Reacciones y emociones desgarradoras que devino en un gran estado de conmoción es lo que experimentó la sociedad ecuatoriana al constatar que una parte de ella, la privada de la libertad; el 23 de febrero protagonizó un episodio marcado por el dolor, la muerte, la perversidad, el odio, la deshumanización, evento sobrecogedor que dejó como saldo 79 asesinatos.
Esta barbarie, que no tiene precedentes en el país, tuvo como escenarios cuatro “Centros de Rehabilitación” de tres importantes ciudades de Ecuador: Latacunga, Cuenca y Guayaquil. En estos lugares operan bandas que se disputan el control de las cárceles, identificadas como Los Choneros, Los Pipos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Los Lobos.
Hecho que ha sido calificado como el más infame de la historia de Ecuador dejó ver hasta dónde puede llevar la maldad humana, una vez que empezaron a circular vídeos en los que se mostraban cuerpos desmembrados, decapitados, incinerados, etc. Escenas propias de películas de terror; es decir, aparte de quitarle la vida al prójimo se grabaron dichos actos de degradación humana.
El detonante de esta masacre, según las autoridades de la Policía Nacional y el Servicio de Rehabilitación Social (SNAI), es el asesinato de José Luis Zambrano González, alias Rasquiña, el pasado 28 de diciembre en un centro comercial de Manta, provincia de Manabí. Rasquiña fue uno de los cabecillas de la banda de Los Choneros. De ahí que, lo que se vivió el 23 de febrero fue un capítulo de ajuste de cuentas entre bandas y, sobre todo, la lucha por ocupar el liderazgo que dejó Rasquiña, al interior de las cárceles.
En este día trágico, también, se pudo constatar la corrupción existente en los mal llamados “Centros de Rehabilitación Social”. Fuimos testigos de cómo la policía decomisaba armas artesanales y otras más sofisticadas: machetes, cuchillos de diversos tamaños, motosierras, hasta armas de fuego, celulares y más contactos de alta tecnología. La sociedad se pregunta: ¿Cómo ingresan estos objetos a las cárceles ¿Quiénes son los responsables de la seguridad carcelaria?
Consternado e indignado el pueblo empezó a señalar culpables de esta masacre que ha sacudido la conciencia nacional. Se considera que la causa estructural es el desmantelamiento del Estado, una política pública implementada por el mandatario, Lenin Moreno Garcés, por lo que dispuso la eliminación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y la Escuela de Guías Penitenciarios la reducción del presupuesto para el sistema carcelario, la inexistencia de un sistema de inteligencia penitenciario.
De otra parte, la pobreza galopante, la exclusión social, la inequidad y el desempleo han deteriorado el nivel de vida de los ecuatorianos, que sin referentes morales y esperanzadores han tomado este camino.
A decir de varios analistas, otras causas estarían relacionadas con el narcotráfico, toda vez que más de un tercio de la droga producida en Colombia pasa por Ecuador rumbo a Europa y Estados Unidos. Entonces lo que se disputan las bandas ecuatorianas es algo realmente importante .Otra causa sería el hacinamiento que llega al 42%.. En otras palabras las cárceles ecuatorianas albergan más reos de los que deberían. Actualmente existen unos 41.836 y las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga concentran el 70% de los privados de libertad.
REACCIONES
Lo insólito del caso es que el mandatario Moreno, a tres meses de dejar el poder, luego de casi 4 años de gobernar, en sus primeras declaraciones sobre este hecho dijo: “No me asombraria que las manos del correísmo estén detrás del amotinamiento en las cárceles”. Aseveraciones que fueron rechazadas de forma contundente, porque evidencian su irresponsabilidad al no asumir sus propios errores en la conducción del Estado: desidia, inoperancia y negligencia en el manejo de la política pública, son los calificativos que le han endilgado como respuesta a sus afirmaciones.
Leonidas Iza, destacado dirigente indígena expresó “En las cárceles del país los muertos ascienden a 79. Es espeluznante el suceso tanto por los niveles de violencia como por el desastroso manejo del gobierno en el sistema penitenciario. Dejan un Estado fallido, crisis por donde se mire y un sistema de justicia deslegitimado”.
