Al fin arribaron al país las primeras ocho mil dosis de la empresa Pfizer (4.000 vacunas), para unos 17 millones de ecuatorianas/os, las mismas que serían para frenar la expansión de la pandemia producida por el coronavirus. Hecho que se dio en medio de una parafernalia sorprendente, que fue calificada como un “hito histórico” por el Gobierno y los medios de comunicación hegemónicos.
Previamente, se anunció por parte de las autoridades gubernamentales, que estas vacunas servirían para iniciar un Plan Piloto que inocularía a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que están en primera línea, ancianos de escasos recursos económicos que viven en albergues en las tres principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca.
Pero, ¡oh sorpresa! Los anuncios y el famoso “plan piloto” se volvieron humo, toda vez que gran cantidad de vacunas fueron para familiares de funcionarios de alto nivel, personal administrativo de instituciones públicas; mientras tanto el personal del sector de la salud que trabajó en los meses más duros de la pandemia no fue tomado en cuenta para este proceso
Además, la cantidad de vacunas que llegó fue calificado como una burla para los ecuatorianas/os. Los expertos aseguran que solo para el personal de salud se requerirían unos 3 millones 500 mil de vacunas y, también se necesitarían vacunar al 70% de los ecuatorianos, lo que equivaldría unos 9 millones de vacunas.
Ante estos hechos inauditos, gran parte de la sociedad ecuatoriana solicitó se conforme una veeduría urgente para que vigile la adquisición, distribución y priorización del plan de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud, institución cuestionada por la cantidad de irregularidades cometidas en este proceso. Al respecto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya se hizo eco de esta aspiración.
En general, el manejo de esta pandemia por parte del Gobierno presidido por, Lenin Moreno Garcés, ha sido deplorable. A la presente fecha tenemos unos 44 mil fallecidos, no existen suficientes pruebas de diagnóstico, no hay medicamentos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no existe la cobertura necesaria en cuanto al rastreo de los contagiados, no ha habido y no hay una campaña de educación contundente y sostenida que eduque a la ciudadanía respecto a los riesgos del contagio, y quizás lo más preocupante no contamos con un liderazgo firme.
La ciudadanía por un lado escucha las voces de médicos especialistas y académicos que advierten sobre la situación complicada que está padeciendo la humanidad entera y; por otro lado, el Gobierno y sus funcionarios emiten mensajes inexactos que llevan a confusiones y hasta la apatía frente al problema.
Funcionarios gubernamentales, como el Ministro de Salud, doctor Juan Carlos Zevallos ha impregnado una falsa seguridad; ha hecho creer que con la llegada de la vacuna este problema se termina. Sobre este asunto, los especialistas, aseveran que ninguna de las vacunas ha demostrado que las personas ya vacunadas no puedan contaminar a otras, o a su vez puedan volverse a contaminar.
A esto añadiría, que la pandemia llegó cuando el Gobierno de Moreno despidió a gran parte del personal de salud, disminuyó ostensiblemente el presupuesto de salud, no destinó fondos al Ministerio del Ramo para encarar la crisis. A esto se suma la corrupción en plena pandemia, por ejemplo: la entrega de hospitales públicos a políticos a cambios de favores, la venta de insumos médicos públicos a particulares, sobreprecios en la compra de fundas para los cadáveres y kits alimenticios; y, ante todo, la actitud indolente respecto a los médicos y auxiliares que existen unos 300 galenos fallecidos por esta negligencia.
De otra parte, el número de vacunas contra el Covid-19 es insuficiente. El país, según Moreno recibirá 86.000 vacunas de Pfizer hasta la última semana de marzo. Para la segunda fase está previsto que lleguen 4 millones de dosis, cuando se requiere unos 9 millones
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En primer lugar, la Defensoría del Pueblo (DPE), liderada por Fredy Carrión Intriago, ante la insuficiente cantidad de dosis con el que arrancó el proceso, tomando en cuenta que, al presente existen 243.535 personas contagiadas expresó su preocupación. Cuestionó que el Gobierno haya desplegado una gran cobertura mediática, por la llegada de ese monto tan ínfimo de vacunas de la farmacéutica Pfizer.
