Orfandad, dolor infinito, pánico y, ante todo, vergüenza son los sentimientos y sensaciones que el pueblo ecuatoriano vive en estos días, por la última masacre carcelaria acaecida en la madrugada del pasado 13 de noviembre, en la que fueron asesinados 62 reos por sus mismos compañeros. Esta cifra se sumaría a otras que se suscitaron en febrero, julio y septiembre, lo que deja un saldo de unos 323 asesinatos en este año, cuyo escenario de crueldad y terror se ha dado principalmente en la Penitenciaría del Litoral situada en Guayaquil, el puerto más importante de Ecuador.
Duelo colectivo es lo que estamos sufriendo los ecuatorianos por los fallecidos y, especialmente, por las familias que, al momento, lloran su desgracia e impotencia ante tanta perversidad que se vive en las cárceles. A la par que indagamos causas, culpables y posibles soluciones ante el incremento de estas conductas descontroladas de mafias que campean en estos lugares, una vez que la institucionalidad estatal ha sido arrinconada.
Este último acontecimiento se dio, según el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, por enfrentamientos entre reos de diferentes pabellones, que se disputaban el liderazgo del pabellón No2, que se quedó sin su cabecilla, quien salió en libertad, tras haber cumplido el 60% de su condena. Mientras tanto, los presos de los pabellones 7, 8 y 9 ingresaron al pabellón denominado “transitoria”, sitio en el que estaban internos que no tenían sentencia condenatoria por delitos menores. Aquí ocurrieron la mayoría de muertes.
Entre tanto, en los exteriores del centro carcelario se observaban imágenes desgarradoras de decenas de familiares que vivían otro drama. Ellos no podían ocultar su desesperación y angustia por conocer la suerte de sus allegados, ante el salir y entrar de ambulancias y camionetas de Medicina Legal y de la Cruz Roja. Madres, esposas, hermanas, novias, hijas se desmayaban por los momentos aciagos que estaban atravesando. Una verdadera noche infernal se podría afirmar.
En la madrugada del 13 de noviembre, hubo una transmisión en vivo por Facebook de estos sucesos desde el interior de la cárcel, que permitía escuchar gritos de auxilio que pedían se deje ingresar a la Policía y las FFAA para que controlen la situación; pero estos clamores fueron ignorados por las autoridades nacionales y provinciales. Las imágenes que circularon en las redes sociales nos dieron a conocer que en la reyerta hubo cantidad de fallecidos y sus cuerpos incinerados.
La Policía Nacional confirmó que recibió las primeras alertas a las siete de la noche del 12 de noviembre pero no intervino. A pesar que varios periodistas difundieron un audio en el que una persona detenida suplicaba por ayuda a las nueve de la noche.
Ramiro Aguilar, penalista y analista político dio a conocer el contenido del Art. 23 del COIP: “No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo”. Los jefes policiales y militares que estaban ayer en las afueras de la Penitenciaría deben ser procesados por los crímenes que no evitaron”
El sistema penitenciario se encuentra bajo el estado de excepción desde el 29 de septiembre, toda vez que el día anterior se produjo la masacre carcelaria más cruenta, en la que fueron asesinados 118 presos, muchos de ellos desmembrados o decapitados; reyertas que se dan entre bandas vinculadas con el narcotráfico, según las autoridades. Lo que ha sido desmentido ya que se conoce que en esa ocasión, fueron masacrados detenidos que estaban purgando penas por delitos menores: no pago de pensiones alimenticias, infractores de tránsito, detenidos procesados sin sentencia, o aquellos a los que no les llegó a tiempo sus boletas de excarcelación.
Las mismas situaciones se repitieron la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre. En esta ocasión fue asesinado un activista ambiental, luchador por el agua, VÍCTOR GUAILLAS. Ante este hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), expresó “JUSTICIA PARA VÍCTOR GUAILLAS, compañero defensor del agua, la naturaleza y los páramos. Oriundo de la comunidad de San Pedro de Yumate en Molleturo, provincia del Azuay. Líder y luchador social, criminalizado desde octubre de 2019, privado de su libertad injustamente y asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral el 13 de noviembre de 2021. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”.
