(San Juan, PR) El gobierno de Puerto Rico sufrió un duro golpe legal el pasado martes cuando la jueza federal Laura Taylor Swain determinó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene la autoridad legal para imponer presupuestos y certificar los planes fiscales gubernamentales del Archipiélago Borincano.
La decisión de la jueza Taylor Swain, que preside el caso de Título III de la quiebra gubernamental bajo la ley PROMESA, implica que los pocos vestigios que restaban del Estado Libre Asociado sucumbieron para sumergir a la Isla en un limbo colonial similar al que tenía antes de 1952.
El Gobierno de Puerto Rico y la Legislatura estatal habían presentado dos demandas en contra de la JSF alegando que esta se había extralimitado en el ejercicio de los poderes que recibieron de la Ley PROMESA.
En las dos respuestas emitidas por la jueza federal esta instruyó que los planteamientos presentados por los representantes gubernamentales no encarnan una polémica que el Tribunal deba resolver porque la ley PROMESA es clara sobre los poderes de la Junta para establecer el presupuesto operacional del país.
La jueza fue un poco más allá de validar el poder de la Junta al sentenciar que las recomendaciones del organismo, cuando son incorporados a un plan fiscal, deben ser acatadas por el gobierno electo.
La jueza concluyó que en términos de la aprobación de leyes la Junta solo tiene “herramientas presupuestarias” y “negociaciones” para obtener la colaboración de los oficiales electos del territorio estadounidense.
Empero, Taylor Swain dejó claro que el verdadero poder gubernamental radica es de la Junta.
“Que esta autoridad poderosa para hacer ciertas determinaciones de política importantes descanse en última instancia en la JSF no deja, sin embargo, al gobernador electo irrelevante o sin dientes”, agregó Swain al explicar que PROMESA provee para que sea el gobierno quien primero provea la guía para los recursos fiscales y que en este caso, ambas partes reconocieron que hubo negociaciones “extensas”.
En una de sus páginas de Facebook el líder luquillense, Guillermo Beytagh-Maldonado, quien vivió muchos años en Nueva Jersey, resume la decisión de la jueza diciendo que:
“La jueza resuelve que el “Congreso ejerció sus poderes bajo la cláusula territorial de la Constitución federal al aprobar la Constitución de Puerto Rico y al aprobar Promesa”. Y añade, que “la cláusula territorial le da poder al Congreso para hacer reglas y regulaciones para Puerto Rico, y también para cambiarlas”. ESAS DOS ORACIONES ECHAN POR EL PISO LA TEORÍA DEL PACTO, QUE POR MUCHOS AÑOS MI PARTIDO POPULAR DEFENDIÓ Y QUE ALGUNOS TODAVÍA INSISTEN EN DEFENDER”.
La mayoría de los puertorriqueños entrevistados por AHORA NEWS concurren con lo expresado por Beitagh Maldonado en su página de Facebook.
“Está más claro que el agua, esta decisión valida el nuevo sistema colonial en la Isla”, expreso Joseph Rivera de Añasco. “Implica que hemos vuelto a los tiempos en que las decisiones importantes se tomaban en Washington y nuestros legisladores no eran mas que muñecos carentes de poder real”.
La decisión de Taylos Swain es la segunda de un Tribunal federal que impacta adversamente al estatus aprobado por el pueblo puertorriqueño en 1952. En junio de 2016 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en votación de 6 a 2 confirmó la determinación de la corte de distrito federal de que el Estado Libre Asociado (ELA) no tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal contra la doble exposición en casos criminales.
La decisión del Supremo federal reafirmó el estatus territorial de la Isla y validó que, al igual que otros territorios, el poder real radica en el Congreso. Ese mismo mes el Congreso aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA por sus siglas en inglés.
“El ELA ha estado recibiendo golpes desde la era de Pedro Rosselló”, sentencia Edna Montalvo de Cabo Rojo. “Cumplió su servicio para el imperio, pero sucumbió ante el bipartidismo y las luchas de poder entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP)”.
La colonia se convirtió en un gasto de dinero innecesario luego de terminada la Guerra Fría.
“Puerto Rico fue la vitrina de Estados Unidos para Latinoamérica, representó lo mejor de dos mundos durante la Guerra Fría”, expone el historiador Luis Santaliz . “Caído el Muro de Berlín, concluido los enfrentamientos entre la difunta Unión Soviética y Occidente, la colonia dejó de ser costo efectiva para el imperio”.
