Teniendo como telón de fondo la estela de dolor que deja el Corvid-19, misma que ha desnudado la indolencia e ineptitud en el tratamiento de esta pandemia por parte del gobierno presidido por, Lenin Moreno Garcés, y a puertas de un nuevo proceso electoral para elegir dignatarios nacionales (2021); el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció, en primera instancia, al ex presidente Rafael Correa Delgado, al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, a 10 ex funcionarios del gobierno anterior y 8 empresarios, a 8 años de cárcel por el caso denominado Sobornos 2012-2016.
La mencionada sentencia que fue firmada por los tres miembros del Tribunal, doctores Iván Saquisela, Iván León y Marco Rodríguez señala que en mérito de la prueba actuada en la audiencia de juicio, resuelve declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado y declarar la culpabilidad de los procesados Rafael Correa y Jorge Glas como autores mediatos por instigación a dicho delito
Además, disponen la pérdida de derechos de participación política por 25 años, de todos los condenados, ofrecimiento de disculpas públicas en la Plaza de la Independencia de Quito e incautación de sus bienes.
En la lectura del análisis del caso, el Tribunal determinó que el expresidente Correa conocía de los “aportes indebidos”. Además, que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas.
Acto seguido vino la respuesta del ex mandatario Rafael Correa, quien reside en Bélgica, en la que asegura que los jueces lo sentenciaron sin haber probado nada y que este juicio no pasó de ser un show que estuvo preparado para desviar la atención a la tragedia que vive el país frente a la pandemia.
Agregó en un trino “que esto era lo que buscaban mis adversarios políticos, manejar la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo esto es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe”.
Mencionó que la audiencia fue realizada en medio de la cuarentena con prohibición expresa del mismo Consejo de la Judicatura a excepción de los casos de flagrancia. Hicieron una excepción entre miles de casos sólo para condenarme, la persecución política sigue, no les interesa el país, no les interesa el bienestar de la gente, solo les interesa el odio y sus espacios políticos, saben que no nos pueden derrotar en las urnas y quieren meternos presos para prohibirnos regresar a la Patria.
Días previos a la audiencia de juzgamiento, Correa había manifestado que la sentencia será fraguada sólo para impedirle regresar a Ecuador y participar en las elecciones de 2021. Advirtió que los expertos ratificaron que no hay pruebas que le imputen a él con actos del delito de soborno. Aseguró que los archivos expuestos en el juicio fueron forjados y manipulados. La perita que determinó que Correa era el jefe de una organización criminal no es perita, sino una adversaria política. La única prueba que se exhibe en el juicio es un préstamo que el recibió de USD 6.000, dinero de fondos privados de la Presidencia. Además que el juez que le juzgó es encargado y que la permanencia en su cargo depende del fallo que dé en este caso.
Se sumó a estas objeciones, una denuncia de funcionarios judiciales que hicieron horas antes a esta audiencia. Se refieren a la existencia de una presunta red de corrupción que involucrarían al juez Iván León con Cecilia Caiza Cando, secretaria de la Fiscalía General de la Nación, los que habrían estado intercambiando información reservada referente a la sentencia, para perjudicar al ex presidente y a los otros imputados.
A decir de los funcionarios, este hecho violaría todo principio ético del sistema judicial y el derecho procesal, además las garantías constitucionales. Correa indicó que este hecho es extremadamente grave, ya que funcionarios judiciales honestos han expuestos miles de documentos que demuestran cómo la Fiscalía trabaja en complicidad con el juez León para condenarle por un delito inexistente y hasta se burlan de los acusados.
Recursos jurídicos
Los abogados penalistas afirman que a los imputados aún les quedan otros recursos jurídicos como el “horizontal” que es la aclaración o ampliación. Este recurso no busca la revocatoria de la sentencia sino que los jueces aclaren puntos que no están claros en la sentencia.
Otro recurso posterior sería la apelación al fallo, para acoger la apelación se designa por sorteo otro Tribunal de la Corte Nacional que tiene cinco días para convocar a una audiencia para resolver dicha apelación.
Una vez resuelta la apelación se plantearía el recurso de casación, que tiene como objetivo anular la sentencia judicial. Sólo después de resolver la casación, la sentencia se la considera ejecutoriada o definitiva. Estos trámites pueden durar entre cinco o seis meses.
Una vez agotados los recursos nacionales los imputados podrían acudir a las cortes internacionales.
CASO SOBORNOS
Según las denuncias formuladas por varios activistas políticos, Rafael Correa habría liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016, destinada a recibir “aportes” de empresas para su movimiento político, en ese entonces Alianza País, a cambio de adjudicarles contratos de trabajo por parte del Estado y con ese dinero financiar campañas políticas locales y nacionales. Afirman que el monto de esos aportes serían siete millones y medio de dólares.