Mientras estas escenas macabras se daban en la cárcel, en otro escenario de la misma ciudad, el mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, varios de sus ministros y autoridades provinciales disfrutaban de una fiesta que ofreció la Marina de los Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas al conocer el hecho no se sintieron obligadas de retirarse de la reunión para encarar este motín. Acción que ha sido repudiada por una gran mayoría de la ciudadanía, que lo han tildado al mandatario como una persona indolente, inoperante e insensible.
LA CULPA ES DE OTROS
De hecho, Lasso ha repetido el libreto del anterior gobernante, Lenin Moreno Garcés, de endilgar las culpas de sus fracasos a gobiernos anteriores. Paulina Recalde, directora de la encuestadora, Perfiles de Opinión dijo que “ya en octubre en Quito y Guayaquil el 63% consideraba al actual gobierno como responsable de la crisis carcelaria desatada y solo el 12% lo concebía preparado para resolverla. La nueva masacre de hoy lo corrobora”.
ARMAS PROHIBIDAS DENTRO DE LAS CÁRCELES
La ciudadanía absorta se pregunta ¿cómo ingresan armas de grueso calibre, todo tipo de explosivos y hasta taladros a la Penitenciaría?. Al respecto, ¿qué tendría que decir la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores? (SNAI), institución encargada de velar por la seguridad e integridad de estas personas.
Al respecto, el jurista Felipe Rodríguez trinó “¿ Saben porqué los presos están armados?.Sencillo, porque pasan los filtros que están bajo el control del Estado. ¿Qué tal si antes de pensar cómo enfrentar a los grupos armados, evitamos que se armen? El Estado es responsable por cada bala que pasa el umbral de los barrotes”.
Al momento que escribo esta crónica, ya la Policía Nacional ha logrado ingresar a este centro carcelario, las Fuerzas Armadas se encuentran en los exteriores del mismo. El director del SNAI, FAUSTO COBO, aseguró que han logrado controlar algunos pabellones, pero que posiblemente en los próximos días se logre el objetivo de mantener a todo el centro carcelario bajo control.
REACCIONES
Guillermo Lasso al tratar de encarar el problema envió un mensaje a la Corte Constitucional “Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en la cárcel y luchar contra las mafias que se lucran del caos”.
De su parte, la Corte Constitucional respondió “Se recuerda al primer mandatario que la Corte Constitucional ejerce sus atribuciones constitucionales y legales con la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución. En este contexto en los dictámenes emitidos desde 2019 se advierte de manera reiterada que la severa crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones concretas y estructurales. Diferentes a las que puedan ser adoptadas en un Estado de Excepción”.
La Fiscalía General de la Nacional (FG), de su parte señaló “Se exhorta al Consejo de la Judicatura a fin de que los jueces, en el ámbito penal y en aplicación del principio de celeridad procesal, den prioridad a las causas que estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva, por cuanto el 40% de las personas privadas de la libertad se encontraría sin sentencia”.
Además, adelantó que abrió una investigación por los “hechos violentos y asesinatos registrados la noche y madrugada del 13 de noviembre al interior de la Penitenciaría, en Guayaquil”.
El presidente de la Confederación de Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza afirmó “Si bien la crisis carcelaria es un problema estructural estatal, el gobierno actual ha mostrado total inoperancia, irresponsabilidad e incapacidad para retomar el control de las cárceles y desmantelar el crimen y mafias organizadas. La noche y madrugada de este sábado 13, los internos de la Penitenciaría del Litoral transmitieron en vivo por redes sociales, clamaron por ayuda por vía chat, con familiares, periodistas, medios de comunicación, sin embargo las principales autoridades de la provincia junto al presidente Guillermo Lasso, al mismo tiempo, asistieron a un evento con marines estadounidenses y la Policía no frenó a tiempo la masacre”.
En sus primeras intervenciones, Guillermo Lasso recalcó que “la seguridad ciudadana pasa a ser prioridad número uno del despacho presidencial. Todos unidos debemos poner de lado nuestras diferencias y buscar un bien más grande que nosotros mismos: la paz y el orden. Estamos determinados para poner fin a los días de impunidad”.