“Estados Unidos se cansó de ser una chequera y comenzó a poner orden en sus las relaciones financieras con la Isla”, añade la financista María Villabella de Mayagüez. “El Congreso, con la complicidad del PNP, eliminó los subsidios que mantenían la economía isleña operacional. Les dieron diez años a los gobiernos isleños para que se preparan para el golpe mortal, pero estos, esperanzados de que habría un cambio en la política imperial, no hicieron nada para evitar el colapso económico del país”.
“En el 2006 se inició una recesión con miras a ser ya depresión económica. Para completar el cuadro nefasto, Puerto Rico está tan endeudado que no le es rentable ni para sí mismo”, concluye la financista.
Las decisiones de Taylor Swain también dan al traste con las promesas del PNP de una estadidad cargada de millones de dólares para ser gastados sin controles.
“Las promesas del PNP de la estadidad para los pobres, la bonanza de recursos federales, los gastos en obras monumentales y los trabajos políticos terminaron”, atestó un líder anexionista que pidió no ser identificado por temor a represalias de sus correligionarios.
“El PNP salió trasquilado en esta decisión. Perdió el poder real y se quedó con una colonia en quiebras”, añadió el informante, quien fue uno de los fundadores de la colectividad política en 1967.
El 7 de agosto marcará el enterramiento del ELA, ya no hay vuelta atrás.
“Estaremos estancados por muchos años. El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares ahora conocerá todo el alcance de la ley PROMESA en términos gubernamentales”, expuso Miguel Cruz de San Germán.
“El Partido Nuevo Progresista logró el objetivo que se impuso en 1976, destruir el ELA. Sin embargo, los líderes penepés no lograron la integración de la Isla a los Estados Unidos”, dice César Nieves de Manatí.
“Ahora, en busca de un premio de consolación y sabiendo que el rechazo a la estadidad en el Congreso es absoluto y contundente, la Comisionada Residente, Jennifer González, propone otra colonia glorificada, un territorio incorporado”.
Sin embargo, el cuento de la Comisionada Residente en su intento de mantener las huestes estadistas animadas presentó el proyecto como uno de estadidad.
“Los anexionistas son mentirosos por naturaleza, engañan y manipulan la información”, puntualiza Santa Martínez. “No le dicen a sus correligionarios que la diferencia entre el ELA y lo propuesto por la flamante Comisionada Residente es abismal”.
De hecho, la propuesta de González pondría a los puertorriqueños a pagar contribuciones federales, a competir por los fondos federales que ahora recibe automáticamente y en una unión indisoluble con Estados Unidos.
“El territorio incorporado sería un negocio peor que el que tuvimos con el ELA”, señala Santaliz. “Pagarías por una ciudadanía de segunda, no tendríamos representación en el Congreso, no votaríamos por el presidente y perderíamos instituciones muy queridas para la Isla como lo son el Comité Olímpico y el derecho a participar en Miss Universe”.
“La Comisionada tampoco indica que los residentes de Puerto Rico se volverían más pobres, la vida se encarecería más debido al pago de impuestos federales, se perdería la ley de hogar seguro por la necesidad de buscar los recursos para subvencionar los gastos gubernamentales…”.
“Todo esto en espera de que algún día en un futuro lejano el Congreso le otorgue a los ciudadanos de segunda de la colonia de Puerto Rico la integración como estado de la Unión”, concluye el historiador y líder comunitario.
Los puertorriqueños se enfrentarán a un régimen colonial desconocido para la mayoría de las generaciones nacidas después de 1952. Las exigencias financieras y los ajustes presupuestarios que se verá obligado el Gobierno a implementar probablemente incrementarán la migración hacia Estados Unidos y el deterioro de las condiciones sociales del país.
Swain no resolvió todos los conflictos existentes entre la JSF y el Gobierno. Todavía el país espera las decisiones que emitirá la jueza Judith Dein en septiembre. Estas decisiones le darán forma al nuevo convenio colonial unilateral de Puerto Rico con el Congreso. Lo que sí está claro es que la Constitución del Estado Libre Asociado existe por obra y gracias del Congreso y que de un plumazo la Isla puede perder todos los logros políticos obtenidos en 120 años de lucha colonial.
