Las calles de Quito se tiñeron de color por la presencia de la “MAREA VERDE”, que aglutinó a cerca de 4 mil mujeres, quienes con tambores, cánticos, consignas y pancartas, dieron a conocer sus demandas de género al Estado y sociedad civil ecuatoriana, en el Día por Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el pasado 28 de septiembre.
Con los rostros y prendas de color verde, símbolo de la lucha contra la criminalización del aborto, las marchantes despertaron la simpatía de la mayor parte de la ciudadanía. “Este es un asunto de salud pública y no de falsa moralidad”, se escuchaba comentar.
La marcha salió desde diferentes sitios de la capital y arribó en tempranas horas de la noche en la sede de la Asamblea Nacional (AN). No sin antes oficiar una ceremonia de florecimiento en el mítico parque El Arbolito.
Lo sugerente de esta marcha fue la presencia de mujeres indígenas, el acompañamiento de los animales de compañía a las marchantes y la presencia de mujeres con sus dorsos desnudos, en franca protesta contra una sociedad machista y conservadora. Lo que evidencia que Quito es un referente de la lucha feminista, animalista, ambientalista y por las minorías, en el país.
Al observar a una mujer indígena con una pancarta que decía “El aborto es ancestral, la culpa colonial”, me acerque dónde ella y le pregunté qué significaba esta frase, me contó que el aborto natural con hierbas fue practicado por nuestras ancestros, cuando al feto se le diagnosticaba malformaciones por parte de las comadronas; el sentimiento de culpa vino con la conquista que implantó una religión lejana a sus creencias, agregó.
De hecho, esta es la primera marcha de este tipo que se da en el país, fue impulsada por organizaciones feministas, colectivos, redes, personas trans, que buscan que se garantice el derecho a decidir sobre su cuerpo a las mujeres.
Con consignas declararon a este día como de “resistencia contra un sistema opresor y patriarcal”. Denunciaron que el Estado no ha querido asumir su responsabilidad de proteger a la mujer, por lo que ellas han asumido tal responsabilidad.
Sus reivindicaciones giran en torno a la despenalización del aborto que según las marchantes, hasta el 2019 el 15% de muertes maternas se dan por abortos clandestinos. A la fecha 7 de cada niñas menores de 14 años son madres. Aproximadamente 2.000 adolescentes dan a luz anualmente en el país.
El aborto por violación ya fue despenalizado por la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional tiene plazo hasta diciembre de este año para elaborar el proyecto de ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, tal cual dispuso la Corte Constitucional.
La preocupación mayor de las mujeres es el hecho que aún se les encarcela a las mujeres que se practican un aborto como resultado de una violación. La sociedad, de su parte, les criminaliza o estigmatiza. En la Fiscalía General de la Nación existen 1.800 procesos judiciales por abortos clandestinos.
Exigen al Estado que construya políticas de prevención de la violencia contra la mujer, especialmente, proteja a las niñas o adolescentes. No es novedad señalar que algunos “hogares” son fuente de violencia, toda vez que son sus propios familiares los victimarios.
La pobreza tiene rostro de mujer
Generalmente, las mujeres que están siendo judicializadas son indígenas o afrodescendientes, todas ellas orilladas por la pobreza y violencia intrafamiliar. De ahí que, podemos afirmar que la pobreza tiene rostro de mujer, pues este sector está predestinado a ser discriminado, ajusticiado, tanto por el Estado cuanto por la sociedad.
En este sector, hay mujeres que se auto provocan los abortos que muchas veces terminan en el fallecimiento por la perforación del útero o la ingesta de medicamentos tóxicos. Hay casos dramáticos en que las mujeres no encuentran otra salida que el suicidio.
Las mujeres de recursos económicos altos, de su lado, salen de Ecuador a países donde puedan someterse al legrado sin consecuencias legales o van a determinadas clínicas privadas, en las que no corren riesgos de una mala práctica médica.
Como ya mencioné en la AN se está elaborando el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del aborto en caso de violación. A la Comisión de Justicia, han acudido 51 organizaciones, se han realizado 16 sesiones y dos talleres, sobre el tema.
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que cada año entre el 4,7% y el 13, 2% de las muertes maternas en el mundo se deben a abortos no seguros. En países como Ecuador y otros Latinoamericanos, 7 millones de mujeres son ingresadas a los hospitales cada año por haberse sometido a abortos no seguros. Las complicaciones provocadas por abortos no seguros le cuestan al mundo USD 553 millones.
La pandemia por el Covid-19 aumentó los casos de violencia sexual en nuestra región y por lo tanto los abortos clandestinos. Lamentablemente, la influencia de grupos religiosos impide que los gobiernos legalicen la interrupción del embarazo.
En fin, este tema tan polémico y sensible amerita un análisis alejado de dogmas religiosos y la moralina. No es justo que una mujer ultrajada tenga que soportar una maternidad forzada y no deseada; toda vez que ella no quiso mantener esa relación sexual violenta. Por lo que es necesario repensar nuestras convicciones y pronunciamientos sobre este fenómeno social.
