Tras ejercer dos años esta responsabilidad, el embajador de carrera, Francisco Carrión, dimitió a su cargo, el pasado 6 de enero, en medio de discrepancias con el Secretario General del Gabinete de la Presidencia, Sebastián Roldán.
Los vuelos de vigilancia aero-marítima que viene realizando sobre territorio ecuatoriano, el ejército de los EEUU, sin ninguna normativa, desde septiembre de 2018, es el motivo central del desacuerdo, entre el diplomático y el gobierno de Lenin Moreno Garcés.
Al respecto, Carrión cuestiona que hasta la fecha no exista “un marco normativo bilateral indispensable para la ejecución de estas operaciones, en la cual las partes establezcan obligaciones, derechos y condiciones para su ejecución para preservar nuestra soberanía”.
Carrión remarca que, aunque el objetivo es la lucha contra el narcotráfico, “es imperativo que haya un acuerdo vinculante entre las partes”. Y asegura que transmitió su preocupación sobre esto a la Cancillería. “Esta y no otra, es la razón que me llevó a renunciar a mi cargo”, concluye.
Roldán, de su parte, había señalado que “el presidente de la República ha solicitado la renuncia al embajador de Ecuador en Estados Unidos y agradece sus servicios”, a la vez que anunció que su remplazo se dará a conocer en los próximo días. Agregó , además, que “necesitamos tener una relación comercial más fluida y vamos a buscar a una persona que tenga más fortaleza en términos comerciales”.
Empero, el ex embajador Carrión desmintió lo dicho por Roldán y aseguró que el presidente Lenin Moreno no le pidió la renuncia, que él presentó su renuncia el pasado 6 de enero en la Presidencia de la República, al respecto señaló “resulta extraño que se me solicite la renuncia después de haberla presentado”.
Asimismo, aseveró, en su carta, que “las relaciones comerciales con Estados Unidos nunca han estado más activas y consistentes, se han realizado reuniones entre las más altas autoridades comerciales de los dos países”. Además, recuerda que en su gestión se realizaron dos históricas visitas al país, del vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo y el retorno de la Usaid al Ecuador que fue expulsada en 2014.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana afirmó que el canciller José Valencia mantuvo una reunión, el 6 de enero, con el embajador Carrión para solicitarle poner a su disposición del gobierno su cargo, ya que había decidido designar a otra persona.
Destaca el comunicado de prensa que “una de las áreas que se ha reactivado es precisamente la seguridad y el combate al narcotráfico. El programa bilateral de vigilancia aero-marítima con la participación de aviones radar de los Estados Unidos es un elemento clave en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilegales que pueden suceder en el espacio marítimo ecuatoriano. Más de treinta toneladas de droga han sido incautadas por estos procedimientos”.
Recalca que todas las operaciones y procedimientos han sido previamente autorizados en el marco de los acuerdos generales de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, hoy en vigencia. En cada vuelo de dichos aviones están presentes las FFAA, Policía Nacional y Fiscalía, pues evidentemente son procedimientos regulados por la legislación nacional. La aviación autoriza los vuelos en estrecho apego a nuestra legislación e intereses.
Carrión estuvo al frente de la misión diplomática en EEUU, desde el 22 de diciembre de 2017, antes estuvo Francisco Borja.
Reacciones
Este hecho polémico despertó diversas reacciones de los diferentes analistas políticos del país, Mario Ramos, especializado en temas internacionales, afirmó que el embajador Carrión ha tenido un acto de dignidad, no sólo personal de él, sino de dignidad ecuatoriana, al denunciar y renunciar a su cargo, por los hechos que él ha explicado. Como ecuatorianos debemos reconocer este acto de dignidad.
Lo que hace el embajador Carrión es darnos la razón a los que, en su debida oportunidad, denunciamos esa presencia militar y ese supuesto convenio que nunca existió; por lo que afirmamos que se está actuando de manera arbitraria, sin ninguna normativa, sin regular esa presencia militar, violando nuestra Constitución.
Habíamos inclusive recordado la presencia militar norteamericana de 1999, en la Base de Manta, en el gobierno de Jamil Mahuad, que con convenio y todo, los gringos hicieron lo que les dio la gana.Ahora, el asunto es más grave ya que se acaba de confirmar lo que nosotros ya sospechábamos, de que no existe ningún convenio. La pregunta que tenemos es ¿qué estarán haciendo?, no se sabe, ya que no hay ningún control.
La lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales son clásicos pretextos, para injerir y para penetrar, en nuestra soberanía. Es importante conocer que la Universidad de Los Andes de Bogotá- Colombia, hace pocas semanas publicó una investigación académica, en la que dice que el PIB del narcotráfico en Colombia duplica al PIB del café. Nos preguntamos de qué ha servido su presencia militar, su tecnología y vigilancia, con 7 bases militares en Colombia. Al contrario, la producción de coca ha crecido, el narcotráfico se ha desarrollado. En Afganistán antes de la presencia de los EEUU ya no había cultivos de opio, ahora ha crecido su producción y tráfico. Esto es una constante histórica grave.
Nuestro ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, debería defender nuestra soberanía. La soberanía permite que un país cuide de sí mismo, sin imposiciones de nadie, que un país dicte su propia política económica, social y de seguridad. La soberanía no es algo abstracto es un tema muy concreto. Sin soberanía los pueblos son sometidos, sojuzgados a la voluntad de otros poderes e intereses.
