La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Michele Bachelet Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y, a nivel local, la Comisión de Pacificación demandaron al gobierno de Guillermo Lasso Mendoza políticas públicas claras respecto a la crisis carcelaria que, hasta la fecha, deja un saldo de cerca de 400 asesinatos.
Esto a propósito de una nueva masacre carcelaria ocurrida en la cárcel de Sto. Domingo, provincia del mismo nombre, el pasado 9 de mayo. Episodio que dejó 44 asesinatos, 220 reos que se escaparon, de los cuales 200 ya fueron recapturados y una decena de heridos graves. Esta sería la sexta masacre que espeluzna y avergüenza al país y que este gobierno igual que el anterior de Lenin Moreno, no han podido solucionarlo.
Bachelet inculpa al Estado ecuatoriano de ser el responsable de estas muertes, en razón que el Estado es el que custodia la seguridad de los detenidos; exhorta se lleve adelante una investigación transparente de los hechos; manifiesta que urge una reforma del sistema de justicia y penitenciario; y, solicita se provea los recursos necesarios para implementar las políticas públicas diseñadas para enfrentar este problema.
“El gobierno también debe considerar la hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción”, remarca Bachelet.
Amerita recordar que el Gobierno de Lasso diseñó una política pública para la rehabilitación de los reclusos. Normativa que fue desarrollada con el asesoramiento técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, por lo que la comisionada solicita al Gobierno de Lasso asigne los recursos necesarios.
La CIDH, de su parte, solicita una investigación de oficio, de forma rápida, seria e imparcial sobre este último suceso doloroso que dejó 44 muertes violentas.
Recordó “la responsabilidad del Estado de diseñar e implementar las medidas idóneas para garantizar la vida y seguridad de las personas privadas de libertad. Además, disponer todos los medios para evitar la repetición de hechos de violencia en las cárceles y reparar a las víctimas y familiares.”
Amnistía Internacional pidió al Gobierno que “rinda cuentas” por las consecuencias de los sangrientos enfrentamientos registrados en varias cárceles del país porque “no puede eludir su responsabilidad atribuyendo a hechos solo a disputas entre organizaciones delictivas”.
Apunta a que la violencia se produce por la ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios. Agrega que estos problemas se dan por el hacinamiento, el abandono y ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria.
A nivel local, la Comisión de Pacificación Penitenciario exhortó al Gobierno a revisar la política de traslados, “se deben realizar con mayor prudencia y análisis frente a los posibles riesgos que puedan tener, tanto las personas trasladadas, como quienes residen en los centros a los que son trasladados”.
Entre tanto, la activista social, Nelsa Curbelo, exmiembro de esta Comisión, en una entrevista de prensa sostuvo que “Hay gente que ya tiene la pena cumplida pero no sale. Algunos de ellos fallecieron en los enfrentamientos y ya tenían que estar libres”.
Agregó que “La rehabilitación es mínima porque hay un hacinamiento muy importante, porque el Estado está ausente. Las posibilidades de trabajo y de educación no son ni siquiera mínimas”.
El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso quien se encuentra de visita en Israel envió una nota de pesar a los familiares de los caídos en la matanza y culpó a las mafias existentes en estos lugares de este hecho.
Al respecto, el “Gobierno del Encuentro” en su plan de trabajo que presentó al país, enfatizó el objetivo de “Reducir el número de muertes por violencia inter carcelaria en los Centros de Privación de Libertad de 130 a 80”, objetivo que, a todas luces, no se ha cumplido.
La Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores describió las acciones que ha realizado, hasta la fecha, como 85 contenciones emocionales a familiares y deudo; levantamiento de 90 fichas de información en las que se cotejan datos que permiten identificación de cadáveres; coordinación con el Registro Civil la entrega de certificados de defunción; además, se convocó a 34 personas entre sicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados para ayudar en las diversas áreas a los familiares de los asesinados.
Entre tanto, el director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez afirmó que uno de los detonantes para estos enfrentamientos sería el traslado de 124 privados de libertad a este centro, luego de los enfrentamientos y asesinatos en la cárcel de Turi, provincia de Azuay, hace un mes.
La ex directora de rehabilitación social, Alexandra Zumárraga y el antropólogo, Jorge Núñez, en radio Pichincha Comunicaciones coincidieron en señalar que de las cárceles debe salir la Policía y dejar a los civiles al mando.
Añadió Zumárraga que los niveles de violencia no se dan por los traslados, sino que el problema está en la corrupción que existe en el interior de las cárceles y en el hecho de que la Policía, encargada de perseguir a los delincuentes, quiere implementar sistemas de rehabilitación. Asimismo, cree conveniente que la Policía salga ya que algunos miembros son aliados de algunas bandas delictivas.
Núñez, en cambio menciona que “Estamos en la dirección incorrecta. La extrema violencia en el Ecuador es parte de la descomposición de las zonas urbano marginales”.
Acción Jurídica Popular, conformado por abogados, enviaron una carta pública a la jueza, Karla Andrade de la Corte Constitucional, a quien le solicitaron convoque a una Audiencia Pública para discutir lo que sucede en las cárceles, pues no se cumplen los parámetros que ha exigido la Corte Constitucional al Gobierno Nacional para superar la crisis humanitaria que se vive en las cárceles del país.
Se conoce que la cárcel Bellavista de Sto. Domingo tiene capacidad para 1200 privados de la libertad (PPL), sin embargo en sus instalaciones estaban encerrados 1700 (PPL). Se denuncia que ya había ciertas señales que habrían disturbios pero no se hizo nada para evitarlos. La crítica de la ciudadanía apunta a la ausencia gubernamental en estos lugares donde los PPL han tomado el control.
Cuando se suceden estos episodios, de hecho, las preguntas más recurrentes que se plantean los ciudadanos son: ¿por dónde ingresan las armas a las cárceles? ¿quién o quiénes lo permiten? ¿por qué no contratan más guías? ¿por qué no mejoran la infraestructura? ¿por qué no fortalecen los servicios de inteligencia? ¿por qué no les ubica de acuerdo a su peligrosidad a los reos? ¿por qué hay tanto PPL sin sentencia? ¿por qué el uso indiscriminado de la prisión preventiva? Etc.
En fin, es muy triste afirmar que la mayoría de ecuatorianos vivimos, en la actualidad, en completo estado de ansiedad por él pánico que nos produce estas masacres, sicariatos en las calles, robos de toda naturaleza, la insensibilidad e indiferencia de una parte de la sociedad frente a estos problemas, desempleo galopante, pobreza abrumadora, feminicidios, despidos de empleados públicos, hospitales públicos desmantelados; en definitiva, una situación desastrosa que contrasta con la duplicación de utilidades de algunas entidades bancarias.
