Señala el abogado y analista político Leo Aldridge
(San Juan, Puerto Rico) Los puertorriqueños construyeron una sociedad idealizada durante la segunda mitad del siglo XX amparados por el alto nivel de autonomía que le otorgó el gobierno estadunidense como parte de los acuerdos descolonizadores de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Bajo el liderazgo de Luis Muñoz Marín y la hegemonía del Partido Popular Democrático (PPD) (1940-1968) se desarrollaron programas para potenciar el crecimiento económico, mejorar la escolaridad de la población, llevar cuidados médicos y mejorar la alimentación de las poblaciones marginadas y empobrecidas y fomentar la conservación de la identidad cultural del país.
Empero, con el surgimiento del bipartidismo a partir de 1968 y la alternancia en el poder del PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP), que aspira a la integración a los Estados Unidos, el sueño del progreso comenzó a desmoronarse.
Pésimas decisiones económicas diseñadas para favorecer a los amigos del alma y a los grandes contribuyentes de las campañas económicas, la mala administración de los recursos gubernamentales y el desmantelamiento del andamiaje colonial y sus subsidios que hacían atractiva la Isla para las grandes compañías estadunidenses sumergieron a la isla en la peor crisis fiscal de su historia. El crecimiento económico se detuvo en el 2006 con la desaparición de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal que favorecía a la isla como un paraíso fiscal para las grandes empresas. El endeudamiento del gobierno a partir de 1992 llevó a la quiebra fiscal en el 2016.
El Congreso de los Estados Unidos estableció una Junta de Supervisión Fiscal para evaluar los gastos gubernamentales, pagar a los dueños de la deuda y restablecer el crédito chatarra del país. El gobierno de Alejandro García Padilla le solicitó al Congreso que declarara al país en quiebra para reestructurar la deuda de $73,000 millones, pero la politiquería de los entonces aspirantes a la gobernación, Ricardo Rosselló Nevares y a la comisaría residente, Jennifer González, que aseguraron que la deuda era pagable evitó que esto ocurriera.
Luego la administración Rosselló solicitó la quiebra y validó los planteamientos de García Padilla.
“Las elecciones del 2016 fueron un saco de engaños y patrañas para defender los intereses de los bonistas (dueños de la deuda), socavar al PPD y empoderara al PNP. Terminada la contienda la mentira se hizo trizas, pero nunca reconocieron el daño que le hicieron al país”. Indica el historiador Luis Santaliz.
“La politiquería nos sumió en una mayor pobreza, dio al traste con los logros obtenidos durante el siglo XX y nos lleva por un camino incierto.
De hecho, el abogado y analista político Leo Aldridge aseguró esta mañana en un programa televisivo que el Puerto Rico que se forjó en la segunda mitad del siglo XX se desmorona. Los acontecimientos acaecidos en los últimos años han dado al traste con los mitos de autonomía cultural, fiscal y gubernamental.
“El Puerto Rico que conocimos está desapareciendo”, señaló Aldridge.
“El gobierno de Puerto Rico no puede aprobar un presupuesto sin la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, el Congreso indicó que no aceptará un plebiscito que incluya el estatus colonial y la eliminación de las peleas de gallo comprueban que la cultura está seriamente amenazada por las disposiciones del gobierno federal”.
Las palabras de Aldridge conmocionaron al país que se prepara para un intenso año electoral.
“Aldridge tiene razón”, asegura el educador Rubén Asencio. “La politiquería nos cerró opciones, el PNP, en busca de asemejarnos a los estados, destruyó la economía colonial, pero se olvidó de implementar un plan de contingencia. Pensaron en que la chequera del gobierno federal resolvería los problemas”.
“La corrupción, la pobreza y la criminalidad arropa el país. Los gobernantes de ambos partidos mayoritarios nos han convertido en una caricatura que es el hazmerreír de toda Latinoamérica. Dejamos de ser la vitrina del imperio para convertirnos en una colonia pobre y sin opciones”, dijo la financista Mariloli Villabella. “Mientras las economías caribeñas crecen, la de Puerto Rico está en rojo”.
“Los partidos políticos no aceptan su responsabilidad con el desmadre que han creado, los militantes son fanáticos que se niegan a juzgar a sus líderes y exigirles que paguen por sus desaciertos”, señala Antonio Pardo de San Juan. “Al condenar las malas acciones de los gobernantes te conviertes en paria, una voz en el desierto condenada y juzgada por las hordas partidistas de ambos partidos”.
“El caos que atraviesa el país es una responsabilidad compartida entre los malos gobernantes y sus partidarios. No conocen de democracias, solo son seguidores ciegos. incapaces de pensar libremente y exigirle responsabilidad a sus caudillos”, enfatiza Carmen Marrero de Pérez de Río Grande.
La ceguera y la politiquería alcanzó su mayor grado recientemente cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced junto a la comisionada residente, Jennifer González, celebraron por todo lo alto un supuesto acuerdo bipartidista que representaría la infusión de $12,000 millones al plan de salud gubernamental.
“Este ha sido el mayor fiasco del gobierno de Wanda, le hicieron creer al pueblo que ese dinero era seguro, pero cuando se les hizo sal y agua fueron incapaces de reconocer su error y disculparse con los electores”, señala Anastasia Martínez de Peñuelas. “¿A quién se le ocurre celebrar lo que no tiene”?
La supuesta aportación al Plan Vital se convirtió en un acuerdo por $5.7 billones para Medicaid, que aún no han sido aprobados. A pesar de la incertidumbre y las restricciones que tienen las asignaciones federales a la Isla, Jennifer González le recomendó a la gobernadora que le pidiera una revisión del plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal para que libere $684 millones pre-aprobados para cubrir la deficiencia de asignación federal a salud para que sean utilizados en los municipios.
“Los municipios en la isla han sido severamente afectados en el pago de sus aportaciones del ‘pay go’ y asuntos de salud por lo que, respetuosamente, recomiendo que de esta asignación que está previamente presupuestada se separen las partidas para que todos los municipios puedan, automáticamente, tener sus ‘pay go’ debidamente acreditados con los fondos ya presupuestados toda vez que al conseguirse la partida federal le crea un alivio al estado”, le indicó por escrito la comisionada a la gobernadora.
“La aprobación histórica de esta asignación por dos años a un 76 por ciento de FMAP, cuando la isla antes históricamente recibíamos hasta un 55 por ciento de FMAP y con un tope de 375 millones de dólares, alivia dramáticamente no solamente las finanzas del estado sino el acceso a los servicios de salud de nuestra población más necesitada”, añadió en su carta la comisionada residente.
La carta de la comisionada ha sido catalogada como irresponsable por parte de trabajadores de la salud.
“No podemos contar con dinero que no ha llegado. No podemos continuar trabajando a base de promesas y recursos que no están en caja. Esa asignación tiene muchas exigencias y la administración Rosselló y Vázquez han demostrado ser ineficientes a la hora de cumplir con las fuertes condiciones impuestas por los federales”, dijo un alto ejecutivo de una aseguradora médica que pidió confidencialidad. “El bienestar del país no puede depender de politiquería ni de sueños que terminan siendo pesadillas”.
¿Qué le depara el 2020 a Puerto Rico? AhoraNews les mantedrá informados.
