Estupor y repudio causó, a una gran mayoría de ecuatorianos, el laudo del Tribunal Arbitral Internacional de La Haya, que falló en contra de Ecuador en el caso Chevron. La resolución señala que Ecuador violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, por lo que deberá pagar una indemnización, aún no fijada a la empresa estadounidense.
Según la empresa, el Tribunal de La Haya “concluyó unánimemente que la sentencia de USD 9.500 millones dictada en contra de la Chevron por la Corte de Lago Agrio- Ecuador, en 2011, fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción».
Recordemos que el pasado julio, la Corte Constitucional ecuatoriana, ratificó esta sentencia, de última instancia, en contra de Chevron, por los daños ambientales ocasionados en la región nororiental del país, (provincias de Orellana y Sucumbíos) entre 1964 y 1992, por la explotación petrolera.
Pablo Fajardo, abogado de los indígenas amazónicos y colonos afectados por la Chevron, reaccionó ante el fallo de la Corte de La Haya y señaló “tiene que Chevron pagar por su crimen, no tiene porqué el Estado ecuatoriano pagar el crimen de una empresa privada y particular”. Además, conminó al régimen y a la Procuraduría a visitar a la Amazonía y comprobar “el crimen social y ambiental” de la petrolera.
Criticó la actitud del Estado ecuatoriano frente a Chevron por lo que dijo “es tremendamente preocupante la posición del Estado ecuatoriano frente al caso Chevron Corporation”. Todos conocemos que el sistema arbitraje internacional está ahí para favorecer a las corporaciones y a las inversiones extranjeras.
Respecto a los supuestos acuerdos del régimen actual con el gobierno norteamericano para favorecer a la empresa Chevron, echarle de la embajada ecuatoriana a Julian Assange y sumarse al acorralamiento regional contra el gobierno de Venezuela, afirmó que son rumores muy fuertes que circulan por la visita del Vicepresidente Mike Pence al presidente Lenin Moreno, hace pocos meses.
No obstante, lo que realmente causó indignación entre la ciudadanía fueron las declaraciones del Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, quien dio a conocer que está pidiendo al Procurador General del Estado que ejecute el derecho a la repetición contra los ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa, en vista de que, según él despilfarraron dinero en una campaña nacional e internacional, llamada “La Mano Sucia de Chevron”, la misma que daba a conocer los daños que causó la petrolera en nuestra Amazonía.
Ante estas declaraciones, el ex presidente Correa, desde Bélgica, donde reside, señaló “claramente el Gobierno Cuántico ha pactado con Chevron, como lo hizo con Odebrecht. Es evidente que Chevron es culpable, y destruyó nuestra selva. Sólo un orden mundial inmoral, y un Gobierno traidor, pueden dejarla en la impunidad”.
De su parte, movimientos sociales de la Amazonía se pronunciaron así “este es un día amargo para los pueblos Siona, Siekopai, Kofanes, Shuar, Kichwas y colonos, todos agrupados en la UDAPT, que hemos luchado contra la petrolera por 25 años. Con altura y dedicación, amor por la vida, los pueblos de Orellana y Sucumbíos, hemos ganado el juicio a Chevron. Es una muestra de resistencia y capacidad. Sin embargo el Estado ecuatoriano, fue incapaz de ganar un arbitraje internacional frente a la misma petrolera. Como se puede apreciar, son dos casos distintos. Uno es el caso que la hemos llevado en estos 25 años contra Chevron y otro es el arbitraje de Chevron contra Ecuador”.
Dan a conocer que se publica un laudo arbitral contra el Estado ecuatoriano, el cual ordena que se viole la Constitución y manda a los jueces que no ejecuten nuestra sentencia. Además, obliga a que se tomen las medidas necesarias para que impida que los afectados puedan hacer cumplir la sentencia fuera de Ecuador, .
A estas decisiones le hacen el juego el Procurador y el Secretario de la Presidencia; es decir abogan por la petrolera y pretenden perjudicar y sacrificar a los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, acusan de forma airada los afectados por la Chevron.
Asimismo, pidieron al gobierno que declare la inaplicabilidad de la resolución y advirtieron con demandar al Estado ecuatoriano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por impedir que «ejerzamos nuestro derechos a defendernos, a ejecutar la sentencia» y nos dejan en la completa indefensión ya que priorizan sus acuerdos comerciales con los Estados Unidos.
La empresa petrolera estadounidense Chevron, a través de su vicepresidente y director legal, Hewwitt Pate, destacó que el Tribunal Internacional ha resuelto unánimemente que Ecuador, luego que la Chevron concluyera el programa de remediación ambiental acordado, liberó a la compañía de toda responsabilidad por las reclamaciones ambientales “que la sentencia fraudulenta ecuatoriana supuestamente decidió».
