La madrugada del 15 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó al defensor del Pueblo, Fredy Vinicio Carrión Intriago, por incumplimiento de funciones dispuestas en la Constitución y la ley en el ejercicio de su gestión. Asimismo, dispuso que el expediente se envíe a la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría para las respectivas investigaciones.
Fueron 75 asambleístas los que votaron por su censura, 47 en contra y 14 se abstuvieron de 136 presentes. Esta intensa jornada duró aproximadamente 15 horas.
La moción de censura fue presentada por la asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), Yesenia Guamaní, en la que se incluyó que el censurado quede impedido de ejercer cargo público por dos años. Además, dispone que el ex ministro de Salud, Mauro Falconí sea investigado, por ciertas ilegalidades que se encontraron en este proceso y, de ser procedente, se le instaure un juicio político.
Los legisladores interpelantes de Carrión fueron Yesenia Guamaní y Ricardo Vanegas de Pachakutik (PK), quienes le acusaron de incumplimiento de funciones por haber utilizado un vehículo público para fines particulares, haber roto el estado de excepción decretado por el ex presidente Lenin Moreno Garcés, utilizar personal de custodia en días de descanso (sábado) para una reunión privada en casa del ex ministro Mauro Falconí, delegación de funciones, desde la cárcel , a personas extrañas a la Defensoría del Pueblo, en este caso a sus abogados.
No obstante, la principal acusación que se le imputa al ex defensor del Pueblo es un presunto abuso sexual a la compañera sentimental de Falconí, delito penal que será sustanciado en la Fiscalía, toda vez que a la Asamblea Nacional solo le corresponde controlar y fiscalizar políticamente a los funcionarios públicos.
ANTECEDENTES
En la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo, el ex Defensor del Pueblo asistió a casa de Falconí para recibir denuncias en contra de funcionarios de alto nivel del ex gobierno de Lenin Moreno, que estarían involucrados en casos de corrupción relacionados a la entrega de vacunas Covid- 19 de manera irregular, entre éstos la ex Vicepresidenta, María Alejandra Muñoz.
Empero, esta entrega-recepción de documentos no terminó ahí, en razón de que se produjeron hechos violentos por el consumo de licor; al ex defensor le acusan de presunta agresión sexual a la compañera de Falconí, ella también a la época, funcionaria de alto nivel del gobierno de Moreno.
Una vez que se hizo público este acontecimiento, los asambleístas Yesenia Guamaní y Ricardo Vanegas solicitaron el juicio político contra Carrión. Tal solicitud fue calificada y aprobada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), el 5 de julio.
Fueron seis integrantes de nueve de la Comisión de Fiscalización los que recomendaron el juicio político contra Carrión, en el pleno de la Asamblea. Durante seis sesiones, en la Comisión comparecieron para dar su versión de los hechos funcionarios de la Defensoría, policías que acudieron la noche del escándalo al departamento de Falconí, la Fiscal General de la Nación, el ex ministro de Gobierno Gabriel Martínez, entre otros.
También, la Comisión recomendó a la Fiscalía investigar a la ex vicepresidenta de Ecuador por posible delito de peculado, a Mauro Falconí, a su compañera y a Jorge Wated, ex secretario del Gabinete de la Presidencia de Lenin Moreno Garcés.
Amerita precisar que, al día siguiente de estos hechos violentos, acudió una sobrina de la presunta víctima de la agresión sexual al departamento de Falconí- quien fue ministro de Salud en el gobierno de Moreno- y a su salida los policías encontraron en su mochila la cantidad de USD 46,570,00, que hasta la fecha no ha podido justificar.
El ex defensor Carrión fue recibido por la Comisión para defenderse, por una sola vez, hecho que fue denunciado sus abogados. En esa oportunidad Carrión desmintió todas las acusaciones que le imputaron, como la presunta agresión sexual a la compañera sentimental de Falconí.
