El viernes 18 de septiembre, Puerto Rico recibió casi 13.000 millones de dólares de parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, conocida por sus siglas en inglés como FEMA. Nuestros hermanos boricuas se vieron forzados a escapar de su país, en parte, por la devastación causada por el huracán María, que abatió la isla hace tres años.
La falta de electricidad, agua potable, refugio, servicios médicos y escuelas hábiles causó que miles de dueños de negocios, profesionales, padres de familias y trabajadores de diversos sectores, tales como maestras, enfermeras y doctoras, se mudaran al territorio continental, dejando tras sí un vacío con poca esperanza de ser llenado… ¿Hasta ahora?
Las repercusiones de esta gran diáspora tocan tanto aspectos políticos como económicos. Miles de negocios jamás volvieron a abrir sus puertas, cientos de casas y almacenes quedaron sin reparar y aún se pueden ver, desde las ventanillas del avión, las carpas azules que cubren los techos arrancados por el viento.
Las casas y almacenes abandonados corren el riesgo de convertirse en guaridas para drogadictos y personas sin hogar. A su vez, la fuerza policial ha sido diezmada paulatinamente en el transcurso de los últimos cinco años.
El anuncio de la asistencia adicional de la administración Trump servirá para reconstruir la red de electricidad (9.600 millones), para que los edificios escolares sean reparados (2.000 millones) y, en general, para levantar las infraestructuras barridas por el huracán e incentivar la agricultura.
La iniciativa llega enhorabuena y, también, es un movimiento estratégico para congraciarse con los votantes puertorriqueños. En esencia, creemos que los puertorriqueños tienden a ser conservadores en lo relativo a lo económico, aunque menos en asuntos de índole social. Social y económicamente, Ron DeSantis (gobernador de Florida), se ha ganado la buena voluntad del pueblo en éxodo, a quien rápidamente se le prestó asistencia y cuyos niños fueron absorbidos de golpe por los distritos escolares del Sunshine State.
Mientras tanto, en la isla, la gobernadora Wanda Vázquez ha celebrado que la Casa Blanca haya firmado el desembolso de «la aprobación más grande en la historia de FEMA».
Además, en una rueda de prensa, el presidente prometió traer de regreso a la isla los contratos de factorías y distribución de medicamentos que al marcharse colapsaron el mercado de trabajo local.
La industria farmacológica de Puerto Rico fue desbandada después que Bill Clinton pasara una ley (Small Business Job Protection Act of 1996), que retirara los incentivos fiscales a esas compañías. Estas luego se mudaron a China, India e Irlanda, lo que provocó el desplome de una economía que iba en alza. Así, el huracán solo vino a dar el golpe de gracia a una situación ya de por sí precaria, ¡y por mucho tiempo!
Si los fondos destinados a Puerto Rico fueran debidamente empleados, es posible que la trayectoria en picada de la Isla del Encanto se detenga y se corrija. Sin embargo, si la plaga feroz de la corrupción mantiene el país bajo su yugo, tal vez eso no ocurra, pero eso es harina de otro costal. La pregunta del millón ahora es: ¿podrá el incentivo de FEMA persuadir a los boricuas de votar a favor de los conservadores? Ya se verá.
