Un remezón político produjo la última decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de iniciar un periodo de prueba de 30 días, en el que se analizará y validará la inscripción de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo; cuando ya hay un proceso electoral en marcha, para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo febrero de 2021.
Con la decisión del CNE, prácticamente, estos movimientos serían proscriptos de las elecciones presidenciales de 2021, en razón de que el resultado de tal investigación se conocerá después del 23 de agosto; es decir luego de las elecciones primarias que cada movimiento debe realizar, obligatoriamente, entre el 19 y 23 de agosto.
En estos 30 días se investigarán los cuestionamientos de la Contraloría, entidad que afirma que hubo irregularidades al momento de la inscripción de estas organizaciones políticas.
Lo inaudito de este asunto es que uno de estos movimientos objetados por la Contraloría es Compromiso Social, cuya figura principal es el ex presidente del país, Rafael Correa Delgado, organización política que según las encuestas lidera el apoyo popular, por lo que sigue siendo la primera fuerza política de Ecuador.
Decisión repudiada por la intromisión burda de la Contraloría en la Función Electoral, que es la máxima autoridad en los procesos electorales, una flagrante inobservancia del Código de la Democracia que restringe el libre ejercicio democrático de una gran parte del pueblo ecuatoriano. Todo esto por desterrar al correísmo y borrar cualquier indicio de su existencia. El movimiento Podemos ya ha hecho escuchar su voz de protesta a través de su dirigente Paúl Carrasco.
Amerita recordar que Compromiso Social, es el partido político que cobija a la Revolución Ciudadana, tiene personería jurídica desde 2016 y participó en las elecciones de 2017 y 2018, en las que obtuvo reconocidos logros electorales, entre estas, dos prefecturas de importantes provincias, como son Pichincha y Manabí.
Reacciones de los actores políticos
El líder máximo de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, calificó de fraude la decisión del CNE, que dejaría fuera de las elecciones presidenciales de 2021 a su movimiento político. Acción que proscribiría a Compromiso Social.
Con el titular: “Un golpe más a la Democracia”, el Movimiento Compromiso Social a través de un comunicado dio a conocer su rechazo a la decisión del CNE, la parte del medular del texto señala “el movimiento político que acogió a la Revolución Ciudadana fue proscrito, con un proceso lleno de inconstitucionalidades, ilegalidades, presión política y clara aplicación del Lawfare.
Por lo dicho, agradecemos profundamente tantas muestras de respaldo de hermanas y hermanos latinoamericanos de la Patria Grande. Sus palabras ratifican de que estamos del lado correcto de la historia, que la Revolución Ciudadana trascendió por las profundas transformaciones que logró y que es el único proyecto que podrá levantar nuevamente a Ecuador del abismo en donde está”.
De su parte, la Unión por la Esperanza, (UNES) coalición de movimientos y partidos progresistas manifestó “denunciamos al mundo este nuevo golpe a la democracia en el Ecuador que forma parte de una serie de formas burdas y vergonzosas claramente dirigidas a bloquear la participación de los candidatos de la Revolución Ciudadana.
Vanesa Freire, presidenta del movimiento correísta dijo “ una vez más se golpea la democracia, rechazo la ILEGALIDAD del CNE, de suspendernos 30 días más como periodo de prueba; lo que nos dejaría fuera de participación y el Tribunal Contencioso Electoral no puede ser cómplice de esta dictadura. Aquí nadie se rinde”.
Esta suspensión y posible eliminación de Compromiso Social y tres movimientos políticos más, provienen de una recomendación de la Contraloría cuya aplicación es ilegal, porque el Art. 18 de la aludida Institución no permite modificar resoluciones en firme, como aquella que dio vida a Compromiso Social, remarca el jurisconsulto Xavier Burbano.
Añade que Compromiso Social puede presentar una acción de protección en la órbita de la justicia constitucional ecuatoriana o una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH).
Asevera que el CNE al impedir de cualquier forma la participación de la fuerza política más votada del país en los últimos tiempos, no tiene ninguna legitimidad ya que no es un árbitro imparcial.
