los 4 y 5 dólares, denuncia Carrión. Corrupción que fue revelada por los medios alternativos y las redes sociales.
Asimismo, presentó medidas cautelares a favor de las y los ecuatorianos en el exterior que requieren regresar al país y cuyos derechos han sido vulnerados, a fin de que el Estado garantice su retorno en el contexto de la Emergencia Sanitaria, reza su pronunciamiento.
El Colectivo Nacional Frente a la Emergencia Sanitaria en Ecuador, cuya dirigencia la detentan los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular a través de un comunicado le dieron a conocer al mandatario ecuatoriano y la sociedad en general sus demandas.
Entre ellas se destacan la de convocar a la unidad del pueblo para rechazar la decisión del presidente Moreno y su ministro de Economía y Finanzas de cumplir con los pagos de la deuda externa , con lo cual prioriza a los acreedores por encima de los afectados por la epidemia; suspender el pago de la deuda externa hasta superar la emergencia sanitaria, al respecto señalan que el propio Banco Mundial ha reconocido que los países que no podrían pagar la deuda lo podrían reestructurar; expresar el reconocimiento a los trabajadores de la salud, a la tropa de la fuerza pública y trabajadores del aseo de la calle; exigir al gobierno que sincere las cifras de los contagiados y muertos por el Covid-19; pide se investigue sobre las irregularidades cometidas en el IESS.
A estas preocupaciones se añade la cantidad de despidos intempestivos de los trabajadores, tanto del sector público cuanto del privado. Al ministerio de Trabajo han llegado cerca de 500 denuncias de estos atropellos. Esto se contrapone a lo que expuso el presidente Moreno, quien en cadena nacional del 15 de marzo señaló que “no habrán despidos”. Ante es inaudito e inhumano hecho existen cientos de trabajadores que han quedado en el desempleo. Los empleadores afirman que sus negocios están a punto de quebrar por la baja de la demanda y que no pueden cumplir con sus compromisos laborales.
Con la consigna, ¡Que ningún COVID19 nos mate, nos detenga o neutralice! los sindicatos y gremios de Ecuador afiliados a la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador (PSI) enviaron una carta pública al presidente Moreno, a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano, en la que dan a conocer sus pretensiones, las que tienen que ver con un diálogo social sincero entre sus representantes y del gobierno; un diseño de protocolos de salud y seguridad para los sectores de primera línea de atención; la producción y suministros de equipos de protección personal para todos los trabajadores de la salud de primera línea; la reinserción de todos los trabajadores profesionales y operativos que fueron despedidos por el Decreto 813 del año 2011, así como aquellos despedidos por la Declaratoria de Ajuste Fiscal y Reducción del Estado entre 2018 y 2019; y la protección de los derechos de las y los trabajadores del sector público.
También, duele informar que en Guayaquil han fallecido 25 médicos en el cumplimiento de su deber, falta cuantificar cuántas enfermeras y personal de apoyo. Esta es la pesadilla que Guayaquil vive.
Es por esta razón que la ciudadanía expresa su rechazo por el debilitamiento del sistema de salud que en el marco de la reducción del Estado, el gobierno de Moreno despidió a 2512 trabajadores de la salud, de los cuales 900 pertenecían a la provincia del Guayas y la disminución de recursos económicos para esta área. De ahí que, la mayor demanda de la ciudadanía es que el Estado garantice un presupuesto indispensable para que el sistema de salud, atienda de forma urgente a las víctimas de la pandemia y, ante todo, realice con prontitud las pruebas de detección de esta enfermedad.
De igual manera, considera que las autoridades gubernamentales han demostrado falta de liderazgo, indolencia e ineficiencia en la gestión al encarar este triste episodio. Repudian que en estos duros momentos, estas mismas autoridades se dediquen a la persecución política a quien piense diferente o denuncie la desatención y abandono que son objeto los sectores más vulnerables del país. No hay día en que los ecuatorianos no seamos testigos de escenas de dolor inéditas, muertes por doquier, miedo e incertidumbre.
Da vergüenza ajena conocer que nuestro país tiene el mayor número de contagiados y muertos per cápita en América Latina. Sin embargo, estamos conscientes de que sabremos sortear estas aciagas vivencias momentos y lograremos salir adelante con valentía, tesón, perseverancia, y que no olvidaremos nunca los nombres de quienes nos fallaron en este tramo de nuestra historia.