Rafael Correa Delgado, ex mandatario del país, desde Bélgica ante las declaraciones de Lasso replicó “ Y cuándo dejó de ser la seguridad ciudadana la primera prioridad? La improvisación de Lasso es impresionante. Lo primero que tiene que hacer es: restablecer ministerios de Seguridad, Justicia e Interior, eliminadas por el ODIO POLÍTICO”.
Adicionalmente Lasso, afirmó que desde el Estado se entregó deliberadamente territorios al narcotráfico, en clara alusión al ex presidente Correa Delgado. Por lo que fue increpado “por qué no muestra pruebas. Supongo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también tendrán responsabilidad en aquello o solo sus adversarios cargarán con sus imputaciones”.
Correa agregó que “Ecuador en el centro de la prensa mundial: Persecución política, muertes y abandono por el Covid, Caso Pandora y masacres carcelarias”.
Una de las múltiples causas para que se den estos hechos es el hacinamiento, (40.000 internos). Esto se da porque, a criterio de juristas, la Fiscalía ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva. Sobre este asunto, el jurista Alejandro Vanegas expresó “Los jueces penales en todos los niveles han sido sometidos a una presión injustificada para dictar prisión preventiva, además de un acoso mediático sin sentido y sin criterio técnico legal. Hay que tener dignidad, y asumir su responsabilidad judicial Sra. Fiscal”.
RESPUESTA PRESIDENCIAL
Transcurridas 72 horas de la masacre carcelaria, el mandatario reaccionó y convocó a los titulares de las principales funciones del Estado, para buscar una salida a esta crisis. En esta cita se tomaron siete resoluciones: se iniciará un proceso de pacificación a través del diálogo; se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional, elaborado por el Ministerio de Gobierno y la participación de la Procuraduría; la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones para el ágil y efectivo trámite de beneficios penitenciarios; se mantendrá la coordinación entre la Policía y las FFAA para mantener el orden y seguridad, dentro y fuera del sistema carcelario; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación ciudadana en mesas de diálogo entre el Estado y la Ciudadanía incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas; la Fiscalía contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.
Varios juristas han cuestionado el hecho de que a esta reunión no fueron convocados el Defensor del Pueblo, el Defensor Público ni el ministro de Economía, toda vez que las resoluciones a tomarse deben ser debidamente financiadas y conocidas por actores que defienden los derechos humanos .
En este Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria se olvidaron de lo más importante: Formular un Plan Nacional de Política Criminal. Sin Política pública estas acciones son tiros al aire, han subrayado varios analistas.
Además, Lasso anunció la creación de un nuevo delito que sería enviado a la Asamblea Nacional para su trámite respectivo. Este delito se refería a la autoría por dominio de organización, delito que a decir del abogado y asambleísta, Fausto Jarrín ya se encuentra en el Art. 42 Código Integral Penal COIP), quien enfatizó que le hacen pasar vergüenza al presidente los ignorantes que tiene a su lado. Ante lo cual, Lasso tuvo que retractarse.
Con todo lo descrito anteriormente, la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre, los ecuatorianos asistimos al derrumbe del Estado, que fue iniciado por el ex mandatario, Lenin Moreno Garcés, quien aseveraba que tenemos un estado obeso y abría que disminuirle su tamaño, por lo que eliminaron los ministerios de Justicia, Seguridad e Interior. Las cárceles quedaron en manos de las mafias de narcotraficantes.
Amerita caracterizar que en las cárceles el 40% de prisioneros no tienen sentencias ejecutoriadas, el hacinamiento llega al 52%, En definitiva, no existe una política integral de rehabilitación social, no hay acceso a los servicios básicos, infraestructura adecuada, falta de programas educativos y planes de salud física y mental.
Lo preocupante es que si una sociedad aprende a vivir con la violencia se deshumaniza y es incapaz de conmoverse por el dolor ajeno. Considero que estamos a tiempo para revertir esta tendencia para que el DOLOR AJENO NO NOS SEA INDIFERENTE.
