La Organización de Naciones Unidas, a través de un comunicado, expresó su preocupación, por «expresiones de xenofobia y discriminación» que se han emitido en Ecuador a partir de un crimen ocurrido en Quito, en contra de una ciudadana ecuatoriana por parte de un joven venezolano, el pasado 1 de febrero. Añade que la «violencia, la delincuencia y el crimen son problemas que afectan a todas las sociedades». «Su origen no corresponde con una nacionalidad en particular». Por lo que pide el respeto a los derechos e igualdad de todas las personas.
El crimen mencionado, tuvo como móvil el intento del extranjero, Adrián G de 19 años, de arrebatarle la cartera a la señora Mariana Granja de 68 años de edad, y al no lograr su cometido, le descargó tres disparos, lo que ocasionó su fallecimiento, en plena calle en un lugar muy concurrido. El joven pretendió huir en una moto pero fue detenido por un policía que le persiguió y que, en ese momento, se encontraba franco en el sitio de los hechos.
Este crimen generó dolor e indignación en la ciudadanía en general, medios de comunicación, redes sociales y la petición del Gobierno para que la Asamblea Nacional agilice el trámite de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que permitiría a las autoridades competentes las deportaciones de extranjeros que cometan delitos.
Sin embargo, la asambleísta, Marcela Aguiñaga, dio a conocer que el Código Orgánico Penal (COIP) en vigencia, en su artículo 61 manda la “Expulsión y prohibición de retorno a territorio ecuatoriano para personas extranjeras. Procede en delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años. Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano por un lapso de 10 años”. Por lo que, la asambleísta, solicita se siga el debido proceso y se dicte sentencia condenatoria ejecutoriada.
El juez, Ignacio Merchán, ordenó la prisión preventiva para el extranjero, en tanto que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. La audiencia de flagrancia y formulación de cargos se instaló el 2 de febrero de 2020, El fiscal de turno, Carlos Bastidas, escuchó y constató versiones de testigos presenciales, del taxista, del policía que inició la persecución, del acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia, el reconocimiento de evidencias, la pericia balística, entre otros. El procesado se acogió al derecho constitucional del silencio.
Mariana Granja, fue una activista que trabajó en pro de los niños con cáncer y sus familias, durante 10 años. Así lo señaló Wilson Merino, presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira, quien agregó “estamos indignados, no es posible que una luz se apague así. Exigimos a las autoridades que nos garanticen nuestros derechos de vivir en paz; que trabajen por la seguridad. Aquí nos tendrán protestando hasta que haya justicia”.
Sentenció Merino, que desde el Gobierno hay irresponsabilidad. Porque hay despilfarro indolente, lo del circo social es un insulto a la pobreza, hay cárceles sin control, no hay control efectivo de armas. Hay grandes carencias. Los problemas sociales son grandes y graves. Pero las prioridades de los políticos van por otro lado. Ellos no están pensando en la gente, están pensando en las próximas elecciones.
REACCIONES
Ante las desatinadas expresiones de xenofobia que se han expresado en días posteriores al asesinato; varios colectivos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, también, han condenado el violento suceso perpetrado por el ciudadano extranjero de 19 años y han puntualizado que este hecho debe ser juzgado de acuerdo a la legislación penal ecuatoriana.
El colectivo ATOPÍA, grupo de activistas en derechos de migrantes, – abogados en derechos humanos e investigadores en temáticas migratorias-, hizo un llamado público ante la alarmante escalada de xenofobia en el país y ante “el desvío de atención sobre las causas más profundas y estructurales que tornan la convivencia cotidiana en Ecuador menos segura y más violenta”.
Rechaza que la única medida gubernamental frente a este hecho sea la criminalización de los extranjeros en Ecuador. Considera que frente a un tema tan complejo como la violencia es necesario ir más allá de la nacionalidad del perpetrador y reconocer que hay otros factores: desigualdad sistemática, falta de oportunidades para ganarse la vida en actividades formales, precarización del trabajo, violación de derechos humanos básicos, y la violencia que desencadena la pobreza y la xenofobia.
Pregunta el colectivo si ¿acaso el control migratorio, las notificaciones, expulsiones y deportaciones van a resolver esas complejas causas que denotan múltiples formas de violencia?, claramente que no subraya. Al contrario, piensa que son peligrosas pues exacerban la violencia contra los extranjeros y son ineficientes para atacar las verdaderas causas que la producen.
Recuerda que Ecuador es un país de inmigrantes y también de emigrantes. Y que alrededor de dos millones de ecuatorianos han salido a trabajar al extranjero y muchos de ellos viven en condiciones irregularizadas en los países de destino, aunque sus remezas son un importante aporte para la economía nacional.
Denuncia que, simultáneamente, al crimen de Mariana Granja en Quito, ocurrió un femicidio en Cotacachi, provincia de Imbabura, en contra de Tamia Sisa Alta González. La reacción ante estos dos hechos ha sido diferente. En el segundo crimen ha prevalecido el silencio por sobre los pronunciamientos de activistas, organizaciones feministas y de derechos humanos. Por lo que es evidente que la sociedad ecuatoriana visibiliza y repudia solo ciertas violencias.
Hace un llamado a la sociedad ecuatoriana para que se mire a sí misma y reflexione sobre las causas estructurales de la violencia, en sus múltiples manifestaciones. “Pongámonos un espejo como sociedad y recordemos nuestra propia historia y nuestro presente como migrantes”. Asimismo señala que “Es hora de exigir al gobierno nacional respuestas mucho más creativas, integrales y a la altura de la conflictividad contemporánea. De lo contrario la escalada de violencia será nuestro único tiempo presente”.
Hace referencia a las cifras oficiales que indican que, a 2019, de las 41.200 personas que se encontraban privadas de la libertad en diferentes cárceles del país, sólo 2.802 personas, es decir, el 6.8%, eran extranjeras, la mayoría detenidas por de delitos son cometidos por ecuatorianos.
Finalmente, suscriben el mencionado comunicado 231 integrantes y representantes de las organizaciones que aglutina este colectivo.
