Rebelión de octubre dejó 11 muertos, 1300 heridos y 1192 detenidos
En un extenso documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó y presentó once recomendaciones a Ecuador con ocasión de su visita al país, a raíz de las protestas sociales ocurridas entre el 3 y 13 de octubre de 2019. Representantes de la Comisión llegaron al país, invitados por el gobierno ecuatoriano, con el objetivo de comprobar in situ la situación de los derechos humanos de los protagonistas de la revuelta popular y otros actores.
El organismo internacional, en general, evidencia que en las protestas de octubre hubo una acentuada estigmatización política y étnica contra determinados participantes del levantamiento popular, violencia injustificada contra los protestantes y medios de comunicación, sus trabajadores y periodistas y, posteriormente persecución a líderes sociales y políticos.
Asegura que para la elaboración del Informe sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de la Corte Constitucional. Además, se entrevistó con representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos indígenas, transportistas, empresariado, gremios del sector privado, directivos de universidades, hospitales, periodistas, cárceles, en Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga. En estos lugares se entrevistó a 439 personas y se registró 380 testimonios de violaciones a sus derechos.
La CIDH, en base a estos testimonios, señala que la respuesta de la policía a estas manifestaciones “habría sido desproporcionada”. La Defensoría del Pueblo confirmó que hubo 11 fallecidos, 1300 heridos 1192 detenidos.
Reconoce que los indígenas se desplazaron a la capital, Quito, desde diferentes puntos del país y se establecieron en “zonas de paz”, que fueron las instalaciones de varias universidades y en la Casa de la Cultura, donde recibieron alimentación y refugio. Lugares que, también, fueron atacados por las fuerzas del orden.
Los indígenas, a su decir, fueron los que se llevaron la peor parte, toda vez que fueron objeto de racismo exacerbado, discriminación de parte de actores políticos y de una parte de la prensa. Otros manifestantes afirmaron que les calificaron de “terroristas” o “correístas.
Se suma a lo descrito, las denuncias de diecinueve testimonios de personas que habrían perdido totalmente la visión, o parcialmente, mediante la pérdida de algún ojo, debido al impacto de bombas lacrimógenas o perdigones para la dispersión de las protestas, tanto por parte de los agentes de la policía como miembros del ejército.
Respecto a su visita a la cárcel de Latacunga, la Comisión destaca el hostigamiento que sufrió la delegación, por parte de los agentes de seguridad, quienes prohibieron tomar imágenes y videos, y les impidieron realizar su trabajo en ese lugar.
Es preciso recordar que el pasado 1 octubre el mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, aprobó el Decreto Ejecutivo No 883, en el que se eliminó el subsidio que existía para la gasolina y el diésel de parte del Estado ecuatoriano. Además se recortaban ciertos beneficios laborales a funcionarios públicos. Estas medidas provocaron el repudio de la mayoría del pueblo ecuatoriano.
Agresiones y ataques a la prensa durante protestas
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena, en su Informe, los actos de violencia perpetrados en contra de la prensa, evidenciados en más de un centenar de ataques a periodistas, comunicadores comunitarios, fotógrafos, camarógrafos e instalaciones de medios de comunicación, expresados en consistentes amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de coberturas, confiscación de equipos, vigilancia, suspensión de transmisiones y allanamientos a medios de comunicación, bloqueos a sitios web y redes sociales. Lo que contabilizaría unas 120 agresiones, en diversos puntos del país.
Los ataques provinieron de los manifestantes, miembros de la policía y del ejército. Se denunció que un grupo de 27 periodistas fueron “retenidos” en el Ágora de la Casa de la Cultura por parte de un sector de la dirigencia indígena. Al respecto, algunos periodistas reconocieron que no fueron retenidos sino que se mantuvieron en el lugar para reportar la llegada de los cadáveres de los caídos en esta rebelión.
El 7 de octubre, fuerzas de la seguridad ecuatoriana desalojaron a periodistas del Palacio Presidencial, lugar en el que los colegas quedaron sin protección alguna, lo que provocó que varios de ellos fueran objeto de malos tratos por parte de protestantes. El 12 de octubre, las instalaciones de varios medios de comunicación de Quito sufrieron conatos de incendio de parte de manifestantes.
La Relatoría fue informada sobre la detención de ocho comunicadores comunitarios y la sentencia de cinco días de detención contra una comunicadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
El 9 de Octubre, la radio emisora quiteña Pichincha Universal recibió la orden de parte de Secretaría de Comunicación de la Presidencia, (SECOM) de adherirse a la señal de Radio Pública, indefinidamente. Posteriormente, fue suspendida su programación por orden de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), tras sufrir el allanamiento de sus instalaciones por parte de la Fiscalía, por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”.
Actualmente, está al aire por la acción de un juez de garantías constitucionales que aceptó la protección presentada por su defensa jurídica. Los directivos de la radio han venido denunciando una campaña persistente de “acoso judicial” a los trabajadores del medio.
En esta misma línea, la CIDH conoció que la señal de televisión por cable y satélite de la cadena TELESUR, fue retirada del aire en Ecuador por tres días, en plenas manifestaciones populares.
