El gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, a sus cuatro meses de gestión, afronta una coyuntura social, política y económica tensa, ante los anuncios de paralizaciones, toma de carreteras, manifestaciones callejeras, movilizaciones de parte de diversas organizaciones sociales y ciudadanía en general, porque a decir de los demandantes, el mandatario no está cumpliendo con las ofertas de campaña.
A esto se suma una acusación muy grave que pesa sobre el mandatario, respecto a la posesión de capitales en paraísos fiscales, en el llamado caso Pandora Papers, que permite la evasión o elusión de impuestos. Asunto que está totalmente prohibido en nuestra legislación; por lo que los fantasmas de la renuncia o destitución del cargo rondan en el ambiente. Al momento, la Asamblea Nacional (AN), está investigando este hecho.
Desde luego, la ciudadanía no desconoce el éxito que tuvo el gobierno en la vacunación contra el Covid-19, ya estamos en la etapa de inoculación a niños/as. Empero, ni bien terminado este periodo ya aparecieron los primeros conflictos por la crisis económica y, ante todo, por la crisis carcelaria que este año deja como saldo la cantidad de 255 asesinatos dentro de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social.
Episodios que se dan porque en el gobierno de Lenin Moreno Garcés se eliminaron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y el ministerio Coordinador de la Seguridad Externa e Interna. A lo que se agregaría el hacinamiento de las cárceles (40.000 detenidos), que a decir de varios juristas se da por el abuso de la prisión preventiva, el desconocimiento de las políticas penitenciarias, ausencia del Estado en estos centros que han sido tomados por mafias, disminución considerable del presupuesto penitenciario, eliminación de la Escuela de Guías penitenciarios, la no clasificación de los detenidos en función de su grado de peligrosidad, entre otras causas.
De otra parte, el alza mensual de los precios de los combustibles y su impacto en la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano sacó a la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador (CONAIE) y al Frente de Trabajadores (FUT) a las primeras protestas callejeras, cuyos dirigentes fueron objeto de adjetivaciones negativas por parte de Lasso. Tanto los trabajadores cuanto los indígenas solicitaron un diálogo con el mandatario para presentarle personalmente sus demandas.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, asistió a Carondelet y presentó sus propuestas al jefe de Estado, las que tienen que ver con la derogatoria de los decretos que liberalizan el precio de los combustibles que fueron decretadas en el gobierno de Lenin Moreno Garcés, alivio financiero a los deudores de la banca, cese al proceso de aumento de la frontera minera, no a las privatizaciones de los activos y servicios públicos, garantizar una política económica y fiscal más rigurosa. Todas estas aspiraciones fueron desconocidas por Lasso.
La negativa de Lasso de honrar su palabra, también se evidencia en manifestaciones de rechazo en el agro. Los agricultores costeños exigen que se definan los precios de sustentación de varios productos como el arroz y banano. Los maestro públicos, de su parte, exigen que se aplique la ley que dispone que su salario básico sea de mil dólares.
Además, Lasso ha incumplido su compromiso de elevar el salario mínimo vital a USD 500,00, entregar créditos para el campesino al 1% de interés por 30 años de plazo, libre ingreso a las universidades para los jóvenes, eliminar la Secretaria Nacional de Educación Superior (Senescyt), y solucionar los problemas del país en 100 minutos.
Asimismo, la relación del gobierno de Lasso con la AN acusa una serie de dificultades. La devolución del proyecto de ley económica, conocida como Ley de Oportunidades, que apuntaba a crear un nuevo Código Laboral, paraleo al existente, desconociendo derechos laborales y el aumento de la carga tributaria a la clase media fue inadmitida y devuelta al Ejecutivo, para que subsane estos errores y divida los temas laborales, tributarios y estímulos a la inversión y, presente por separado. Al respecto el gobierno se pronunció que volverá a enviar este proyecto de Ley como recomienda la Asamblea.
Igual suerte tuvo el Presupuesto General del Estado que fue enviado a la AN sin el obligatorio Plan Nacional de Desarrollo que lo sustente. Por lo que fue devuelto al Ejecutivo.
