La grabación fue dada a conocer ayer por la emisora NotiUno 630 AM
(San Juan, PR) Ricardo Rosselló Nevares, gobernador de Puerto Rico no sale de un escándalo para sumergirse en otro. El último capítulo que sacude su ya desacreditada administración está relacionado con su jefe de gabinete, Ricardo Llerandi.
Armando Valdés, precandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático radicó una querella ante la Oficina del Fiscal Especial de los Estados Unidos (OSC, por sus siglas en inglés) en contra del secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, por violaciones a la Ley federal Hatch. La acusación está relacionada a una grabación de una reunión política en el Hotel Hyatt el pasado 28 de junio donde Llerandi les exigió a los miembros del gabinete constitucional y posiblemente contratistas del gobierno que compraron boletos para dos actividades políticas.
La grabación fue dada a conocer ayer por la emisora NotiUno 630 AM.
Otras dos pesquisas han sido ordenadas contra el Secretario de la Gobernación, una por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Controlar Electoral (OCE)
El Gobernador salió en defensa de LLerandi alegando que esta reunión y pedido de dinero se hizo “fuera de horas laborables”.
“Si quieren que los secretarios no participen en actividades políticas —como es para el secretario de Educación o el de Hacienda, —vamos a legislarlo, vamos a convertirlo en ley. Pero no vengan a imponer un criterio y tratar de señalarlo como si fuese un acto malicioso cuando no lo es”, indicóؚ Rosselló.
Empero, el problema no se resuelve con las expresiones de Rosselló porque el trabajo de un funcionario como el Secretario de Trabajo es de 24 horas al día y sus pedidos son un pedido directo del Primer Mandatario.
“Llerandi no tiene horas laborables, su función requiere estar en funciones todo el tiempo, por eso es un funcionario y más aún, es el jefe del gabinete del Gobernador”, señaló el abogado Ebenecer López Ruyol. “Representa al mandatario y al gobierno todo el tiempo. Para hacer proselitismo político debe renunciar a sus funciones”.
La crisis política que enfrenta el PNP es una guerra interna que amenaza la supervivencia de la colectividad. No pueden acusar a la prensa ni a los partidos de la oposición, Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño, de haber destapado la corrupción y la falta de liderazgo que afecta a la administración Rosselló.
“Esto es una guerra entre penepés”, asegura José Santana de Mayagüez. “Las investigaciones federales y el temor al presidio abrieron una fisura dentro de las filas del gobernante PNP y todos están buscando un salvavidas para evitar ir a la cárcel”.
“Dar a conocer esta grabación, que fue provista por alguien presente, definitivamente afiliado al PNP, es un paso más hacia el final de la carrera política de Rosselló Nevares”, añadió.
Miembros del PNP, que pidieron anonimato, son de la opinión que es hora de buscar un nuevo candidato para la gobernación.
“La figura de Ricardo Rosselló Nevares está debilitada y asediada por fuerzas internas y externas. Es un “liability” para el partido”, asegura Juan, miembro afiliado al PNP. “Las acusaciones de corrupción, la traición de personas claves en su administración y el fracaso de sus políticas públicas lo han convertido en un cadáver político”.
“No podemos cegarnos, cada acción y comentario que hace solo lo hunde más”, concluyó.
La situación de Ricardo Rosselló Nevares tenía problemas debido a las pesquisas federales contra Julia Keleher, ex Secretaria de Educación. Había cuestionamientos sobre la participación de asesores en mal manejos de fondos públicos en Salud, Educación y Hacienda. Pero la bomba que derribó todas las excusas e incluyó al Gobernador en posibles actos de corrupción están relacionadas con las acusaciones que hizo el ex Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, en un programa radial sobre una mafia de extorción en el Departamento que dirigía que incluía a figuras claves en la administración.
Rosselló despidió a Maldonado, lo que llevó al hijo del ex Secretario, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, a emitir unas declaraciones en las redes sociales acusando al Gobernador de corrupto.
La situación empeoró cuando el Comisionado de la Policía, Henry Escalera, ordenó una investigación sobre la licencia de armas que posee Maldonado Nieves, y alguien publicó el listado de armas de su propiedad y la dirección de su residencia.
La investigación ha sido catalogada con una represión y persecución contra los Maldonado. De hecho, el mismo Comisionado no pudo especificar el protocolo que lo facultaba para iniciar una investigación contra un ciudadano por acusar a un gobernante de corrupto y hacer uso de lenguaje soez. Acosado por todas partes, el Gobernador intentó desligarse de las acciones de su subalterno, indicando que no había ordenado una investigación contra Maldonado Nieves.
“La acción de Escalera ha sido interpretada como un intento para coaccionar al ex Secretario de Hacienda y obligarlo a callarse la boca, a pesar de que es de conocimiento público que colabora con los federales”, puntualizó José, miembro de la administración que solicitó anonimato.
“La casa se derrumba. Todos tenemos temor porque se ha iniciado una cacería de brujas. Cuestionan la lealtad al Gobernador y se ha impuesto una orden de mordaza”, añadió.
Ayer, lunes, Raúl Maldonado, su hijo Raulie, su abogada Mayra López Mulero y los abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU), Fermín Araiza y William Ramírez, se personaron al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en Hato Rey.
“Tenemos el Estado completo en contra nuestra”, aseguró el ex secretario Maldonado. “Busco proteger a mi familia”.
La reunión en el Cuartel con el director del registro de armas, teniente Johnny Acevedo, y el analista Edgardo Díaz, no duró ni diez minutos. La Policía no pudo presentar ningún tipo de prueba que ameritara revocarle la licencia para poseer 16 armas de fuego.
La reconocida abogada López Mulero tildó de cacería de brujas la investigación. “Jamás en mi vida pensé en enfrentar una situación como esta altamente peligrosa. Son los derechos los que protegen a los ciudadanos contra los excesos del Estado».
López Mulero aseguró que presentará una querella legal contra la Uniformada.
La ACLU aprobó participar en la defensa de los Maldonado junto a López Mulero debido a que considera a los Maldonado disidentes que están siendo perseguidos por el Estado en violación de sus derechos civiles.
Por su parte, el Gobernador aseguró que “mi gobierno no persigue a nadie. Le tengo un respeto al trabajo que hizo el licenciado Raúl Maldonado en nuestra administración. Las acciones que se tomaron, se tomaron porque entendía que estaba en el mejor interés del pueblo. Eso no implica ninguna acción contra el señor Maldonado”.
“Son desafortunadas esas expresiones porque él sabe muy bien que nuestro gobierno es uno de apertura, que no persigue a nadie y yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que este gobierno es uno que está claro en validarle todos los derechos a todos los puertorriqueños y que se asegura que la persecución no sea ni una parte ínfima de las acciones que estamos tomando”, aseguró Rosselló.
La lucha entre integrantes del PNP parece tener como objetivo descarrilar la campaña reeleccionaria del Gobernador. La pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto y a quién beneficia?