Afirmó que es víctima de un complot ya que con antelación a los sucesos, él fue visitado por Falconí y su pareja por dos ocasiones en su oficina, para mantener una reunión a fin de darle a conocer supuestos actos de corrupción en la entrega de vacunas contra el Covid-19. Dada la insistencia de la pareja, acudió el sábado 15 a casa de Falconí. Lo hizo en el carro de la Defensoría del Pueblo porque la institución estaba exenta del cumplimiento del estado de excepción. Además, asistió con protección policial porque era parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos Protegidos, por las continuas amenazas de muerte contra su familia y él, a propósito de las denuncias de corrupción del Gobierno de Moreno, que recibía y daba a conocer a la sociedad.
Durante diversas ocasiones ha manifestado que en casa de Falconí se sirvió un aperitivo y unas dos copas de vino. Desde ese momento, no recuerda nada de los episodios que le imputan. Él cree que fue drogado para posteriormente ser detenido, con inculpaciones de haber violado el estado de excepción. Posteriormente, se le cambió este delito por la posible agresión sexual a una mujer.
Los testigos, entre ellos los guardias del edificio, que llegaron a la Comisión afirmaron que la posible víctima de la agresión, en evidente estado etílico, manifestaba que personas extrañas ingresaron a su departamento y le atacaron violentamente. Sin embargo, luego se le acusa al ex Defensor del Pueblo de ser el atacante.
Carrión afirmó que se hicieron públicos unos videos donde se le observa agrediendo a la mujer y a su pareja. Videos que a su criterio fueron manipulados, forjados y recortados, con el único interés de desprestigiarle ante la opinión público y deslegitimar su gestión.
Denunció que en su caso se ha hecho un uso excesivo de la prisión preventiva, él está detenido en la cárcel 4, ubicada en Quito. Además, dijo que se han forjado pruebas en su contra, el proceso ha sido irregular. No se ha respetado el principio de presunción de inocencia antes de emitida sentencia, varios medios de comunicación le han linchado presentándole como un sicópata sexual. Acusó a la Fiscalía de cometer fraude procesal.
A su criterio, la causa de todo este montaje es por los hechos que se sucedieron en octubre de 2019, cuando hubo un estallido social liderado por los indígenas. En esa ocasión Carrión jugó un papel protagónico al denunciar todas las violaciones a los derechos humanos del que fueron objeto miles de manifestantes. Recordó que hubo 11 asesinados, 20 personas perdieron un ojo, 1.192 personas fueron detenidas y otras fueron heridas por las fuerzas militares y policiales. De los 11 asesinados, 6 se presume que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Agregó que conformó una Comisión de la Verdad y la Justicia que se encargó de investigar detenidamente todos los episodios que se dieron en esos dramáticos días de octubre. El documento salió a la luz y en él se le acusa al ex Presidente Lenin Moreno Garcés, María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, Osvaldo Jarrín ex ministro de Defensa, a la cúpula militar y policial, de ese entonces, de ser los autores intelectuales de esas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.
Por lo que el ex defensor Carrión solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos narrados en ese informe y pidió que se le impida la salida del país del ex mandatario Moreno. Nada de eso ha sucedido y ahora, yo soy el detenido. Moreno y sus colaboradores cercanos están viviendo muy cómodamente en los Estados Unidos.
Asimismo, recalcó que la ID tendría aspiraciones de tomarse la Defensoría del Pueblo, hasta el momento la actual Defensora Subrogante, Zaida Rovira, ha despedido a un 60% de colaboradores de Carrión y ha empezado a ubicar a gente de ese partido. Advirtió, que esto perjudicaría al pueblo ecuatoriano, toda vez que se anuncian protestas sociales y lo ideal para este partido sería tener una Defensoría cómplice y silenciosa.
REACCIONES
Ante la posibilidad del enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional hubo voces de protesta y aquellas que pedían que sea sancionado, tanto políticamente cuanto penalmente. El juicio político se ha dado, ahora toca esperar lo que dirán los jueces sobre la supuesta agresión sexual.