Reclamó que el personal de salud que atiende a pacientes del covid-19, en las unidades de cuidados intensivos, hospitalización y triaje, no haya sido priorizado para recibir la dosis de la vacuna.
Remarcó que el país requiere que las autoridades rindan cuentas sobre el desarrollo del Plan de Vacunación, a escala nacional, y que la adquisición de las vacunas sea oportuna y emergente, en la cantidad necesaria para todas y todos los ecuatorianos, en las 24 provincias del país.
Se suma a lo mencionado, la petición clara y contundente dirigida al Presidente de la República, Lenin Moreno, a través de una misiva pública en la que le solicita la remoción o destitución del doctor Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud Pública, “por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de la vacuna contra el COVID-19, que no han respetado el protocolo de priorización que exige el país en estos momentos de incremento del contagio y de muertes debido a esta pandemia”.
Al respecto, según denuncias de varios medios y videos colgados en redes sociales, el Ministro Zevallos aplicó la primera dosis, utilizando personal del hospital público Pablo Arturo Suárez, en departamentos privados conocidos como senior suites Rivera del Río, el pasado 23 de enero, lugar en que está hospedada su madre y varios de sus familiares. A criterio del Defensor del Pueblo esto evidencia conflicto de intereses y privilegios con dinero público.
Lamenta “que toda la gestión del Ministro de Salud se caracterice por una permanente falta de transparencia y limitaciones para el acceso a la información respecto a diferentes temas como la contratación de equipos e insumos médicos o la presentación de información respecto al alcance, impacto y consecuencias de la pandemia en el país».
Asimismo “exhortó a la Asamblea Nacional a que proceda al enjuiciamiento político del Dr. Juan Carlos Zevallos, en su gestión al frente del Ministerio de Salud Pública, por existir causales claras de incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la Ley ante las irregularidades y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras ocho mil vacunas contra el COVID-19, en el país”.
La Asamblea Nacional, de su parte, también ha anunciado un juicio político en contra del Ministro Zevallos, hasta la fecha ha recogido 121 firmas de 134 asambleístas para esta censura.
Como es conocido el país tendrá comicios el próximo 7 de febrero, día en el cual elegirá a los dos principales mandatarios y a legisladores. Ante esta conducta improcedente de Zevallos, de incluir a un centro privado entre los primeros puntos para recibir la vacuna, varios candidatos a la presidencia se pronunciaron por su renuncia inmediata, entre ellos: Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Xavier Hervas, Ximena Peña, José Freile e Isidro Romero.
Amerita conocer que en el país existen 138 mil médicos, de los cuales 3 mil trabajan en las UCI.
En este punto, es pertinente hablar de las profundas injusticias y enormes deficiencias con respecto a la distribución de la vacuna, tanto a nivel nacional cuanto a nivel mundial. La compra-venta de las vacuna contra en COVID-19 enfrenta a grandes laboratorios poderosos de China, Europa y los Estados Unidos.
A decir del rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Ricardo Hidalgo, el gobierno de Moreno, al parecer, escogió esta vacuna por motivaciones geopolíticas, toda vez que existen vacunas tan eficaces como la Pfizer y con menor precio como la rusa Spunik5, que a su criterio es técnicamente impecable.
En el caso ecuatoriano, el gobierno apostó por la Pfizer, es decir la vacuna de los ricos como la conocen por su alto costo. Decisión que se torna polémica, toda vez que nadie informa sobre su selección, licitación o si esta empresa es la más indicada. La Pfizer cuesta 4 veces más que las otras y para adquirirla tenemos que esperar no se sabe qué tiempo.
Considero que la aspiración de toda la humanidad es que el acceso a las vacunas sea más equitativo e inclusivo. Se especula que la adquisición de esta vacuna dependería del mercado o de la sensibilidad de empresas millonarias. Por lo que se podría inferir que los países de bajos ingresos tendrían que esperar hasta el 2024 para vacunarse. Entre tanto, los países ricos ya se han reservado, a través de acuerdos, 600 millones de dosis de la vacuna Pfizer.
Finalmente, en la actualidad existen 12 propuestas en procesos avanzados. La polémica se enciende cuando cada una de ellas quiere ser la primera en fabricar o vender. Es decir, el problema se ha tornado geopolítico y financiero.
