En efecto, el pasado 22 de abril, Rafael Correa Delgado, exmandatario ecuatoriano, quien reside en Bélgica desde 2017, recibió el refugio político de este país por considerarlo un perseguido político, como respuesta a los 289 documentos que presentó su abogado Christofer Marchand al equipo de juristas de Bélgica en junio de 2018, documentos que sustentan el hecho de que la justicia de Ecuador no es imparcial y ha servido para perseguir al expresidente y a sus allegados, afirmó Marchand.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de su parte, firmó una solicitud pidiendo al gobierno belga la extradición del mandatario, “He firmado la providencia para iniciar el trámite de extradición como corresponde del ciudadano expresidente”, a lo que Correa contestó: “Este sinvergüenza no se cansa de hacer el ridículo. Recuerden que él fue uno de los jueces del influjo síquico, que me impidió ser candidato e hizo a Lasso presidente. Por eso le regalaron la Presidencia de la Corte”.
Desde Bélgica, Correa añadió que la Convención de Ginebra que regula- el derecho internacional humanitario– es taxativa y que una de las pocas causas por las que otorga el asilo es por persecución política. A su vez, Marchand dio cuenta que es la primera vez, en la historia, que Bélgica concede refugio político a un exmandatario.
Correa al obtener de forma oficial su asilo político, celebró tal decisión que anula la solicitud de extradición contra él desde Quito y dijo: “Es el reconocimiento de que los corruptos son ellos y nosotros, perseguidos”; además, lanzó críticas a ciertos medios de comunicación y la justicia de Ecuador. El asilo político fue concedido siete días antes de que la Corte Nacional de Justicia anunciara que estaba solicitando la extradición de Correa.
“El asilo político es el reconocimiento de que todo ha sido persecución política, pero sigan nomás derramando odio, ayuda a que cada vez les crean menos”, trinó desde Bélgica. El argumento de la persecución y del lawfare, como abuso de la justicia contra él, ha sido la punta de lanza de su defensa.
La agencia española de noticias EFE informó que el 15 de abril el comisariado general de refugiados de Bélgica dio a conocer la resolución por la que le otorga el estatus de refugiado político de ese país, a quien gobernó por 10 años Ecuador 2017-2017.
Correa regresó a Ecuador para integrarse a la campaña contra la consulta popular convocada por el expresidente Lenin Moreno Garcés, 2017, quien fue su vicepresidente en dos mandatos, pero que al ganar la presidencia se volvió su tenaz opositor. Por lo que, los seguidores de Correa le califican como traidor, en virtud de que, además, resolvió perseguir de forma implacable a quienes fueron sus compañeros de militancia política.
Desde entonces, Correa ha sido objeto de varios procesos judiciales. En declaraciones recientes afirmó que son aproximadamente 49. De éstos, ha recibido una sola condena en firme por cohecho a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política.
En sus múltiples apariciones, en la prensa, Correa ha subrayado que él es víctima lawfare, una guerra judicial en su contra con el afán de aniquilar su presencia en la arena política en los próximos años y dañar su reputación personal.
Adicionalmente, los dardos de Correa han apuntado a ciertos medios de comunicación nacionales y extranjeros: “No podemos hablar de democracia cuando tenemos una prensa desestabilizadora del sistema democrático”. “Mientras América Latina tenga esta prensa, no tendremos democracia”, ha sentenciado”.
En esta batalla jurídica-política hubo cuatro peticiones por parte de la justicia ecuatoriana a la Interpol para que emitiera difusión de alerta roja contra Correa; no obstante éstas fueron inobservadas por la institución policíal, ya que consideró que las causas para su detención eran políticas.
El abogado Machand detalló a una radio Sonorama de Quito que la persona que recibe refugio político, por parte de Bélgica “tiene protección internacional, tiene derecho a la libertad de circulación en todo el mundo, excepto Ecuador, en pocos días recibirá un pasaporte de refugiado; Eso significa que puede viajar donde quiere y que tampoco tiene restricciones para hacer declaraciones de tipo político”.
Recordó que Correa está condenado a prisión por ocho años, por el caso Sobornos 2012-2016, en el que se le acusa de influjo síquico, al haber inducido a sus colaboradores cercanos a recibir aportes para la campaña política de parte de varios empresarios, a cambio de otorgarles contratos para obras públicas.
Al respecto, el abogado Marchand dijo que no hubo el debido proceso en el caso Sobornos y considera que todas las decisiones del juez Saquicela son parcializadas.
Agregó que conforme a la Convención de Ginebra el estatus de refugiado político se enmarca en el principio de no devolución, la extradición no tiene asidero y no hay obligación de notificar al Estado perseguidor.
En este caso fueron condenadas una veintena de personas, entre ellos altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien hace pocos días salió en libertad por el recurso del hábeas corpus, una garantía constitucional que está tipificada en el Art. 89 de nuestra Constitución.
Reacciones
De hecho, este episodio ha tenido reacciones en pro y en contra de la decisión soberana de Bélgica. Los partidarios del exmandatario Correa han celebrado con júbilo esta buena nueva.
Uno de los primeros pronunciamientos fue del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien señaló: “Estoy convencido de que, tarde o temprano, se hará justicia con el hermano Mashi Rafael, tal como se hizo con Lula Da Silva y Dilma Rousseff, perseguidos judicialmente por intereses políticos de derecha por optar, como Rafael, por el pueblo, recuperación de recursos y soberanía”.
El asambleísta Fausto Jarrín, de las filas de la Revolución Ciudadana, en una entrevista en radio Pichincha Comunicaciones sostuvo que “Nosotros hemos planteado que existe persecución política. Que existió en el momento en el que la jueza Daniela Camacho, sin pedido de la Fiscalía, dispuso la presentación quincenal del expresidente Correa, pretendiendo obligarle a venir desde Bélgica, cada 15 días, a presentarse en Quito, sin pedido del Fiscal”.
Además, indicó que el expresidente ha sufrido linchamiento mediático; que las sentencias en el caso Sobornos se emitieron un día antes de que pueda inscribirse como candidato; y que la jueza Camacho emitió una certificación errónea.
El parlamentario, Virgilio Hernández, tuiteó “El asilo político es la decisión soberana de un Estado a favor de una persona a la que se le considera perseguido político. Sin más !! El mundo evidencia la situación de la justicia en Ecuador”.
Cabe informar que Correa está casado con una ciudadana belga Ann Malherbede, sus tres hijos tienen las dos nacionalidades: ecuatoriana-belga.
