Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica Informe temático «Situación de personas privadas de libertad en Ecuador«, con los hallazgos a partir de su visita de trabajo realizada del 1 al 3 de diciembre de 2021, en el contexto de la grave crisis penitenciaria que atraviesa el país.
Este informe da cuenta de los desafíos que tiene el Estado frente a la grave crisis penitenciaria estructural que enfrenta el país, y del inminente riesgo a la vida e integridad que enfrentan las personas privadas de libertad. Al respecto, la crisis carcelaria que prevalece está caracterizada por altos niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y responde al abandono estatal del sistema penitenciario desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral.
En 2021, un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo custodia del Estado, y cientos resultaron heridas en una serie de ataques ejecutados por las mismas personas detenidas. Cifra que representa un incremento de 587% respecto al 2020, cuando se registraron 46 muertes. La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores, y algunos, incluso, contaban con la boleta de excarcelación
Como principales causas de la violencia intracarcelaria, la CIDH identifica la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas.
En particular, el informe releva la existencia de una política que privilegia el encarcelamiento como medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana, que resulta en un incremento exponencial del encarcelamiento durante los últimos años, uso excesivo de prisión preventiva; obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios e indultos; y en la imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas. De igual forma, se advierte que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, falta de personal técnico y de custodia, y ausencia de política penitenciaria.
Asimismo, se da cuenta de las lamentables condiciones de detención a raíz del hacinamiento; falta de separación entre personas condenadas y procesadas; infraestructura deficiente; atención médica negligente, y alimentación inadecuada. Se destacan los riesgos que corren las mujeres de ser víctimas de violencia, mismos que se agudizan por la proximidad entre los centros de privación de libertad para mujeres y para hombres.
Las recomendaciones del informe se basan en los estándares interamericanos e internacionales en la materia, entre ellas, se destacan: implementar una política criminal y penitenciaria integral y transversal, con acciones eficaces para prevenir y controlar todo tipo de violencia; reducir la población en las cárceles con la aplicación de la prisión preventiva de forma excepcional; y garantizar la reinserción social de personas privadas de libertad. De igual forma, se llama al Estado a garantizar el fortalecimiento institucional del régimen penitenciario y a asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana.
La adopción de estas medidas debe tener en cuenta la perspectiva de género y una mirada a la discriminación histórica contra grupos en situación de vulnerabilidad. Además, se insta a que todas las Funciones del Estado establezcan una ruta común que incluya la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, la Comisión Interamericana reitera que continuará dando seguimiento cercano a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador. Asimismo, comunica su decisión de brindar la cooperación técnica solicitada por el Presidente de Ecuador con el objetivo de brindar apoyo al Estado en sus esfuerzos para superar la grave crisis penitenciaria e implementar las recomendaciones formuladas en el informe. Al respecto, el Estado ha informado a la CIDH sobre el lanzamiento de una política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, que contaría con presupuesto para su ejecución.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, a partir de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete comisionadas y comisionados elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes no representan a sus países de origen o residencia.