Las buenas relaciones que tuvo Lasso con otros partidos políticos se han desmoronado. En primer lugar con el Partido Social Cristiano (PSC) que fue su soporte para llegar a la presidencia. Hoy en día, estos dos grupos sacan a relucir sus profundas diferencias. Al inicio de la actividad legislativa CREO conformó una alianza con Pachakutik y la Izquierda Democrática que sólo sirvió para repartirse cuotas de poder en la Asamblea. Actualmente, el partido de gobierno, cuenta con apenas 12 legisladores más los independientes y los que logró “adquirir”.
Las divergencias con los líderes políticos más notables se profundizaron, cuando Lasso les calificó como el “triunvirato de la conspiración” a Rafael Correa Delgado, Jaime Nebot y Leonidas Iza, estas descalificaciones tuvieron su réplica contundente y clara por parte de los aludidos.
En esta lógica de enfrentamientos, Lasso amenazó a la Asamblea aplicar el Art. 148 de la Constitución, referente a la muerte cruzada que permite, por una sola vez, al primer mandatario disolver la Asamblea Nacional, transcurridos 7 días de este primer paso, el Consejo Nacional Electoral convocaría a elecciones para elegir a las nuevas autoridades nacionales, tanto del ejecutivo cuanto del legislativo.
Este suceso motivó el debate, a todo nivel, respecto a las consecuencias de esta decisión, y la aprobación o rechazo de parte de la ciudadanía sobre esta amenaza adelantada por Lasso. Habría que ampliar que esta revocatoria del mandato es mutua, tanto para el presidente cuanto para la Asamblea, según el Art. 148 de la Carta Magna.
No obstante, la mayor preocupación de los ecuatorianos se centra en el tema de la inseguridad que vive el país, sobre todo Guayaquil, en la que la delincuencia de manera desbordada da rienda suelta a sus bajas pasiones. Definitivamente, la gota que derramó el vaso de agua fue el asesinato de un niño de 11 años, que se servía un helado junto a su familia, en un centro comercial.
Ante este episodio, Lasso decretó el “estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”, el pasado 18 de octubre, mismo que se da por el aumento de los índices de violencia a causa del narcotráfico, ordenando la movilización de policías y militares.
Además, anunció la creación de una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combatan a la delincuencia. Esta unidad se dedicará a la protección de los miembros de la Policía y de las FFAA que sean demandados por incumplir con su deber.
Juristas han advertido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los gobiernos, que las FFAA no sean utilizadas para frenar a la delincuencia, toda vez que en muchos casos son afectados los derechos de la población civil. La preparación de las FFAA es muy diferente a la de la Policía.
Esta decisión trajo una cola de suspicacias de muchos líderes sociales y políticos que ven que con este estado de excepción, no tendrán los ecuatorianos/as la posibilidad de ejercer el derecho de resistencia que está consignado en la Constitución.
No olvidemos que se anunciaron una ola de protestas por parte de la Conaie, el FUT, los médicos exigen que se respeten sus derechos laborales, que se doten a los hospitales públicos de medicinas e insumos médicos y jubilados; este grupo etáreo está solicitando que no se privatice ni se de en concesión al Instituto de Seguridad Social (IESS), exigen el pago inmediato de la deuda millonaria que tiene el gobierno al IESS, reanudar los programas de envejecimiento activo y la reapertura de los centros de atención al adulto mayor, entre sus principales aspiraciones.
Este es el escenario en que se mueve el presidente Lasso, quien cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales, los importadores y exportadores, la embajada de los Estados Unidos, los organismos financieros multilaterales y de la ultraderecha internacional y, principalmente el apoyo de los medios de comunicación corporativos. Amerita señalar que las últimas encuestas muestran un baja considerable de su aceptación y credibilidad de Lasso.
En fin, Ecuador no encuentra aún salida a sus problemas que le aquejan que giran en torno al desempleo, la inseguridad, la pobreza en aumento, la migración irregular. Ojalá nuestros mandatarios tengan la buena predisposición de conectarse con las reales necesidades de los pueblos y cumplir con sus ofertas de campaña.
