Con la entrega de material letal y no letal, en calidad de préstamo, el ex presidente ecuatoriano Lenin Moreno Garcés coadyuvó con el gobierno de facto de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez a reprimir al pueblo boliviano que protestaba por el golpe de Estado en contra de Evo Morales, en noviembre de 2019.
La revelación de este grave hecho lo hizo el ex ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, quien residía en Miami- Estados Unidos, donde fue detenido por una serie de graves acusaciones en su país, informó el periódico La Razón de Bolivia. Se conoció además, que él presionó y gestionó a través del ministerio de Defensa, este préstamo, con la justificación de dotar a la Policía de Bolivia de recursos antimotines, en el periodo de Áñez.
El ex ministro Murillo sería uno de los responsables de los crímenes ocurridos en Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, donde fallecieron 40 personas, 800 ciudadanos heridos y unos 1.500 encarcelados sin el debido proceso judicial.
A decir del mismo diario boliviano, los ex funcionarios del gobierno de facto enviaron un avión a Ecuador para cargar los materiales como gases lacrimógenos y estopines de goma. Este episodio se daría entre el 15 y 16 de noviembre de 2019, cuatro días después de que Áñez asumiera el poder.
El abogado de ex funcionarios bolivianos inculpados de este suceso, Gary Prado Arauz, aseguró que los funcionarios ecuatorianos que tramitaron esta entrega provenían de los ministerios de Gobierno y Defensa, Cancillería con el visto bueno del ex jefe de Estado Lenin Moreno.
El 15 de noviembre aterrizó un avión de carga del Ejército boliviano en Ecuador que debía contar con la debida autorización para el arribo. Al respecto la Dirección Nacional de Aviación Civil de Ecuador desconoce este asunto. Hasta el momento, ninguna institución gubernamental o personero se han pronunciado por este suceso.
No obstante, funcionarios ecuatorianos de alto nivel pidieron el 27 de mayo de 2020, la devolución de material prestado a Bolivia. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302 de sonido y destello para exteriores, 2.300 proyectiles de largo alcalce calibre 37MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37MM. Según los entendidos en materia bélica esto alcanzaría el monto de USD 5 millones.
Eduardo Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia pidió el pasado 13 de junio al Gobierno de Ecuador su colaboración para develar a los funcionarios ecuatorianos que participaron en la “dotación” de granadas de gas y proyectiles para favorecer a la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
Puntualizó que el Gobierno boliviano abrió una investigación para indagar sobre esta entrega-recepción, desde Ecuador hacia Bolivia. Además, conocer el flujo de comunicaciones entre ambos países como parte de una “cooperación regional para la represión”, que a su entender es similar al Plan Cóndor de los años setenta.
De igual manera, el embajador boliviano en la organización de Naciones Unidas, Diego Pary solicitó una investigación internacional sobre la actuación de Moreno en la represión al pueblo boliviano ejecutada por la Áñez. Agregó que este préstamo es una vulneración grave al derecho internacional, esto requiere una investigación seria con la participación de organismos internacionales.
El ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, en declaraciones a la prensa boliviana planteó que el expresidente Lenin Moreno sea investigado por el préstamo de armamento de guerra al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Fredy Mamani, twitteó “Lenin Moreno debe disculparse con el pueblo boliviano. Agregó que los bolivianos piden al gobierno ecuatoriano de Lasso Guillermo que contribuya a esclarecer los hechos relacionados al caso gases lacrimógenos”.
Iván Lima Magne, ministro de Justicia se expresó a través de un trino así: “La investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de Áñez y Lenin Moreno no puede quedar impune”:
REACCIONES EN ECUADOR
En el país esta noticia ha causado revuelo a nivel de redes, medios alternativos y, sobre todo, en los medios internacionales; los medios hegemónicos locales han callado esta información, toda vez que a Moreno le blindan frente a este tipo de acciones.
Varios analistas se han pronunciado sobre el tema y consideran que Moreno y los funcionarios de su gobierno que permitieron este hecho deben responder sobre esta denuncia que compromete recursos económicos del erario nacional.
Estos funcionarios serían la exministra de Gobierno, María Paula Romo, el ex ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, el comandante del Ejército, Luis Lara Jaramillo, el ex comandante de la Policía, Patricio Carrillo Rosero y otros que en el transcurso de la investigación seguirán apareciendo.
Uno de los políticos que se adelantó a formalizar este hecho, fue el asambleísta Fausto Jarrín Terán, de Unión por la Esperanza (UNES), afín al ex presidente, Rafael Correa Delgado, quien presentó la denuncia respectiva en la Fiscalía General del Estado para que se investigue este préstamo.
Esta acción fiscal contra Moreno es solicitada “por el hecho de haber entregado, sin ninguna razón o justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al Gobierno de Jeanine Áñez”, explicó en rueda de prensa Jarrín.
Aseveró que en su denuncia recopiló la mayor cantidad de información y documentación a fin de la que Fiscalía abra una indagación previa, de forma acelerada y eficiente, igual que en otros casos menos graves, pero que involucran a contradictores políticos de Moreno.
Deploró que implementos, armamentos, bienes públicos del Estado ecuatoriano hayan sido utilizados para el atropello de los derechos humanos del pueblo boliviano, así como atentar a la democracia y defender a un gobierno de facto, presidido por Áñez.
Esta acción configuraría delitos como disposición arbitraria de bienes públicos y hasta malversación o peculado, denunció el jurista. Este último tipificado en el Art. 278 del Código de Procedimiento Penal (COIP).
Fredy Rivera, docente de la FLACSO, en una importante radio capitalina, Pichincha Universal, calificó a este suceso como algo gravísimo que tiene que ser investigado y aclarado. Agregó que, además, debe intervenir políticamente la Asamblea Nacional.
La Asamblea debe llamar a que rindan cuentas el ex comandante de la Policía, Patricio Carrillo. La Inspectora General de Operaciones, Tannya Vera. Asimismo, funcionarios de la Cancillería para conocer los contactos en la embajada de Ecuador en La Paz.
De su parte, el embajador de carrera Fernando Yépez, sentenció:
¡Estos hechos no pueden quedar en la impunidad porque nunca había ocurrido una barbaridad de esta naturaleza!
Yépez calificó como un episodio vergonzoso para el Ecuador la entrega de armamento al gobierno de facto de Bolivia para reprimir a su población en el golpe de Estado de 2019, manifestó que esto demuestra la política servil e irreflexiva que llevó adelante el régimen de Lenin Moreno.
El periodista Leonardo Parrini aseveró que es conocido que los acuerdos de colaboración militar entre Ecuador y Bolivia están tipificados en el Plan Cóndor, implementado en noviembre de 1975 por los regímenes de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, cuyo objetivo es un pacto de represión regional,
Añade que con este préstamo de armas a Bolivia se vulnera la soberanía y los procedimientos porque se usó tal cooperación para la represión en una abierta injerencia de un Estado a otro.
Personalmente, considero que este tema es muy grave y delicado. Lamentablemente, a Moreno y sus funcionarios no les bastó la represión al pueblo ecuatoriano en el levantamiento popular que ocurrió en octubre de 2019, sino que, además, enviaron pertrechos a Bolivia con el mismo objetivo causar dolor, muerte y lágrimas a su pueblo, que reclamaba por el cumplimiento de sus demandas económicas y sociales. Resucitaron el Plan Cóndor que tuvo vigencia en los 70, en los países del Cono Sur del Continente y dejó más de 30 mil desaparecidos.
