Indignación y estupor causó a sus seguidores esta noticia, entre tanto satisfacción a sus detractores; diligencia judicial que vincularía al ex mandatario economista Rafael Correa Delgado, gobernante del Ecuador por 10 años, (2007- 2017) en un juicio penal por la presunta asociación ilícita en el secuestro al ex asambleísta Fernando Balda Flores en Bogotá- Colombia, en 2012, por parte de los integrantes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain.
Daniela Camacho, jueza de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, por petición de Paúl Pérez, Fiscal General del Estado, solicitó a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento penal al ex presidente en este caso de posible secuestro.
El fiscal Pérez sostuvo que luego de las investigaciones en el proceso caso Balda, “se han encontrado elementos de convicción suficientes para solicitar la vinculación del ex presidente a la instrucción fiscal” a través de las declaraciones de funcionarios que ejercieron atribuciones en el gobierno anterior. Es decir son versiones de los mismos ex funcionarios en los que nos basamos para tomar la decisión que es constitucional y legal”.
La respuesta de la Asamblea Nacional fue dada a través de un comunicado en el que se señala “Estamos a la espera del ingreso del pedido de la Corte Nacional de Justicia relacionado con la solicitud de vinculación con la instrucción fiscal del economista Rafael Correa Delgado, para pronunciarnos.
Como es de conocimiento público, a partir del 24 de mayo de 2017, el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de presidente de la República.
Por lo tanto, no aplica el art.120 de la Constitución, numeral 10. Las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias.”
Cristóbal Lloret, jefe de la bancada legislativa a fin a Rafael Correa cuestionó el comunicado de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pues señala que ella no puede abrogarse una función que no tiene como es pronunciarse en nombre de la Asamblea.
Remarcó que es el pleno de la Asamblea Nacional quien debe dar paso a la autorización para la vinculación a este proceso penal de Rafael Correa, con los votos afirmativos de 92 legisladores. Además, su criterio es que no existe indicio o elemento alguno para vincularle al ex mandatario en este proceso penal. Recordó que “Balda nunca le mencionó a Rafael Correa en este presunto secuestro”, sino a otras personas que ya están cumpliendo condenas en Colombia.
Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, militante del movimiento Maná que apoya al ex mandatario Correa puntualizó que esta acción es parte de la persecución política del actual jefe de Estado, Lenin Moreno Garcés, en contra de su mentor y ex coideario Rafael Correa a través del sistema de justicia.
De su parte, los militantes de la Revolución Ciudadana, que apoyan a Correa, convocaron al pueblo ecuatoriano a movilizarse en las calles en defensa del Estado de Derecho y del ex mandatario, al que califican como el único presidente que defendió a las clases populares.
Entre tanto, el gobierno nacional presidido por Lenin Moreno Garcés, ex colaborador de Rafael Correa, como vicepresidente por dos periodos, a través de su vocero Juan Sebastián Roldán se adelantó a señalar que respetará la decisión de la Fiscalía de vincular al ex mandatario Correa, en la investigación del presunto secuestro de Balda.
Añadió que el gobierno de Moreno no tiene “nada que ver” con la decisión del Fiscal Paúl Pérez y considera que “es positivo que en el Ecuador se ventile las cosas públicamente y que no se mantengan en un cajón”.
Rafael Correa ejerció la presidencia desde 2007 hasta el 24 de Mayo de 2017. Actualmente reside en Bélgica, tierra de su esposa.
ANTECENDENTES
Fernando Balda Flores fue expulsado de Colombia en octubre de 2010, país en el que permanecía desde el 5 de octubre de 2009. Según el Departamento de Migración de Colombia la razón de su expulsión se dio porque recibió una nota de Ecuador en la que se informaba que Balda tenía que cumplir una sentencia condenatoria por el cometimiento de un delito de injuria en contra de Oscar Herrera Gilbert; además Balda estaba de forma irregular en el país del norte.
El ex asambleísta alterno de Sociedad Patriótica, PSP, partido opositor al ex mandatario Correa fue trasladado a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea de Colombia a fin de preservar su integridad manifestaron las autoridades colombianas, en ese entonces.
Asimismo, Balda fue denunciado por el ex Secretario Jurídico de la Presidencia. Alexis Mera, por la difusión de noticias falsas alarmantes contra la seguridad de la nación ya que a través de un boletín de prensa propagó que el ex mandatario espiaba e intervenía los teléfonos de sus adversarios políticos, periodistas y ciudadanos que defienden la democracia; añadiendo que existe una oficina clandestina de inteligencia al mando de Rommy Vallejo y Santiago Mena.
Según el doctor Mera esta denuncia fue malintencionada, irresponsable e inescrupulosa que causó conmoción social y alteración del orden público; delito que es sancionado con seis meses a dos años de prisión y una multa de 44 a 86 dólares de los Estados Unidos. Ante esta posibilidad de ser encarcelado Balda Flores fugó hacia Colombia, en el 2009.
En esta actual coyuntura política, los adversarios de Balda Flores han evidenciado que éste enfrenta otros juicios relacionados con estafas, injurias, juicio de alimentos y atentar contra la seguridad del Estado.