El juez ponente Iván León reveló, antes de la lectura de la sentencia, que el Tribunal consideraba que el delito está probado, que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción y que la víctima del delito es el Estado ecuatoriano.
REACCIONES
Uno de los primeros colectivos en reaccionar fue el Grupo de Puebla– México que a través de un comunicado dice “el proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados y pruebas forjadas”. Añade que el único objetivo que buscan es restringir la presencia de Correa e impedir su participación en las elecciones del 2021. Recuerdan que la oposición política ha usado este mismo mecanismo contra el expresidente Lula en Brasil, la expresidenta Cristina Fernández en Argentina. Puntualiza que “La justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite”.
El grupo Izquierda Unida IU, liderada por Francisco Pérez Esteban recuerda que el ex mandatario ecuatoriano “sufre desde hace tiempo la sucesión en cascada de más de una treintena de acciones judiciales, la mayoría archivadas por no tener base alguna, consecuencia del burdo montaje judicial organizado por el actual presidente y ejecutado por un poder judicial nombrado a dedo”.
Asimismo expresa “toda nuestra solidaridad con Correa, Glas y el resto de compañeros frente a esta brutal persecución”, al tiempo que exige a Lenin Moreno y a la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, que “abandonen la indigna persecución contra un expresidente muy respetado, que desarrolló los Derechos Humanos de la población y puso a su país en un nivel de desarrollo económico y social nunca visto, algo reconocido por las Naciones Unidas”.
De igual forma el Instituto PATRIA dio a conocer su repudio por “la utilización de sectores de la justicia ecuatoriana para proscribir a los opositores y perseguir al expresidente Rafael Correa y los ex funcionarios de su Gobierno”. En tiempos donde debería aflorar la razón y el más noble sentido de justicia, ven como el LAWFARE sigue los pasos de lo que ya padeció Paraguay, Brasil, Argentina, siendo una estrategia de acción en varios países de la región.
También varias personalidades de América Latina han condenado esta sentencia, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras calificó como “un acto de barbarie” perpetrado por el presidente Lenin Moreno, resaltando que solo han provocado la simpatía y respeto a un exjefe de Estado haya crecido aún más en América Latina.
De su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, expresó su solidaridad con Correa y afirmó que la sentencia es una maniobra en medio de la crisis sanitaria que vive Ecuador, para “sacar del juego democrático a un líder de talla excepcional”.
Evo Morales, expresidente de Bolivia, dijo que el economista ecuatoriano, a quien manifiesta su total solidaridad, es “víctima de una persecución política sin límites”, ante los ojos de un pueblo que “reconoce lo mucho que has hecho por él y por la Patria Grande”.
El ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, calificó que los que ejecutaron la acción judicial contra Correa como “miserables de la historia”, con la convicción de que “más temprano que tarde nuestra América caminará unida hacia su definitiva independencia”.
El exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, estableció un paralelo con el caso del ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, a quien también “secuestraron judicialmente” porque le tienen miedo electoralmente. De igual forma catalogó la sentencia como un “adefesio jurídico” y un acto de “cobardía política”.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reafirmó el “apoyo y confianza” que tienen sobre Correa el pueblo y Gobierno cubano, al tiempo que rechazó “los procesos judiciales políticamente motivados contra líderes de izquierda” que promueven los gobiernos neoliberales.
De otro lado, el juez Iván Saquisela, en un medio nacional salió a defender la sentencia afirmando que “tenemos la absoluta convicción de que la sentencia puede ser revisada por cualquier Tribunal nacional o internacional y por cualquier foro y se va a llegar a la misma conclusión de que la sentencia es motivada, que hay delito de cohecho y que hay responsabilidad”.
Hoy en día, la gente se pregunta si esta acción no se enmarcaría en el famoso LAWFARE, que tan de boga se ha puesto en América Latina, que no es otra cosa que el mal uso de los instrumentos jurídicos para fines de persecución política en contra de adversarios. Este instrumento apunta a destruir la imagen pública y la inhabilitación política de un adversario, con la decidida participación directa de la justicia y ciertos medios de comunicación. Al final se logra que el acusado pierda apoyo popular.
Por lo que, ahora, mucha gente se pregunta cuál va a ser el futuro político de Rafael Correa, que ahora mismo, en las encuestas mantiene un voto duro de aproximadamente el 30%.
Según la normativa ecuatoriana, no podrían ser candidatos a ninguna elección popular quienes tengan una sentencia ejecutoriada. La convocatoria a elecciones para febrero de 2021 se realizará en septiembre, si hasta la fecha no se ejecuta la sentencia, Correa podría postularse a cualquier dignidad, menos a la presidencia, toda vez que ya fue reelegido por dos ocasiones. Empero, surgirían en el camino nuevos escollos que le impedirían ejercer cualquier cargo de elección popular, por acción de la justicia.
