Desde el cinco al once de octubre, estuvo de visita en Ecuador, David Kaye, Relator de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección a la Libertad de Expresión y de Opinión, a fin de elaborar un informe preliminar respecto a los cambios normativos que le están aplicando a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, en la Asamblea Nacional, y para observar que ciertas disposiciones de esta ley estén enmarcadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
David Kaye mostró su satisfacción por la transición comunicacional que se está dando en el país de “un estado de propaganda a nuevos aires”, instó a llevar adelante una mejor distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico, sugirió la eliminación de lo que él llama “barreras para la libertad de expresión” como es la existencia de la Superintendencia de la Comunicación, SUPERCOM y la figura del linchamiento mediático; y sumó su preocupación por una normativa que criminaliza el insulto y la difamación, contenidos en el Código Orgánico de Procedimiento Penal, COIP.
Además, recomendó al gobierno que apoye a los medios pluralistas, principalmente a los comunitarios. En este sentido, indicó que éstos no pueden competir bajo las mismas condiciones que los privados o comerciales para la adquisición de una frecuencia. Solicitó que los medios públicos sean auténticos y reales y no se conviertan en medios gubernamentales o estatales.
Puso énfasis en la protección de los periodistas por lo sucedido en la frontera norte, con el secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa de diario El Comercio. Por lo que, recomendó la creación de protocolos de seguridad para los comunicadores y sus familias. Finalmente, recomendó al Estado ecuatoriano para que se esfuerce en “poner información” al servicio de la ciudadanía, la misma que debería tener más protagonismo en los procesos comunicacionales.
Según las autoridades gubernamentales, la visita de Kaye se inserta en una política de apertura a quienes cumplen mandatos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para emitir evaluaciones y recomendaciones sobre temas puntuales de la situación de los derechos humanos en el país.
Al respecto, el comunicador y académico, Hernán Reyes, en declaraciones a un medio local, criticó el informe preliminar del relator Kaye, en razón de que este sólo busca proteger a los medios de comunicación, sin importar lo que hagan o digan. Censuró que inste a los funcionarios públicos a ser más tolerantes ante lo que se publica y, que pida al Estado ecuatoriano a ser más pasivo y no tocar nada de lo que se difunda, so pretexto de cuidar los derechos humanos.
A Reyes le pareció abusivo que Kaye manifieste que uno de los derechos de la ciudadanía a pedir la rectificación, cuando los medios cometan equivocaciones, sea eliminado de la Constitución. Cuestionó que el relator no esté de acuerdo con la regulación de contenidos. Criticó que Kayer no se haya referido a las normas deontológicas que deben ser observados por los periodistas a fin de que la veracidad, contextualización, oportunidad, pluralidad, contrastación de fuentes sean las características de los contenidos mediáticos.
Mencionó que Kaye no tomó en cuenta las opiniones de una parte de la academia que pidió que a la LOC no se le perciba como un mecanismo punitivo, y, más bien se tomen en cuenta los avances que se ha logrado desde su vigencia, es decir que se preserve lo alcanzado. Cuestionó la visión individual y anacrónica que tiene el relator en cuanto a la concepción de la libertad de expresión.
OCULTAN ELIMINACIÓN DE MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Lo sorprendente de esta visita fue el ocultamiento de la eliminación de la institución de proteger los derechos humanos de los ecuatorianos. Esta situación se evidenció en un encuentro con la prensa que tuvo el relator; cuando un colega le preguntó si conocía que en el país se estaba eliminando este ministerio, a lo que David Kaye contestó que no.
La eliminación de esta institución ha llevado a que más de 80 organizaciones sociales y activistas en derechos humanos se organicen para levantar su voz de protesta por tal despropósito. Ellos le hicieron llegar una carta abierta al mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno Garcés, en la que le dan a conocer que el país está en “Emergencia Social y Vulneración de los Derechos en Ecuador”.
La misiva remarca que “ante la desestructuración de la institucionalidad de protección de derechos humanos (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos) los firmantes proponen la creación de una mesa de diálogo para definir que en este cambio institucional se incluya un plan concreto de transición, operativización e institucionalización de la protección de los derechos humanos”.
Asimismo, hacen una advertencia a la ciudadanía en el sentido de que el Decreto Ejecutivo No 491, firmado por el mandatario ecuatoriano, el pasado 23 de agosto, genera un potencial riesgo de vulneración del derecho a la vida y la integridad de mujeres, niñas y niños; de adolescentes en conflicto con la ley; de los pueblos indígenas en aislamiento; de las víctimas de delitos de lesa humanidad; de las personas desaparecidas y sus familiares; de la población LGBTI; de las privadas/os de la libertad, entre otros.
Resaltan que la implementación de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer estaría en peligro, en razón que este ministerio es la entidad dedicada a su aplicabilidad. Recuerdan que miles de mujeres, niñas y adolescentes son víctimas, de violencia física, sicológica y sexual por razones de género. Por lo que, las organizaciones de mujeres y feministas han demandado, desde hace un año, la declaración de emergencia debido a la prevalencia e incremento de este tipo de violencia.
Pablo Coloma Villacís, de la ONG “Tierra de Hombres” afirmó que la eliminación de la instancia de protección de derechos para los adolescentes infractores de la ley pone en peligro la posibilidad de llevar adelante procesos de reeducación y reinserción a la sociedad de este grupo etáreo, en los que participa su familia y la sociedad. Además, en estos procesos, los adolescentes asumen la responsabilidad de sus actos y reciben ayuda sicológica, social y familiar, a través de talleres ocupacionales, recreacionales y educación en valores. Atrás quedaron estrategias represivas o paternalistas, resaltó el activista.
Entre tanto, Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y la Adolescencia aseguró que la aspiración de los activistas es que se cree una Secretaría de Derechos Humanos que tenga la suficiente fortaleza institucional, financiera y de talento humano para que asuma las competencias del ministerio de Justicia. También, reitera su crítica respecto a la disolución de esta institución ya que fue un hecho errado, no planificado, sin diálogo previo con la sociedad civil, por lo que han venido pidiendo se explique claramente las razones por las cuales se tomó esta decisión. La austeridad no es una razón válida ya que la Constitución define al Ecuador como un país de justicia y de derechos, sentenció.
Empero, mantiene, al igual que sus compañeros, la predisposición de continuar dialogando con las autoridades gubernamentales, el mismo que debe ser democrático, transparente, claro y en buenos términos para determinar cuál es la propuesta que tiene el gobierno respecto al destino de los programas que mantenía el ministerio, a fin de que sean los defensores de derechos humanos los que planteen las observaciones del caso.
De otra parte, varios analistas sostienen que, prácticamente, en Ecuador se vive una regresión de derechos que tantos años de lucha le tomó a la sociedad civil institucionalizarlos. Reconocen que la decisión política del anterior gobierno, presidido por Rafael Correa Delgado, hizo que estas demandas ciudadanas se concreten con la creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; hoy en día, en riesgo de ser vulneradas o disminuidas.
FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE LA CANCILLERÍA