El reconocido jurista y político Ramiro Aguilar en su cuenta de twitter dijo: «Muchos muertos te llevas a cuesta Lenin. Los muertos de Octubre; por el abandono en la pandemia; en las cárceles. Muchos muertos, incluso para un tipo como tú. No habrá Dios que te perdone, ni justicia que te olvide. Te convoco a ser juzgado, en esta vida, o en la otra”.
De su parte, el ex Secretario de Educación Superior, Tecnología e Innovación, René Ramírez, desde México aseguró “Ecuador, hoy en día, es el mejor ejemplo de lo que es la distopía. ¡Qué indignante! Que el dolor no inmovilice. Que ese dolor se transforme en manos unidas para reconstruir nuestro futuro. ¡Volveremos a ser comunidad política llamada Ecuador! ¡Pronto. Muy Pronto!”
Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, manifestó que la masacre ocurrida en las cárceles del país, demuestra la falta de competencia e ineficiencia del Gobierno Nacional, por lo que evidentemente el tema pasa a ser preocupación de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
El ex director de Rehabilitación Social, Luis Muñoz, responsabiliza al mandatario Moreno Garcés por la crisis de las cárceles y amotinamientos que dejó un saldo de 79 muertos: botaron a personal técnico, eliminaron presupuesto y en plena emergencia no hicieron nada, sentenció.
El articulista, Dax Toscano Segovia, puntualizó que “la masacre perpetrada en diversas cárceles del Ecuador plantea la necesidad no solo de debatir sobre la situación carcelaria del país y su sistema judicial, sino sobre el modelo de sociedad que se está construyendo en el plano económico, social y cultural”.
José Serrano, asambleísta y ex ministro de Gobierno, en algunos medios de comunicación, denunció que la masacre del 23 de febrero es una “crónica de una muerte anunciada”, pues desde hace 15 días las autoridades conocían que los amotinamientos se iban a dar pero no hicieron nada.
De su parte, Moreno Garcés, como medidas emergentes, dispuso el control de armas y municiones en el perímetro de las cárceles por tiempo indefinido, por parte de las Fuerzas Armadas; además, ordenó a los ministros que, en el ámbito de sus competencias, redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria.
Asimismo, anunció que el ministerio de Finanzas destinará el “presupuesto necesario para enfrentar este problema”, a pesar de que no precisó cuánto ni cómo se canalizará. Añadió que el Gobierno ha activado el Puesto de Mando Unificado y ha declarado zona de máxima alerta a los centros penitenciarios, gracias a lo cual se logró controlar los incidentes en las cárceles.
Entre tanto, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, atribuyó los incidentes a “una acción concertada de las organizaciones criminales para generar violencia en las cárceles del país”. De igual manera, informó que durante la madrugada del 25 de febrero la Policía frustró un intento de fuga de 166 reos, incautó 5 armas de fuego, 5 alimentadoras y 52 municiones, y logró recobrar el orden en las cárceles de Guayaquil y Latacunga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron las 79 muertes violentas ocurridas estos días, en cuatro cárceles del Ecuador.
En su cuenta de twitter, la CIDH remarcó “el deber jurídico que tienen los Estados de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas privadas de libertad”.
La sede en Ecuador de las Naciones Unidas, en su cuenta de twitter manifestó su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas y heridas.
Se sumó a la petición de la CIDH al Estado ecuatoriano de una “investigación pronta e imparcial” y la sanción correspondiente a los responsables. Además, exigió una “gestión de la crisis conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Hay que anotar que en mayo de 2019, el gobierno de Moreno declaró en emergencia el sistema carcelario, tras incidentes que dejó 24 asesinatos. Un año después, agosto de 2020, se renovó el estado de excepción porque la situación crítica no había variado. En octubre de 2020, la Corte Constitucional (CC) dio a conocer al Gobierno que ya no se puede declarar nuevamente la emergencia y que debería diseñar un plan para frenar definitivamente la crisis carcelaria.
Finalmente, hoy en día, los ecuatorianos lo que hacemos es preguntarnos ¿qué hicimos como sociedad para merecernos esta situación?. ¿Por qué hemos llegado tan lejos? ¿Quizás ya hemos tocado fondo? ¿y la Isla de Paz que otrora pregonávamos pasó a ser un recuerdo remoto?. Bueno, mientras no pasemos el estado de shock en el que nos encontramos, difícil será procesar este dolor y sus posibles reflexiones.
