¡La mujer violentada es criminalizada!
Por decisión de 65 legisladores de la Asamblea Nacional, el aborto en caso de violación continuará siendo objeto de sanción penal en nuestro país. Decisión que causó estupor o complacencia en sectores antagónicos de la sociedad ecuatoriana: por un lado los grupos que defienden la vida desde su concepción y por otro los que reclaman la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El Código Penal Integral vigente (COIP) de 2014 establece que la mujer que se cause un aborto o permita que otra persona se lo practique será sancionada con cárcel de seis meses a dos años. Si durante el procedimiento la madre muere, quien lo realizó será penado con hasta 16 años de prisión.
En la reforma al COIP que se discutió en la Asamblea Nacional, se proponía que se amplíen los casos en los que no será punible el aborto: cuando el embarazo fuese consecuencia de una violación, violación incestuosa, si el embrión o feto padece de una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente en todo caso de carácter letal, determinado por un profesional de la salud.
La asambleísta Liliana Durán denunció que en el país, anualmente, 3.000 niñas menores de 15 años son violadas y quedan embarazadas, 7 niñas son forzadas a parir el producto de la violación, 8 casos de violación ocurren en lugares cercanos a su hogar, 17 niñas murieron en el 2018 como consecuencia de abortos inseguros y 11 violaciones se dan a diario.
La Red Internacional de Derechos Humanos en su informe ante las Naciones Unidas señala que sólo el 1% de las denuncias acaban con sentencia condenatoria contra el violador. Pero las denuncias a mujeres por abortar aumentó hasta 200 casos en el 2017. Las cifras de abortos clandestinos siguen subiendo calculándose a unos 39.000, en condiciones de insalubridad y peligrosidad.
En febrero del 2015, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó al país a despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto. El incumplimiento de estos compromisos internacionales implica el desprestigio del país ante la comunidad internacional, asegura el periodista Leonardo Parrini.
El reconocido genetista y académico César Paz y Miño en un artículo de su autoría advierte “Ahora que la Asamblea Nacional ha negado la despenalización, toca ver qué dice el veto presidencial, cómo se define al presidente, Lenin Moreno, y si mantiene el discurso de defender a las niñas, adolescentes y los derechos de las mujeres”.
La Conferencia Episcopal, de su parte, en un comunicado, días previos al debate en la Asamblea Nacional pidió a los 137 asambleístas que “no cometan el nefasto error de aprobar una Ley que legitima el crimen del aborto, tengan en cuenta que, si está en el vientre, es porque ya tiene vida. ¡ No le condenen a muerte antes de nacer!. Somos un país, más del 80% creyente en Dios y, por lo mismo, en el amor, en el perdón, en la justicia y en la verdad, también debemos orar por aquellos que, confundidos o presionados, pretenden negar el derecho a VIVIR”.
Para tener una idea más clara sobre este polémico tema invité a la asambleísta Marcela Aguiñaga, a fin de que nos entregue su visión sobre la decisión tomada por la Asamblea Nacional.
1.- Una vez negada la despenalización del aborto por violación, se podría hacer una lectura de ¿qué fuerzas e intereses estuvieron detrás de la decisión de 65 asambleístas, incluyendo a varios de la Revolución Ciudadana?.
En la bancada de la Revolución Ciudadana siempre supimos con qué votos contaríamos, a diferencia de legisladores de otras fuerzas políticas que usaron este tema para salir en medios de comunicación, sacar sus habilidades histriónicas, pero al final se dejaron presionar.
El pésimo manejo político por quien preside la comisión de Justicia, al adelantar públicamente que ya tenía todos los votos necesarios para que pase esta reforma, ocasionó que la arremetida por parte de la iglesia y de grupos de ultra derecha viniera con fuerzas, tanto así que muchos asambleístas mandaron alternos, se abstuvieron y otros se fueron del país, evadiendo tomar una postura frente a un tema de salud pública.
Esta votación nos deja de enseñanza que tenemos políticos maleables, incapaces de cumplir con su palabra, que piensan más en una posible reelección que en las miles de niñas y mujeres que son obligadas a parir de sus agresores.
Es necesario resaltar que la reforma no se trataba una norma abortiva, ni obligaba a nadie a hacerlo, por el contrario, daba paso a que las víctimas tuvieran derecho a decidir.
2- Podríamos hablar que ya hay desertores en la bancada o esto es pasajero.
En la bancada de la Revolución Ciudadana no hay desertores, lo que hay es libertad para que nuestros compañeros puedan ejercer objeción de conciencia en temas en los que no estén de acuerdo, tal y como fue en el caso de la despenalización del aborto en casos de violación.