También invitó al Gobierno de Ecuador a “repudiar este esquema fraudulento y a hacer esfuerzos constructivos para el cumplimiento a sus propias obligaciones ambientales largamente incumplidas”. Reconoce que los funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial de Ecuador en la actualidad son distintos de los que estuvieron involucrados en los eventos a los que se refiere al laudo y recalca “que no se complace en mantener disputas con una nación soberana”.
Los simpatizantes del ex presidente Correa al conocer que su líder máximo sería enjuiciado por esta causa afirmaron “han acusado a Rafael Correa de ser culpable por defender al pueblo en su lucha frente a los brutales latrocinios cometidos durante largos años por Chevron contra la Amazonía ecuatoriana, el país y los derechos de la naturaleza”.
El poder de la petrolera es tan grande que ha evadido todas las demandas interpuestas por hechos similares en todo el mundo entero y ahora ha obtenido un fallo contra Ecuador en la Corte Internacional de La Haya, con base en el reconocimiento de la vigencia de un instrumento internacional espurio, como es un tratado bilateral de inversión, sentencian.
Según varios expertos, antes de pensar en juicios de repetición, Ecuador tiene 90 días para pedir la anulación de este fallo arbitral, ratificando que el Tratado Bilateral de Protección de inversiones aplicado en este caso entró en vigencia en 1997, cuando la Chevron-Texaco dejó al país en 1992.
ANTECEDENTES
Desde 1964 hasta 1990 operó en la región amazónica la Texaco sin observar las normas ambientales vigentes a nivel internacional. Durante ese tiempo derramó en los ríos de la zona alrededor de 17 millones de galones de petróleo y 20 millones de agua tóxica. Alrededor de 600 piscinas de desechos tóxicos; quemó aproximadamente 235 millones de pies cúbicos de gas que afecto a 30 mil personas.
Debido a los impactos socio-ambientales y abusos petroleros, los indígenas cofanes, secoyas, quichuas y huaorani tuvieron que abandonar parte de sus territorios ancestrales. Durante este periodo la Texaco tenía la libertad para abrir caminos, invadir territorios indígenas, construir carreteras y botar sus desechos en áreas ecológicamente frágiles, afirma el experto petrolero Iván Narváez.
Su estudio recoge que “antropólogos relatan que una etnia, los Tetetes, desapareció totalmente durante la operación de Texaco. Científicos de la Universidad de Harvard y London Schoolof and Tropical Medicine, encontraron altos niveles de químicos cancerígenos en las aguas utilizadas para bañarse, tomar y lavar ropa, y observaron las enfermedades vinculadas con el petróleo, descubriendo niveles de cáncer mucho más altos que en otras regiones del país. Se estima que la ganancia de Texaco en Ecuador superó los USD 6 mil millones, de los cuales ha ofrecido USD 50 para la remediación ambiental y la compensación social”.
Juan Paz y Miño, reconocido historiador ecuatoriano, al referirse al tema se enfoca en los Tratados Internacionales de Inversión, TBI, y apunta que “son acuerdos entre Estados para proteger a las inversiones extranjeras ante árbitros internacionales. En las condiciones latinoamericanas de la década de 1990, cuando se debilitaron las capacidades estatales e institucionales, todos los TBI que suscribió el Ecuador tuvieron una serie de limitaciones para el Estado y la sociedad: no se sujetaron estrictamente a las leyes y sus procedimientos, algunos chocaron abiertamente con la Constitución, otorgaron trato preferencial a las empresas extranjeras”.
El mismo historiador nos recuerda que en el gobierno anterior fue creada una comisión ciudadana técnica, CAIPISA, que examinó los resultados de los TBI y los arbitrajes y al referirse al caso Chevron especificó “El caso más grave es Chevron. La ex compañía Texaco, adquirida por Chevron, procedió con irresponsabilidad e irrespeto, con tecnologías anticuadas, provocando derrames de más de 26,000 barriles de crudo hacia importantes ríos: Aguarico, Quijos y Shiripuno, y a numerosos esteros, también vertió́ 18,000 galones de agua de formación, más tóxica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abrió 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminación del agua y del aire. En comunicación escrita entre ejecutivos de la empresa, se dispone que los derrames serán informados sólo cuando “atraigan la atención de la prensa y/o de las autoridades regulatorias…”. Por el alto nivel de contaminación, la salud de la población se vio muy afectada. En una encuesta realizada a 1064 familias se encontraron 306 casos de cáncer, pero se presume un daño mayor, en vista de que no se registraba esta causa de muerte, por desconocimiento de la enfermedad”.
Finalmente, hay que reconocer que el mundo está despertando respecto a los daños ambientales que produce las actividades extractivas. Ante todo, por el cambio climático tan abrupto y destructivo que se da en estos últimos tiempos y las secuelas de dolor que deja. Ojalá que esto nos permita tomar conciencia de lo perjudicial que significa asumir estas tareas sin proteger al medio ambiente.