La primera organización que se pronunció fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), que en un comunicado firmado por su presidente Leonidas Iza, en su parte medular señala: las circunstancias actuales no deben servir como estrategia para encubrir actos de corrupción del gobierno de Moreno y más gobiernos de derecha, o peor aún para evitar la sanción a los responsables directos María Paula Romo, Osvaldo Jarrín y Moreno, de las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en octubre de 2019, donde varios de nuestros hermanos/as perdieron la vida y fueron mutilados por el uso excesivo de la fuerza pública.
Estas múltiples evidencias se encuentran documentas en el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, integrada y alimentada por los informes de la Defensoría del Pueblo, y en la denuncia por delitos de lesa humanidad en la Fiscalía General del Estado en contra del Gobierno de Moreno, precisamente por Freddy Carrión, Defensor del Pueblo. Consideramos, que a partir de este escenario, es clara la persecución judicial, política, sistemática e ilegal a un defensor de DDHH, develando una serie de irregularidades en el debido proceso que enfrenta, con el objetivo de invalidar la labor y denuncias realizadas, que demuestran la responsabilidad de altas autoridades de gobierno que ahora presionan para salvarse de los juicios que los viene, por sus acciones en la represión de 2019”.
Lo paradójico de esta asunto es que algunos legisladores de Pachakutik (PK), brazo político de la CONAIE votaron a favor de la censura y destitución de Freddy Carrión, lo que posiblemente conlleve a una ruptura en las relaciones entre estos dos grupos. Los votos de PK a favor de la censura de Carrión, normalizaría la represión criminal contra el pueblo indígena ocurrida en octubre.19, olvidando sus muertos y perjudicando al movimiento indígena, es lo que opina la gente.
De su parte, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) cuyo máximo líder es el ex presidente Rafael Correa Delgado sostuvo “Este proceso está plagado de odios políticos. Nosotros no nos manejamos por venganzas ni conveniencias políticas, la verdad debe prevalecer y nos mantendremos vigilantes del debido proceso y del respeto a las atribuciones que le corresponde a cada Función del Estado”.
Rafael Correa Delgado, ex mandatario ecuatoriano en un trino enfatizó “No conozco al señor Carrión, fue puesto por Trujillo, pero todo lo que dice es verdad. En Ecuador no hay Estado de derecho y se utiliza la “justicia” para acallar, con la abierta complicidad de la prensa que, como notarán, sólo sigue, difamando al correísmo”.
La jurista y ex asambleísta, Amapola Naranjo, twitteo “Señores de la ID, ya se bajaron al Defensor del P. Ahora tienen la Defensoría del Pueblo totalmente en sus manos, qué van hacer con el informe que determina CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD contra Moreno, Romo, cúpulas policiales y FFAA? Ya veremos dijo el ciego”.
La esposa de Carrión, Priscila Schettini, quien ha jugado un papel protagónico en la defensa de su esposo tiwtteó “URGENTE es clara la persecución judicial, política, sistemática e ilegal a un defensor de la DDHH. Se han develado irregularidades en el proceso porque quieren invalidar el informe de octubre de 2019. No permitamos la impunidad que esconde este juicio político”.
Marco Navas, analista político expresó “Eso sí, tanto en lo político cuanto lo judicial se enmarcan en destituir a un funcionario incómodo para el régimen de Lenin Moreno por ser el único que investigó las graves violaciones de derechos humanos por parte del estado en la Rebelión de Quito, octubre 2019”.
El jurista Augusto Tandazo comentó “Lo actuado en el juicio político en contra del Defensor del Pueblo viola la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y es nulo, porque no tiene la motivación que exige la Constitución de la República”.
El economista Pablo Dávalos tiwtteo “Para la burguesía (y de paso para el FMI) Octubre-19 es “negro”, porque quieren un pueblo sumiso, dócil y de rodillas. Pero se equivocan de ciudad y de país. Quito siempre ha sido rebelde, digna y valiente. Por algo somos y seremos “Luz de América”.
Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá designar un defensor encargado, mientras se realiza el concurso para elegir una autoridad definitiva. Entre tanto, Zaida Rovira, a quien le acusan de usurpar el cargo, permanecerá al frente de la Institución.