Sugiere que la Organización de Estados Americanos (OEA) debería tomar nota de lo que pasa en Ecuador, pero cree que ni se pronuncie. La observación de la OEA está muy venida a menos, causó un desastre en las últimas elecciones en Bolivia.
La Coordinadora Migrante Eloy Alfaro, radicada en Newark- New Jersey envió una carta a Gerardo de Icaza, Director del Departamento Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que le recuerdan que el 12 de marzo de 2020, “denunciábamos a usted al gobierno de presidente Moreno de Ecuador por violar nuestro derecho político y humano de participar en los procesos políticos y ejerzamos el básico derecho establecido en la Convención de la CIDH y de la cual Ecuador es signatario, de elegir y ser elegido en elecciones como dice el Secretario General Almagro “justas libres y transparentes”. Lamentablemente, nunca recibimos respuesta de esta demanda por la violación de los derechos políticos y otros abusos que afectan a millones de ecuatorianos”.
La Coalición Nacional por la Patria rechazó la resolución del CNE de impedir ilegalmente a Compromiso Social, en plena etapa de elecciones internas y habiendo participado en el pasado en tres elecciones seguidas. Acto arbitrario e ilegal que obedece a la presión inconstitucional de la Contraloría.
A nivel internacional, los miembros de la Internacional Progresista instaron a las Naciones Unidas a salvaguardar la democracia en Ecuador, toda vez que está bajo ataque. Hacen un llamado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Clément Nyalestssosi Volulet, Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Asamblea y Asociación Pacífica, para que tomen medidas para salvaguardar la democracia ecuatoriana y restablecer los derechos políticos y civiles al pueblo ecuatoriano.
“El no revertir dicha decisión tendría como consecuencia unas elecciones ilegítimas, en donde la ciudadanía ecuatoriana se vería limitada arbitrariamente, por el Ejecutivo, en su derecho fundamental a la autodeterminación. Garantizar unas elecciones limpias, en las que las diferentes opciones políticas puedan concurrir y competir en igualdad de condiciones, es deber de todos los poderes públicos del Estado ecuatoriano. Y es el deber de sus instituciones reunir a la comunidad internacional para apoyar su proceso democrático”.
Enfatizan “estamos alarmados ante la negativa de las autoridades electorales a registrar a Fuerza Compromiso Social, el partido político asociado con Rafael Correa, miembro del Consejo Internacional Progresista y ex Presidente de la República del Ecuador, en las próximas elecciones presidenciales: una flagrante violación de las normas constitucionales e institucionales que deberían garantizar la ejecución de un proceso electoral libre y justo”.
Entre tanto, el Grupo de Puebla-México, anunció la creación de su Observatorio Electoral para los comicios electorales en Bolivia, Chile y Ecuador, como también en el próximo plebiscito constituyente en Chile. “Hay un común denominador en estos países, son gobiernos gobernados por la derecha, donde hay una fuerte conflictividad, una represión profunda y donde está en peligro la democracia”, señaló Camilo Egas, encargado del proceso de observación en Chile.
El ex canciller de Ecuador, Guillaume Long, miembro del Grupo de Puebla y encargado del proceso en Ecuador sostuvo “En estos tiempos difíciles para América Latina, quiero celebrar la iniciativa de crear el Observatorio Electoral del Grupo de Puebla. Es fundamental que le prestemos muchísima atención al tema electoral, lo que no es solo el día de las elecciones, sino también la campaña, los derechos políticos de los votantes, de las candidatas y los candidatos. En seis meses tenemos nuestras elecciones, pero ya vemos un fraude electoral fraguándose, ya que hay un proceso en marcha de persecución política, de proscripción partidaria”.
Finalmente, todo este remezón se da en medio de un país donde se ha instalado la desesperanza, ad portas de un estallido social por una pandemia no solo producida por el Covid-19 sino por un desempleo galopante que tiene a su haber unos 800 mil desempleados, 11% de decrecimiento de la economía y escandalosos casos de corrupción.