Los medios alternativos digitales, también, denunciaron violaciones a su derecho al ejercicio a la libertad de expresión, acceso a la información y ataques físicos. La Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios Indígenas e Independientes conformada por 23 medios denunció vulneraciones y ataques a sus cuentas, en momentos de alta represión y violencia.
VERSIÓN OFICIAL
Las autoridades gubernamentales, de su parte, acusaron a los manifestantes de causar cuantiosas pérdidas económicas por los bloqueos de carreteras o tomas de infraestructura de pozos petroleros y plantas de agua potable en diferentes ciudades y lugares del país. Además de afectar a la propiedad privada, incendios de edificios estatales, provocar saqueos a establecimientos comerciales, retención involuntaria de unos 400 miembros armados e intento de linchamientos. Respecto a la prensa señalaron que hubo la circulación de falsas noticias que confundieron a la ciudadanía.
Ante estos hechos, el país vivió desde el 3 de octubre un “estado de excepción”, decretado por el gobierno central, que apuntaba a suspender ciertas libertades y un “toque de queda” que movilizó a las Fuerzas Armadas para que controlen las protestas. La Corte Constitucional, en su resolución, sobre el estado de excepción demandó de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a proteger, prevenir la integridad y los derechos de los ciudadanos.
VUELVE LA PAZ
El 13 de octubre se generó un espacio de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional, transmitido por cadena de radio y televisión en todo el territorio. Diálogo que tuvo como facilitadores al representante de la Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aquí se acordó la derogatoria del Decreto No883 y el levantamiento de las movilizaciones.
El 14 de octubre, Lenin Moreno Garcés, emitió el Decreto No 894, que derogó el No 883, e hizo un llamado a la concordia, paz y reconciliación social. Al respecto, la CIDH observó que las medidas económicas adoptadas por el régimen de Moreno carecieron de un proceso de consulta ciudadana ni evaluación de impacto. Las autoridades gubernamentales puntualizaron que estas medidas tenían como objetivo controlar el contrabando de combustible.
RECOMENDACIONES DE LA CIDH
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda al Estado de EcuadorEn esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley; establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias; garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura; garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales; mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades; fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
Además, diseñar instituciones que promuevan y que no inhiban o dificulten la deliberación publica, incluyendo el desarrollo de protocolos de protección y seguridad con enfoque intercultural para que las fuerzas policiales y demás entidades provenientes del Estado realicen su labor ajustándose a derecho; adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión. La CIDH recuerda que, en los pueblos indígenas, el vínculo y acompañamiento entre las generaciones y grupos etarios constituye un elemento de su cosmovisión necesario para el traspaso de la herencia cultural y proyección del colectivo como pueblo; mantener el llamado a la paz y al diálogo, a fin de evitar estigmatizaciones y propiciar un ambiente de diálogo con todos los sectores de la sociedad; abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen, criminalicen o generen un ambiente de intimidación hacia líderes y lideresas indígenas. La CIDH advierte que, por sus características económicas, sociales y culturales, en el caso de lideresas y líderes indígenas, la criminalización y la estigmatización pueden tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades donde ejercen su liderazgo; avanzar las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables, así como a obtener las medidas de reparación individuales y colectivas correspondientes a las víctimas y sus familiares, comunidades y nacionalidades indígenas; y, con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materias de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público.
REACCIONES
Una de las reacciones que más concitó el interés de la ciudadanía fue el JUICIO POPULAR contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, llevada adelante por el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas en una plaza pública de Quito: Plaza de la Memoria.
Aquí, le condenaron a la expulsión de todos los movimientos y organizaciones de mujeres populares y feministas. Además, responsabilizan al Estado ecuatoriano y al gobierno de Lenin Moreno, de cualquier juicio y criminalización contra sus dirigentes y familiares por su participación en el paro.
La primera autoridad gubernamental, en dar declaraciones a la prensa, respecto al contenido del Informe, fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien señaló “para quienes estuvimos en el país, quienes vimos con nuestros ojos, quienes sabemos lo que pasó, es un informe que tiene su sesgo”. Agregó que el gobierno analizará el reporte y emitirá una respuesta al organismo.
Los asambleístas Roberto Gómez y Amapola Naranjo, nuevamente, han presentado una petición de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes, lanzamiento de bombas en los centros de paz y acogida, y convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, anunció que el movimiento indígena presentará una demanda contra el Gobierno, ya que el Estado ecuatoriano pretende ocultar lo ocurrido en las protestas de octubre. Esto luego de que se pidió a la Corte Constitucional que se desclasifiquen documentos reservados, y aún no se han recibido respuesta. Además por el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.
De su parte, la Comisión de la Verdad y la Justicia conformada por la Defensoría del Pueblo convocó a la ciudadanía a presentar sus testimonios sobre persecuciones, represalias e intimidaciones como es el caso de Jhajaira Urresta, quien perdió un ojo, y es presuntamente víctima de persecución, aparentemente, por personas desconocidas, vinculadas a instituciones estatales.