Respetamos todas las posturas y trabajamos bajo la diversidad de criterios, eso es democracia.
3.- ¿Estos 65 votos fueron producto del cálculo político o decisiones cargadas de prejuicios?
Ambas podrían ser. Sin embargo, de esos 65 votos hay quienes desde el inicio del debate mostraron su postura y la defendieron, ya sea por convicción o por cálculos políticos. Lo reprochable son aquellos rostros que armaron todo un espectáculo, con golpes de pecho e incluso hicieron de su curul un muro de los lamentos, para que al final no vayan, se abstengan o voten en contra.
Los prejuicios se vencen leyendo e informándose, tal y como lo hice yo, que di un paso adelante en un tema de derechos, en cambio quienes actúan en base a la coyuntura o una posible reelección, sus creencias o tiempos se mueven “convenientemente”.
En política como en la vida misma se debe tener palabra. El honor no es a medias, o lo tenemos o no.
- Las defensoras del aborto por violación han remarcado que continuarán en la lucha.
Así es, los derechos no pueden esperar. No podemos permitir que una sociedad machista siga obligando a niñas y mujeres a parir de sus agresores o condenando a la cárcel a quienes deciden interrumpir un embarazo fruto de algo tan execrable como lo es la violación.
Hay un camino de lucha trazado que no va a cesar, seguiremos hasta que sea ley.
5.- ¿Cuáles serían las consecuencias para la sociedad ecuatoriana, y la mujer en particular, por esta decisión parlamentaria?.
El hecho de que no pasaran las reformas significa que todo seguirá igual, es decir, las mujeres violadas seguirán sin poder decidir y deberán parir bajo la amenaza de ir a la cárcel y otras, a riesgo de fallecer en el proceso, abortarán en la clandestinidad.
La sociedad ecuatoriana debe ser más empática y preguntarse ¿es justo que una mujer agredida sexualmente vaya a la cárcel por decidir no tener el producto de esa violación? Y tener claro que las mujeres, más aún en una sociedad patriarcal, no mentimos ni hacemos gala del dolor de una violación.
¡Debemos dejar de revictimizar a la mujer ecuatoriana!
6.- También se aprobó otro tema sensible como es la legalización del uso del cannabis como medicina.
Así es, la propuesta de despenalizar el cannabis con fines terapéuticos, es una reforma que va a permitir la venta de productos que tengan el componente del cannabis científicamente procesado como tratamiento prescrito por un profesional para uso medicinal y paliativos de enfermedades catalogadas como terminales o que provoquen mucho dolor. Esto no significa que se vayan a vender ‘porros de marihuana’ en farmacias.
Además, la Autoridad Sanitaria autorizará la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, exclusivamente en la producción de medicamentos, que se expenderán bajo prescripción médica y para investigación.
8-. ¿Cuáles son las otras reformas que han sido invisibilizadas y que es necesario dar a conocer a la ciudadanía?
La aprobación de figuras como el comiso sin condena, comiso a terceros y comiso ampliado, mismas que servirán de manera efectiva para quitar la propiedad de los bienes que han sido producto de actos ilícitos relacionados con corrupción y que no es posible recuperarlos porque constan a nombre de testaferros o porque la persona procesada no comparece al juicio.
Cabe resaltar que el comiso sin condena que se aplica cuando existen elementos de convicción y se han discutido sobre la pertinencia de la prueba y el fundamento del fiscal, lo cual es más garantista de derechos, además que es una recomendación del GAFI, Convención interamericana sobre la Corrupción y se ha determinado su pertinencia por parte del tribunal europeo de Derechos Humanos.
9.- ¿Por qué votó usted en contra de la incautación de bienes producto de la corrupción?
Primero aclarar que la incautación existe en el COIP desde el 2014 como medida cautelar para todos los delitos. Lo que pretendía hacer la reforma era incautar sin que exista un dictamen acusatorio por parte del fiscal y un llamamiento a juicio por parte de un juez, ¿qué pasa si la persona resulta ser inocente y el Estado ya vendió su propiedad? Es una vulneración al principio de inocencia. Además, con el comiso se asegura la recuperación para el Estado.
Precisamente las figuras como el comiso sin condena, comiso a terceros y comiso ampliado, no solo aplica para los temas de corrupción, sino también para el delito de tráfico de migrantes y trata de personas.
Y a través de esta reforma se busca reparar a las víctimas aunque el delincuente esté prófugo.
